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Un presidente sheriff: insignia de las nuevas derechas radicales

por 16 diciembre, 2021

Un presidente sheriff: insignia de las nuevas derechas radicales

Crédito: Reuters

En tiempo de crisis e incertidumbre aparece la figura de un sheriff. Proveniente de la tradición anglosajona, encarnada en un funcionario encargado de hacer entrar en regla a toda disrupción, ya sea de facinerosos que alteren el orden, forasteros que infundan el temor a los habitantes locales o cuatreros que roban la propiedad privada de los dueños de ganado. Traducido al mundo de hoy, este liderazgo responde a diversas tesituras: secesionistas que coloquen en jaque la unidad territorial del Estado, como en España; políticos y empresarios imbricados en una red de corrupción en Brasil; o el episodio de migración irregular masiva a través de pasos no habilitados en el norte de Chile, sumado a la violencia de origen multivariable en la zona sur.
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A pocos días de una de las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos, muchos parecen recordar la campaña del Sí y el No de 1988 y su clivaje entre autoritarismo-democracia que abrió paso a una transición pactada con gobiernos centristas y participación de la izquierda renovada –como se decía en aquellos años–. Dicha tesitura se saldó con una diferencia de 11 puntos a favor de la opción negativa a la continuidad en el mando del general Pinochet. Sin embargo, 33 años más tarde, aun cuando el antagonismo político –e intolerancia– es alto, no se puede descartar un resultado más estrecho, cercano al duelo entre Lagos y Lavín en 1999-2000, con 4 décimas de distancia en la primera vuelta y menos de 3 puntos en la segunda.

No obstante, en aquella ocasión la competencia durante toda la campaña –y no el último mes– fue por el centro. Se trata de una externalidad en que un binominalismo forzado y centrípeto (con orientación hacia el centro) fue reemplazado por un multipolarismo centrífugo (con tendencia a los extremos), que en un balotaje sin alternativas se reduce a un duelo entre opciones irreconciliables. Es aquí cuando se vuelve un problema, cuando no solo se marca la lejanía ideológica entre partidos, típica de la pluralidad de posturas políticas de un juego democrático (Sartori, 1976), sino que apunta a inclinaciones polares que transforman la política en una zona de conflicto sin posibilidad de diálogo, o cuando se establece un discurso desde la esfera afectiva que reemplaza la concepción del adversario por la de un enemigo representando la suma de todos los males.

El maniqueísmo de este tipo de dinámica se refleja, por un lado, en un furibundo anticomunismo que intenta revivir los fantasmas de la Guerra Fría –un sistema internacional agotado hace más de tres décadas– y, por otro lado, en la constante referencia al fascismo que pretende actualizar la lucha paradigmática del período de entreguerras mundiales, aunque con clara reminiscencia en los Estados Burocráticos Autoritarios (O’Donnell, 1975) del Cono Sur durante la época de las dictaduras militares.

En este último caso conviene mirar la discusión en torno a las nuevas derechas radicales. Aunque derecha radical y extrema derecha forman parte del universo de las ultraderechas, existen diferencias entre ambas. La versión extremista constituye un subconjunto, cuya más trágica experiencia es el fascismo. Mientras el patrón radical se adapta al canon demoliberal, la extrema derecha en cualquiera de sus variaciones es antinómica a toda forma democrática, particularmente la liberal representativa.

Según Cas Mudde, la extrema derecha rechaza la esencia de la democracia, es decir, la soberanía popular y el principio de la mayoría, mientras el radicalismo de derechas acepta la esencia de la democracia, oponiéndose a algunos de sus aspectos, como son la protección de las minorías, el Estado de Derecho, y la separación de poderes (Mudde, 2021). El mismo autor en 2007 había enunciado que estas nuevas derechas populistas y radicales estaban signadas por: a) un nativismo, que combina nacionalismo y xenofobia, con su secuela de enfrentamiento entre autóctonos y migrantes; b) autoritarismo, que criminaliza a todo sujeto que no responda al concepto de ley y orden derivado de tradiciones y patriarcalismo; y c) el populismo, que divide la sociedad entre un pueblo comprendido como puro y una élite o clase política que representa todos los vicios sociales. Precisamente desde Germani a Borges existe toda una estela de intelectuales que han confundido fascismo y populismo, olvidando que el primero es sobre todo el ejercicio desenfrenado de la violencia política, y el segundo, si bien comparte con el fascismo cierto grado de antiinstitucionalismo político, exhibe niveles más bajos de violencia antiinstitucional (Filchenstein, 2017).

Aunque derecha radical y extrema derecha forman parte del universo de las ultraderechas, existen diferencias entre ambas. La versión extremista constituye un subconjunto, cuya más trágica experiencia es el fascismo. Mientras el patrón radical se adapta al canon demoliberal, la extrema derecha en cualquiera de sus variaciones es antinómica a toda forma democrática, particularmente la liberal representativa.

Por lo tanto, las experiencias de derecha radical, si bien se sitúan más allá del conservadurismo, no llegan a describir trayectorias que celebren e idolatren la violencia restauradora en sí misma, y más bien corresponden a expresiones políticas estrechamente emparentadas con el populismo. Aquí adquiere sentido el concepto “populismo neoliberal” para considerar al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, así como los casos de Alberto Fujimori y Álvaro Uribe, que se valieron de las fuerzas del mercado y las conjugaron con una respuesta beligerante ante escenarios de conflictos armados reales o inminentes. Aunque quizás mucho más pertinente en contextos de alta criticidad sea la propuesta de Stuart Hall que, a propósito del thatcherismo, acuña la noción de “autoritarismo populista”, definida como “un nuevo régimen de disciplina social y el liderazgo desde arriba en una sociedad percibida cada vez más sin rumbo y fuera de control” (Hall, 1988).

Precisamente, desde la pandemia que las disposiciones actitudinales y la incidencia de situaciones sociales comprendidas como amenaza (recesión económica, conflictividad social, anomia, aumento de la criminalidad o el simple miedo al delito, etc.) son el caldo de cultivo para este tipo de registros autoritarios, a menudo antecedidos por un “populismo penal” (Gargarella, 2007) que propone que el derecho adquiera la forma reclamada por la ciudadanía, particularmente por las víctimas de crímenes o delitos. John Pratt (2007) agrega que el tránsito del populismo penal al político fue facilitado globalmente en el siglo XXI tanto por la crisis subprime, de 2008, como por la intensificación de los flujos migratorios, entre 2014-2015, siendo sus consecuencias la inseguridad económica y la incertidumbre.

Comparecen entonces narrativas securitarias animadas por la política del miedo, que hacen de la criminalidad, el terrorismo o la inmigración los desafíos primordiales para las sociedades contemporáneas. En Brasil, por ejemplo, este tipo de registro apuntó a los acuciantes temas de seguridad ciudadana, abordados por medio de enfoques punitivistas o políticas de “mano dura” (Natanson, 2018).

En tiempo de crisis e incertidumbre aparece la figura de un sheriff. Proveniente de la tradición anglosajona, encarnada en un funcionario encargado de hacer entrar en regla a toda disrupción, ya sea de facinerosos que alteren el orden, forasteros que infundan el temor a los habitantes locales o cuatreros que roban la propiedad privada de los dueños de ganado. Traducido al mundo de hoy, este liderazgo responde a diversas tesituras: secesionistas que coloquen en jaque la unidad territorial del Estado, como en España; políticos y empresarios imbricados en una red de corrupción en Brasil; o el episodio de migración irregular masiva a través de pasos no habilitados en el norte de Chile, sumado a la violencia de origen multivariable en la zona sur.

La propuesta política del presidente sheriff remite al regreso a los valores tradicionales de una comunidad homogéneamente imaginada, la nación, que se parapeta tras en un búnker provisto por el Estado para garantizar “La Ley y el Orden”. Es el camino de Putin y Orbán, pero también de quienes teatralizan el discurso fronterizo mediante el establecimiento de muros, alambrado o zanjas (Brown, 2015), como el expresidente Donald Trump. Ya en 1989, cuando era un empresario con figuración pública, pagó una campaña mediática en la prensa neoyorkina para exigir la restitución de la pena de muerte ante lo que, declaraba, era una “ola de criminalidad” que a menudo asociaba a minorías raciales. Ensayaba su versión de “La Ley y el Orden” que llevaría a otra dimensión durante su presidencia, cuando cuestionó la separación de poderes, al desconocer la autonomía judicial en virtud del consentimiento popular. Después de todo, “el pueblo quería que se hiciese algo” rápido y sin trámites burocráticos. Complejo panorama si se atiende que el mismo derrotero lo llevó a animar a una muchedumbre en Washington a “hacer algo” durante la tarde del 6 enero de 2021 y que culminó en el asalto al Capitolio.

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