Opinión
Esta semana, después de varios avisos y pasos en falso, nos encontramos de frente con una realidad que preferíamos no asumir al inicio del proceso: la Convención Constitucional, en cuyo propósito están volcadas gran parte de las expectativas (y también las nuestras) de transformación y canalización institucional del malestar social, bien podría fracasar. Tres encuestas de opinión colocan hoy a la opción Rechazo con el liderazgo provisorio de cara al plebiscito de salida, y otras dos le ubican en el margen de error estadístico. A esto cabe sumar el convulsionado ambiente político, sacudido por el alza de precios, los conflictos territoriales en las “macrozonas” y la menesterosa instalación del gobierno entrante, que pone en duda cualquier certeza previa sobre el estado de ánimo de la población respecto de la necesidad de cambios estructurales.
No sabemos si estamos entrando a un túnel con salida luminosa o a una cueva. Pero es la misma existencia de aquella incerteza lo que debería exhortarnos a reflexionar sobre el momento que estamos viviendo. Las dudas de muchas personas que votaron Apruebo son perfectamente reales, legítimas y las escuchamos también en los patios y aulas de nuestra universidad. Creer que estas pueden disiparse apelando a un supuesto complot oligárquico o redoblando los esfuerzos sin pensar en la dirección hacia la cual van dirigidos, sería un craso error de nuestra parte. Y es que no podemos desentendernos. Si la Convención Constitucional fracasa, la responsabilidad también es nuestra: de quienes, identificados políticamente con la centroizquierda, nos desvivimos insistiendo en que podía ser la oportunidad para cristalizar un acuerdo social que diera salida a la crisis de octubre, y que con esperanza votamos Apruebo confiando en darle a Chile una Casa Común más integrativa y democrática que la actual.
Lo primero, en este caso, es hacerse cargo de las críticas legítimas y separarlas de aquellas que no lo son. Es cierto que, en su composición sociodemográfica, la Convención es probablemente el espacio democrático más representativo que haya tenido Chile en su historia, de lo cual nos sentimos legítimamente orgullosas y orgullosos. Pero también es cierto que, siendo representativo en términos de género, etnia y región, está sumamente desbalanceado en términos político-ideológicos. Casi un tercio de los convencionales electos (pese a haberse presentado como independientes) son de extrema izquierda, un sector que fue marginal en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Claramente, un país donde cuatro millones de personas votaron por José Antonio Kast no puede recibir inmediatamente como propio un texto redactado por la izquierda más radical. Debemos hacernos cargo de esta realidad y bregar para que los convencionales respondan más a la realidad efectiva de Chile que a su voluntarista imaginación, llegando a consensos que, si bien no dejarán contentos a todos, sí lo hagan con una clara mayoría de la población.
Esto es clave. La propuesta constitucional aún no termina de escribirse, por lo cual sería irresponsable y deshonesto de nuestra parte zanjar de manera taxativa, una posición respecto del plebiscito de septiembre, aunque no sea un misterio cuál es nuestra orientación política. Pero por esta misma razón debemos confrontar también a aquellos que, al juzgar las desavenencias del proceso, nublan su juicio respecto al producto final. Después de todo, una Convención Constitucional es una experiencia nueva para Chile: un órgano que, al reunirse por primera vez, no tenía ni siquiera un reglamento ni menos expectativas basadas en antecedentes. Es lógico que haya vivida zozobras en su actuar. Lo relevante no debe perderse de vista: Chile necesita una nueva Constitución porque la actual establece restricciones perniciosas e ilegítimas a la soberanía popular. Es bajo ese parámetro que debe juzgarse el nuevo texto, en su capacidad de abrir la democracia y ser modificado posteriormente de acuerdo con los cambios que establezca la propia democracia. La Constitución de la dictadura es mala porque consagra un modelo específico de sociedad y hace difícil la construcción de una alternativa, a través de disposiciones ideologizadas y quórums supramayoritarios que las blindan. Por lo menos, más allá de los simbolismos y los artificios retóricos, de momento no parece que la Convención vaya a seguir el camino del blindaje.
El hecho de que hay gente con mucho poder que quiere ver el proceso fracasar, y deposita recursos en ello, es inobjetable. Varios de ellos lo expresaron desde el primer minuto, luego de constatar su posición minoritaria dentro de la Convención. No todos le tienen cariño a la democracia, eso lo sabemos. Que haya medios de comunicación sesgados, campañas virtuales organizadas al borde de la legalidad y otras argucias reaccionarias es algo que siempre supimos que ocurriría, y ocurrió. Pero aquello no nos excusa. La línea entre señalar lo evidente (hay intereses organizados buscando deslegitimar el proceso) y caer en el desprecio de clase (creer que la población es “débil y manipulable” y no puede legítimamente optar por rechazar) es muy delgada.
Desde la Consejería Superior de la UC, nuestro objetivo seguirá siendo el de aportar al debate con ideas y contenidos, con la autocrítica que sea necesaria. Sin esconder nuestra posición política: nuestro proyecto político es de centroizquierda, orientado hacia la transformación social, pero también convencido del valor del diálogo. Tal como una Consejería Superior no puede esconderse a la hora de abordar los temas difíciles y debe salir a proponer, la centroizquierda y las fuerzas progresistas en general también tienen la tarea de no quedarse a medio camino, no perderse en los rayados de pared y poner la pelota contra el piso. No solamente en el proceso constituyente, sino también proyectando hacia el futuro. En eso estamos y seguiremos en ese rumbo.
