Opinión
Lamentablemente, el trabajo infantil y sus peores formas es una realidad que existe en Chile y que, luego de la pandemia, aumentó a nivel mundial.
En nuestro país, los niños, niñas y adolescentes que trabajan equivalen al total de la población que tiene Temuco. Es decir, es como si los 219.000 habitantes de esa ciudad, fueran niños y niñas que, siendo menores de 15 años o teniendo entre 15 y 17, están ejerciendo trabajos considerados como peligrosos.
No está de más destacar que una de las importantes afectaciones que provoca el trabajo infantil es que se obstaculiza su derecho a fundamental a la educación, lo que, a mediano y largo plazo, iría reproduciendo el circulo de la pobreza.
“Protección social universal para poner fin al trabajo infantil” ha sido el lema elegido por la OIT en 2022 para conmemorar el día contra el trabajo infantil. Son las familias las que deben tener un piso de protección social, para que sus hijos e hijas no tengan que salir a trabajar a edades que no les corresponde.
En este sentido, urge hacer presente algunos aspectos que creemos son relevantes para poder alcanzar las metas que Chile se ha puesto en este ámbito: se requiere con urgencia generar políticas públicas intersectoriales que apoyen a las familias para que los niños, niñas y adolescentes no tengan que estar expuestos a situaciones de trabajo infantil que les impida alcanzar un adecuado desarrollo para su edad; por otra parte, es muy necesario actualizar las cifras y realidad actual del trabajo infantil en Chile, especialmente luego de la pandemia; por último, preocupa muchísimo las peores formas de trabajo infantil de las cuales están siendo víctimas los niños, niñas y adolescentes, especialmente la explotación sexual y el microtráfico, una realidad que vemos no está lo suficientemente visibilizada desde el Estado y que ha ido recrudeciendo en el último tiempo.
Para lograr un progreso significativo hacia la eliminación del trabajo infantil, se requiere una mayor inversión en sistemas de protección social universal, en el marco de un enfoque integrado, y de derechos humanos, para todos los niños y niñas que habitan nuestro territorio.
