EDITORIAL
Siendo la restitución de tierras un elemento clave de cualquier política de Estado respecto del pueblo mapuche, todo se puede complicar si las grandes empresas forestales, propietarias de enormes cantidades de tierras en La Araucanía, en un ejercicio de omisión social y (des)preocupación política, venden a extranjeros tierras en disputa, actual o potencial. Es la ausencia de Estado lo que les permite a los empresarios forestales vender sin preguntarle nada a nadie, como lo es también el que la violencia de grupos mapuche quede casi siempre impune.
La venta de más de 80 mil hectáreas de bosques hecha por empresarios forestales chilenos a un fondo internacional de inversiones, con predios –real o eventualmente– litigiosos por demandas territoriales del pueblo mapuche, es un hecho que contribuye a entorpecer aún más los problemas en La Araucanía (ver: https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/03/14/la-otra-internacionalizacion-del-conflicto-mapuche).
El cambio de titularidad en la propiedad de esos predios afecta el Interés Nacional de paz social y estabilidad del país, pues cambia de manera abrupta el statu quo actual en esa zona, e incluye a un actor no previsto, entre aquellos que tienen obligación e interés en solucionarlo. Aun cuando no existe ley o estatuto vigente que impida tal venta, ella internacionaliza de facto algo que hasta ahora era un problema exclusivo de Chile y entre chilenos y su legislación, como es el conflicto mapuche. E instala una “espada de Damocles” sobre los intereses patrimoniales del país, por posibles arbitrajes o litigios futuros ante tribunales internacionales por razones de protección de inversión extranjera, de acuerdo a tratados vigentes.
El problema podría ser todavía mayor si se considera que, aunque hoy versa sobre una venta de bosques, bien podría sentar un precedente para situaciones similares que contengan otras demandas de pueblos originarios, como, por ejemplo, la explotación minera, de producción de energía, o de extracción pesquera, que en muchos aspectos contienen o pueden contener derechos de los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, del cual Chile es signatario. Ello, justo en el momento en que el país está en proceso de creación constitucional sobre estos y otros temas de gran trascendencia.
Resultaría paradójico que muchos de esos derechos y la solución de las controversias vinculadas a ellos, y que actualmente se debaten en la Convención Constitucional, quedaran en entredicho ante las eventuales consecuencias de macroventas a actores internacionales; por ejemplo, en arbitrajes ante el CIADI, haciendo irrefutable la afirmación de que la economía transnacional globalizó el derecho y transformó a los Estados en entes de soberanía blanda, incapaces en ocasiones de gobernar –en varias materias– su propio territorio, sin consulta a terceros.
Por ello, no es un simple negocio la decisión de Forestal Arauco S.A. de vender 461 predios forestales de sus activos, unas 80 mil 500 hectáreas, al fondo de Inversiones BTG Pactual Timberland Investment Group, LLC. Filial de Celulosa Arauco y Constitución S.A., Forestal Arauco es una de las mayores empresas forestales del país, controlada por el Grupo Angelini, y obtiene por esta venta la cantidad de US$ 385.500.000. Pero se asocia, además, a un proyecto de BTG Pactual Asset Management, el banco de inversiones más grande de América Latina, el que a través de una de sus divisiones, BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG), es uno de los administradores de inversiones en bosques más grandes y antiguos del mundo.
El 15 de diciembre de 2021, se anunció en Nueva York que el consorcio liderado por BTG Pactual Timberland Investment Group, LLC (TIG), junto con British Columbia Investment Management Corporation (BCI) –uno de los mayores inversores institucionales canadienses– y APG –el mayor proveedor de pensiones de Holanda–, habían lanzado Vista Hermosa Inversiones Forestales (Vista), una nueva empresa enfocada en la gestión de activos madereros en Chile. Pese al significado político del tema, hasta ahora nadie reacciona ni proyecta lo que ello puede significar.
La experiencia práctica reciente indica que la existencia previa de acuerdos negociados entre el Estado y sus pueblos originarios en torno a la restitución de tierras y las determinantes culturales de los territorios que habitan, son esenciales para manejar el conflicto.
En todo caso útil es recordar que es un requisito esencial, para que ello ocurra, haya o no reivindicación de propiedad ancestral, y tal como está planteado en el señalado Convenio 169, el reconocimiento de la soberanía del Estado de Chile por parte de los pueblos originarios.
Pero todo se complica si los actuales propietarios de enormes cantidades de tierras, en un ejercicio de omisión social y (des)preocupación política, venden a extranjeros tierras en disputa, actual o potencial, y operan así a contracorriente de lo que el país trata de hacer para solucionar sus problemas. Ni la venta repentina o subrepticia de tierras, ni la acción violenta de organizaciones mapuche en La Araucanía, sin tener respuestas eficientes y coherentes del Estado, constituyen elementos positivos, por decir lo menos.
Es la ausencia de Estado lo que les permite a los empresarios forestales vender sin preguntarle nada a nadie, como lo es también el que la violencia de grupos mapuche quede casi siempre impune. Por supuesto, ello nada tiene que ver con el hecho de que los compradores del Proyecto Forestal Vista Hermosa sean personas honorables y, seguramente, dispuestas a dialogar. El problema es la actitud de quienes venden, sin considerar el interés nacional, confirmando tener un domicilio más cerca de la Bolsa de Londres o Bogotá, que de Chile. Y a pocos, por ahora, parece importarles.
