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¿Se está incubando un nuevo estallido social? Opinión Crédito: Aton

¿Se está incubando un nuevo estallido social?

Germán Silva Cuadra
Por : Germán Silva Cuadra Psicólogo, académico y consultor
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Han pasado dos años de aquel 18-O. Lamentablemente, muchos de los problemas que movilizaron a la gente se mantienen en el mismo estado. Y si hace dos años pensábamos que el cambio de la Constitución resolvía el problema, hoy está quedando claro que era un símbolo que ayudó a descomprimir la crisis, pero nada más que eso. Si la clase política no logra tener la altura esperada, si las instituciones no son capaces de entregar confianza, estaremos ante un momento incluso más complejo. Y lo peor es que, de seguro, la elite volverá a decir “no lo vimos venir”.


¿Cuándo partió realmente el estallido social? Lo obvio sería responder que hace exactamente dos años. Sin embargo, ese día fue solamente el punto culminante de un proceso social y político que se venía acumulando durante varias décadas, pero que se había agudizado en los años previos. Rabias, expectativas e impotencia contenidas debido a una sensación creciente de desigualdad y abusos de unos pocos en desmedro de unos muchos. Colusiones de todo tipo, ricos que se habían convertido en más ricos y pobres en más pobres. Boletas ideológicamente falsas, “raspados de la olla”, promesas incumplidas desde “la alegría ya viene” hasta “tiempos mejores”, sumado ello a curas pedófilos, empresarios con su guata al aire que expulsaban de la orilla de “su lago” a la gente, un Presidente que no pagaba contribuciones durante años en el lago de al lado, para rematar con un ministro que recomendaba levantarse más temprano para no pagar los $30 del alza del Metro.

La primera reacción de la elite fue de estupor y sorpresa. “No lo vimos venir”, señalaron consternados. Otros pensaron que esto no pasaría de unos días y la normalidad volvería espontáneamente. Y la confusión se apoderó de moros y cristianos. El Presidente –que iniciaría ese día, anticipadamente, el verdadero fin de su Gobierno– se fue a comer a Vitacura, mientras su señora pensaba que todo era culpa de alienígenas y se desesperaba ante la posibilidad de perder los privilegios. Los integrantes del mundo político –sin distinciones– entraron también en pánico al darse cuenta de que ellos eran parte del problema, cuando la gente los hizo salir de las marchas y guardar sus banderas de partidos.

Luego de un par de semanas de calles repletas de gente entonando cánticos contra el Gobierno, la desigualdad, las AFP y la Constitución, la elite empezó a preocuparse en serio. Primero, no solo ante la incapacidad de comprender el significado social y político de las movilizaciones, sino también por el desconcierto interpretativo de los fenómenos de violencia, saqueo y otras conductas colectivas que ya nadie recordaba. Aunque no podía confesarlo, la elite intelectual del país sintió lo mismo que Cecilia Morel: miedo a los alienígenas y a perder los privilegios. Hasta que un iluminado sentenció con una frase que sonó a cliché publicitario, pero que en parte intentaba proponer una explicación: el problema no habían sido 30 pesos, sino los 30 años de una larga y engañosa transición, que varios intelectuales dieron por cerrada cientos de veces desde 1990 en adelante.

Mientras, la clase política –insisto, de manera transversal– seguía intentando encauzar el descontento y la violencia –de un grupo minoritario–, pero con las mismas herramientas y soluciones agotadas muchos años antes. La calle, por su parte, subía el tono, aunque parecía focalizar el centro del problema en una demanda presente por 30 largos años. La Constitución firmada por Pinochet –aunque modificada varias veces, siempre en aspectos secundarios– se convirtió en el relato, el anhelo, la esperanza del movimiento 18-O. Recién ahí el mundo político percibió el riesgo y se dio cuenta de que la democracia estaba en juego. Volvieron los fantasmas del 11 de septiembre, del golpe de Estado y, en una jornada histórica (15 de noviembre), parlamentarios y parlamentarias de todos los colores firmaron el acuerdo que permitió descomprimir la crisis.

[cita tipo=»destaque»]El ambiente está cada vez más propicio para un nuevo estallido social o, tal vez, para la continuación de un proceso que quedó inconcluso. De a poco han vuelto las manifestaciones a Plaza Italia o de la Dignidad, incluyendo una muy masiva el viernes pasado. La campaña presidencial nos ha vuelto a recordar que el país está muy polarizado y que la minoría que votó Rechazo ha tomado un aire peligroso, de la mano de una caída estrepitosa del candidato de la centroderecha. Es un hecho que los temas de fondo –como la desigualdad– no han cambiado nada, a lo que se suma el deterioro que dejó en las clases medias la pandemia.[/cita]

Y aunque la pandemia retrasó el proceso y dejó entre paréntesis –como decía Maturana– el estallido social, lo cierto es que el 80% de la población se pronunció por cambiar la Carta Fundamental y, además, hacerlo con un 100% de los representantes elegidos de manera popular. Pero luego vendría un hito aun más potente. Venciendo las dificultades y trabas impuestas por el sistema electoral, hubo un número significativamente grande de personas que resultaron elegidas como independientes. Algo inédito y desconcertante nuevamente para la elite.

Han pasado dos años de aquel 18-O. Lamentablemente, muchos de los problemas que movilizaron a la gente se mantienen en el mismo estado. El Metro, la bencina y todos los alimentos volvieron a subir de manera preocupante. La mezcla perversa entre política y negocios regresó para expresarse a través de los conflictos de intereses permanentes que ha tenido el Presidente en sus dos períodos. El cuarto retiro de las AFP mantiene divididos a pragmáticos y principistas, la Constitución avanza más lentamente de lo esperado –con el riesgo de que la extrema derecha se juegue, sin conocer la propuesta, por el rechazo anticipado al texto–. La Araucanía está en llamas y custodiada –artificialmente– por 15 o 30 días. Para rematar, millones de chilenos dejarán de recibir subsidios y aportes del Estado a comienzos de diciembre y, por lo tanto, ahora se vivirá la sensación de una especie de despojo… de un derecho adquirido.

El ambiente está cada vez más propicio para un nuevo estallido social o, tal vez, para la continuación de un proceso que quedó inconcluso. De a poco han vuelto las manifestaciones a Plaza Italia o de la Dignidad, incluyendo una muy masiva el viernes pasado. La campaña presidencial nos ha vuelto a recordar que el país está muy polarizado y que la minoría que votó Rechazo ha tomado un aire peligroso, de la mano de una caída estrepitosa del candidato de la centroderecha. Es un hecho que los temas de fondo –como la desigualdad– no han cambiado nada, a lo que se suma el deterioro que dejó en las clases medias la pandemia.

Y si hace dos años pensábamos que el cambio de la Constitución resolvía el problema, hoy está quedando claro que era un símbolo que ayudó a descomprimir la crisis, pero nada más que eso. La polarización que estamos viviendo, y que se podría agudizar con la dupla Boric-Kast en segunda vuelta, es una señal de alerta importante. A estas alturas, independientemente de la persona que resulte Presidente(a), tendrá un Gobierno cuesta arriba. Un país con una deuda monstruosa, con los efectos de la pandemia –aún– golpeando a muchos sectores y un clima de polarización que la Convención se encargará de refregar en el mes de julio, cuando entregue su propuesta de Constitución. Chile vivirá años difíciles. Si la clase política no logra tener la altura esperada, si las instituciones no son capaces de entregar confianza –partiendo por una Iglesia católica ausente y fuera de foco–, estaremos ante un momento incluso más complejo que el 18-O. Y lo peor es que, de seguro, la elite volverá a decir “no lo vimos venir”.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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