Robo de armas al Ejército: una úlcera más en la seguridad nacional

El robo de medio centenar de armas en el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC), es una seria señal del relajamiento de las rutinas de disciplina y control que viven los servicios armados del Estado, lo que afecta directamente la seguridad nacional. Las insuficientes explicaciones entregadas por el IDIC en un comunicado público, y las ambiguas y poco competentes de los responsables civiles del sector, entre ellos, la propia ministra Maya Fernández, dejan en claro que uno de los componentes más importantes de la seguridad del país, el IDIC, está perforado, posiblemente por una organización criminal, que con el robo acaba de poner al descubierto todas sus falencias.

Así, la investigación criminal a la que todos apelan, resulta casi un aspecto secundario. No tanto por la ineptitud del Ministerio Público, que probablemente no arribará a nada, sino por la gravedad del delito, que refleja de manera dramática la laxitud de control en el Ejército y sus instituciones dependientes y porque la víctima grave resulta ser el Estado, como expresión de todo el país. 

Es efectivo que la realización de una investigación seria y acuciosa podría dar con una hebra delictual de nexos entre crimen organizado y funcionarios al interior de una institución militar importante, amén de entregar datos nuevos sobre los niveles de organización de las actividades criminales en el país, pero ello requiere acción de inteligencia (que no tenemos) y una investigación incluso fuera de lo común, con mucha voluntad política, pues el detalle del robo, de llevarse armas de una o varias gavetas de los ejecutivos del IDIC, no se sabe, parece una seña, burla o advertencia de haberle “tocado el traste al ánima del Estado de Chile”. Es decir, con el robo, la seguridad del país está posiblemente perforada en partes sensibles de su funcionamiento.

Para entender lo dicho, IDIC es una institución perteneciente al Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército de Chile, a veces se denomina de manera genérica como Banco de Pruebas, y desde diciembre de 1964 se le asignó el control de calidad, para su uso y manipulación, de las armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas de carácter explosivo, y demás artificios que se fabriquen o importen.

Es decir, IDIC no es de las tres ramas sino solo del Ejército, pero su Misión es prestar un servicio de carácter general al resto de las FF.AA. y a las fuerzas de Orden y Seguridad, para verificar la calidad de “bastimentos, pertrechos y sistemas militares, en cualquier etapa de su ciclo de vida…”, y certificar la calidad de los elementos sometidos al control establecido en la Ley 17.798 sobre Control de Armas. O sea, un servicio que también atiende a terceros públicos o privados. Sus ingresos provienen de las asignaciones presupuestarias de gasto corriente en la partida de Defensa y de los ingresos propios provenientes del cobro de una tasa del 1,5% “sobre las ventas e internación de mercancías sometidas al control del Banco de Pruebas de Chile”, y servicios de asistencia técnica a terceros que brindan sus departamentos y laboratorios.

Los servicios a terceros, gestión auditada por la Contraloría General de la República, es lo que le permite hoy al IDIC y los voceros del sector Defensa decir que, con el robo, “no se perdieron armas fiscales”, sino de privados que esperaban revisión técnica y certificación. Palabras orientadas a establecer una eximente de responsabilidad ante la perforación flagrante de seguridad, como si ello cambiara en algo el enorme daño material y de prestigio al Estado de Chile. 

El funcionamiento de la logística integral de armas, municiones y explosivos en los sectores Defensa y Seguridad Interior, quedó en entredicho de ineficiencia. Así, las investigaciones en curso tienen la tarea, no solo de esclarecer los hechos, sino, además, devolverles algo de confianza a los ciudadanos en sus instituciones.

Nadie duda que las armas están ya en poder de bandas criminales, que sirven no para amenazar políticamente al Estado, sino para cometer delitos o someter a la ciudadanía a una situación de neofeudalismo en sus poblaciones y modos de vida, tensas ante el poder arbitrario del señor local o de los delincuentes, que dictan las normas cotidianas que regulan sus vidas, y cuyo desacato o resistencia le provocan daños hasta la muerte. Para eso sirven las armas que se perdieron en el IDIC.

Por ello es que se debe llegar al fondo de los hechos, todos llenos de lagunas, ambigüedades y cosas raras, donde el tan usado concepto “protocolo” no significa nada. Investigar no solo para que los hechos no vuelvan a repetirse, como dijo la ministra Fernández, sino también para que su cadena de responsabilidades, políticas y militares, civiles o de funcionarios armados, quede en evidencia, y surja, transparente, una acción disciplinaria ejemplificadora, indicando que las autoridades están abocadas a establecer rutinas viables, controles eficientes y no que solo llegaron a administrar. Los sectores Defensa y Seguridad lo piden hace 30 años.