Opinión
La ciudadanía chilena ha dado un paso decisivo hacia el futuro del país. El cambio generacional y hegemónico se ha visto reflejado en la histórica votación recibida por Gabriel Boric, quien en un período de diez años pasó de la dirigencia universitaria a la Presidencia de la República. En pocos meses se habrá renovado a casi la totalidad de nuestras autoridades electas, desde los municipios hasta el Poder Ejecutivo, así como nos enfrentaremos a la opción de contar con una nueva Constitución. Desde la teoría política clásica, Chile valida su compromiso con la democracia.
Sin embargo, el sistema político mantiene un problema al que no ha logrado darle salida y que se viene acrecentando desde hace años: la violencia como método para resolver las demandas sociales.
Las multitudinarias manifestaciones pacíficas que se desarrollaron a partir de octubre de 2019 fueron lamentablemente acompañadas por incontables actos de violencia. Como Universidad lo vivimos en carne propia, con la quema de nuestra ex sede central, pero también fueron miles de empresas, pymes y pequeños negocios los que se vieron afectados por la destrucción de los supuestos manifestantes. Solo el COVID-19 pareció detener lo que parecía transformarse en una expresión legítima del descontento social por medio de la violencia. La clase política de un sector, o al menos una parte muy importante de ella, guardó silencio frente a lo que constituye una desviación nítida del camino democrático.
Como educadores y autoridades tenemos el desafío de anticiparnos y demostrar a nuestros jóvenes que la violencia, desde cualquier perspectiva, es un error. Nuestra tarea es hacer de la educación escolar y superior espacios de diálogo, de valoración de la diversidad y respeto por la discrepancia, de búsqueda de mínimos comunes en la convivencia y gestión constructiva del conflicto. Confiamos en que las nuevas autoridades hagan otro tanto, contribuyendo así a restablecer la plena y necesaria vigencia del principio democrático y del Estado de Derecho.
