Piñera y la moralidad pública

Las nuevas publicaciones de documentos de estudios jurídicos que operan en paraísos fiscales revelan la profundidad de los mecanismos globales de evasión y elusión tributaria. En efecto, es extendido el uso de países o territorios con baja o nula tributación a los que los dueños de fortunas –bien o mal habidas– trasladan sus capitales. En ellos realizan transacciones sin mediar una actividad propiamente tal en el lugar, con una total ausencia de transparencia que asegura el secreto de la identidad de las personas y dueños de las empresas involucradas. En ocasiones, se trata de operaciones internacionales legítimas, pero las más de las veces existe la motivación de esconder ingresos y/o evadir o eludir los impuestos que deben pagar empresas y personas en los países en que realizan sus operaciones y extraen sus utilidades.

El control de los paraísos fiscales ha avanzado por parte de diversas instituciones multilaterales y compromisos de los países. El Common Reporting Standard fue elaborado como mecanismo de intercambio automático de información financiera entre administraciones por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar la evasión de impuestos y rige desde 2018. Adicionalmente, el 1 de julio recién pasado, la OCDE logró el acuerdo de 130 países para establecer un impuesto mínimo sobre los beneficios «de al menos el 15%» . Una parte de este impuesto se pagará al país donde opera la empresa. Sorpresa: las industrias mineras y ciertos servicios financieros están excluidos de este acuerdo, pero afectará a los gigantes digitales con «un plan de aplicación efectiva en 2023″. Irlanda y Hungría no firmaron el acuerdo y, según Oxfam, se sigue dando prioridad a los países ricos con un número demasiado importante de exenciones. Y hay países que siguen acogiendo capitales para evadir impuestos, lo que daña gravemente la capacidad de financiar la acción de los gobiernos en todo el mundo. En Europa se calcula en un 10% del PIB los recursos que los paraísos fiscales restan a las arcas gubernamentales.

[cita tipo=»destaque»]Está también en juego la credibilidad internacional de Chile. ¿Queremos o no que el nuestro sea considerado un país en el que ninguna autoridad está autorizada a actuar expresamente contra la fe pública, a no transparentar su interés personal o de su familia y a usar privilegios en favor de un interés económico particular? En su momento ya no era tolerable que el Presidente viajara a China en una actividad oficial con dos de sus hijos dedicados a los negocios. Esta no es precisamente la imagen de Chile que muchos quisiéramos se proyectara en el mundo.[/cita]

A cada país le corresponde sancionar la evasión de impuestos y terminar con el uso de paraísos fiscales para eludirlos legal o ilegalmente. El reforzamiento del concepto de evasión y establecer una norma general antielusión con estándar OCDE es la primera tarea en Chile, pues hoy impide investigar a cabalidad, junto con terminar con un secreto bancario extemporáneo y un Servicio de Impuestos Internos cuya dirección no actúa lo suficiente frente a los grandes evasores, cuando no les condona multas o no activa acciones legales.

Pero el hecho más dañino para la fe pública en Chile es que se ha confirmado que el propio Presidente Piñera ha operado como mandante en paraísos fiscales (lo que una simple instrucción en sentido contrario habría evitado), lugares que él mismo condenaba públicamente en 2016 y llamaba a su desaparición. En este caso, además, se trata nada menos que de la venta de un activo familiar basado en donaciones de padre a hijos –que produjo altas utilidades–, sujeta a una cláusula contractual de no modificación de regulaciones públicas en las que Sebastián Piñera tenía una alta incidencia. Señalar que no estuviera al tanto de ese contrato no parece un argumento muy creíble. Un cambio urgente es, desde luego, pasar al régimen general de impuesto a la renta los ingresos por herencia o donación, o su pago parcial mediante transferencia de activos a un fondo patrimonial público que financie la desconcentración de la propiedad y la diversificación productiva. La contribución de los herederos a la prosperidad colectiva es simplemente igual a cero.

Pero la actuación recientemente conocida del Presidente Piñera y su familia, no puede quedar sin sanción política, sin perjuicio de eventuales consecuencias judiciales. El Parlamento debe hacer efectiva la responsabilidad de Sebastián Piñera y decidir la destitución de su cargo. El hecho que debe ser sancionado políticamente es que el Gobierno ha insistido en hacer posible una inversión minera que daña un ecosistema único y en la que han estado involucrados negocios familiares del Presidente y de amigos cercanos, con pagos asociados a mantener la normativa ambiental que está a su cargo. Esta debe ser la señal histórica, en momentos de refundación institucional, del cese de la violación del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a su favor ni eluden pagar impuestos. Sin financiamiento suficiente de las instituciones y de los servicios públicos ni igualdad mínima de trato, no hay estabilidad social posible ni puede hacerse efectiva cualquier idea, por ligera que sea, de igualdad de oportunidades en la sociedad.

Está también en juego la credibilidad internacional de Chile. ¿Queremos o no que el nuestro sea considerado un país en el que ninguna autoridad está autorizada a actuar expresamente contra la fe pública, a no transparentar su interés personal o de su familia y a usar privilegios en favor de un interés económico particular? En su momento ya no era tolerable que el Presidente viajara a China en una actividad oficial con dos de sus hijos dedicados a los negocios. Esta no es precisamente la imagen de Chile que muchos quisiéramos se proyectara en el mundo.