Opinión
En diversos medios de comunicación algunos actores del ámbito sanitario han informado su posición en contra del proyecto de salud presentado por la Convención Constituyente (CC) sumándose a la campaña del rechazo. Sus afirmaciones aparecen, sin embargo, como verdades indiscutibles cargadas del evidente argumento de superioridad moral que emana de fuentes “con muchos laureles” dados sus puestos de poder. Este tipo de argumentación tiene varios problemas, sin embargo, opera con una fuerte eficacia simbólica. Al ser emanadas por un exministro, un decano de una universidad privada, una médica encargada de una clínica capitalina, etc., se muestran como sólidos y sin posibilidad por parte de los ciudadanos de cuestionarlos. Con ello el juicio del experto se impone frente al juicio de los “comunes”, solo por la posición social del emisor.
Sin embargo, los contenidos que estos discursos pronuncian, nada tienen de un supuesto conocimiento más allá de los “simples sujetos”, ya que están cargadas de deformaciones, juicios ideológicos, prejuicios, escamoteos, construcciones a medias, pseudo conceptos, falacias, o directamente una construcción más cerca de sus fantasías, que de un conocimiento que se ha producido por la ciencia. Así, las objeciones que estos actores hacen al modelo de salud propuesto por la CC pasan en todos los casos, lamentablemente, por el uso de herramientas meramente retóricas, que buscan más bien entorpecer técnicamente la discusión por los aspectos a evaluar de la propuesta constitucional.
Hasta hoy la opción por el rechazo se busca imponer como consecuencia principalmente, de al menos tres retóricas reconocibles, primero, que la propuesta de constitución es insuficiente, segundo que el Estado es centro de todo lo malo, y tercero que el proyecto no refleja el cambio que las personas demandaron.
En el primer caso, se cuestiona la supuesta falta de desarrollo en el proyecto de salud en la nueva constitución, o que no se sabe cómo se implementa, qué costos tendrá, u otras preguntas respeto de la materialidad de su implementación, entre otras. Con ello se busca instalar una igualación entre la falta de detalle, y la idea de que el horizonte que indica el texto de la propuesta constitucional está mal. Es decir, el argumento para poder determinar si se acepta o no el texto, no existe como tal, sino que se apela a un conjunto de dudas que niegan precisamente que aquellas respuestas por definición no deben estar en el texto constitucional. O si se quiere, acá la pregunta supone una respuesta, es decir la crea, instituyendo que será mala para Chile, antes incluso de que esa respuesta se dé. Seamos un poco irónicos, esto es como decir, “estás castigado no por lo que has hecho, si no por lo que creo, vas a hacer”. En conclusión, no se trata del texto mismo, si no de lo que ellos quieren ver en él.
El segundo gran argumento, tiene que ver con el fantasma del Estado incapaz de hacer lo que el privado hace, afirmación ampliamente desmentida (desde Mazzucato hasta la social democracia alemana), más allá del imaginario de la derecha neoliberal, sin embargo, se escamotea principalmente que en salud es precisamente el Estado quien tiene la responsabilidad de decidir por el correcto actuar de todo el sistema (¿quién más podría hacerlo?). Seamos lo más claro posible en esto, hasta hoy no es el Estado que por su propia inercia mantiene un doble sistema de salud, es por la normativa que fue creada para ello, separando e integrando a la vez, el sistema de financiamiento y proveedores de salud, y que el sector del rechazo nunca se animó a cambiar.
Lo que el proyecto de nueva Constitución menciona es la eliminación de un sistema con dos administradores del financiamiento (público y privado), centrándolo en uno solo (público), y dejó sin cambios la multiplicidad de proveedores. Todas los temores de que la salud se colapsará, que de un día para otro se cerrarán las clínicas privadas, que los médicos no alcanzan, o que todos deberemos padecer las listas de espera, responden a esta misma lógica que confunde adrede y de manera falaz las fuentes de financiamiento con los proveedores de salud. La propuesta de nueva Constitución no cerrará los proveedores privados, ni los prohibirá, ni les impide el lucro.
Sin embargo, al defender las fuentes de financiamiento privado (ISAPRES) con las virtudes -supuestas- de los proveedores, se esconden sus vicios, por ejemplo, la antigua exigencia de un cheque de garantía antes de la atención de urgencia, las cuentas abultadas con los que arruinan a los pacientes por enfermarse, la discriminación por patologías castigando a quien necesita más, la restricción en el acceso a ciertas prestaciones de salud según plan, etc.
Pero digámoslo de una vez, no se trata acá de que el rechazo se haga cargo de proponer una solución al principal problema, es decir, que existe una salud para ricos y otra para pobres, si no que lo que se busca es seguir manteniendo una lógica de explotación comercial allí dónde necesitamos seguridad social. La propuesta de nueva constitución garantiza el derecho para el mejor nivel posible de salud para todos —que debe hacerlo el Estado obviamente—, y que esto no se vea amenazado a partir de la capacidad de pago de las personas, y en esto nada tiene que ver el carácter más o menos eficiente del mismo.
La Convención Constituyente, ha sido un proceso democrático, participativo, con inclusión de sectores históricamente excluidos, con varios hitos de validación electoral, con espacios idóneos para poder presentar objeciones u opiniones que fueron discutidas en su mérito, etc. Pero para el sector del rechazo, toda la legitimidad del proceso, que nos debía llevar a un nuevo texto constitucional, se vería empañado por qué no representaría las demandas o necesidades que a ellos le hacen sentido. Recordémoslo, lo que ellos representan, que es la continuidad del modelo actual de dos modelos de salud, la población lo rechazó en las urnas más de una vez. Por ello que sus ideas no se encuentren en la base de las propuestas de la nueva constitución, se explica por sí mismo, y no porque la Convención Constituyente no haya realizado su trabajo de la mejor forma posible. Por ello el último argumento no es técnico, solo es político, y busca sostener una ilusión mayor, que el proyecto de texto constitucional, intente igualar a demandas minoritarias de un sector como si fueran mayoritarias. De haber sido así, tendríamos no solo un fracaso del órgano constituyente, sino una traición a las demandas de gran parte del país.
