Opinión
Lo cierto es que la mayoría de las Constituciones mezcla obligaciones y recomendaciones para el Estado y la sociedad. Todas combinan las apelaciones a una inspiración poética con la obligatoriedad de la fuerza de la ley. La manera en que se resuelven internamente los diferendos y la forma en que se combinan los distintos lenguajes en un mismo texto constitucional no es una materia para especialistas. Ellos pueden sugerir, no decidir. Si algo hemos aprendido, la última palabra le corresponde a la ciudadanía, única experta válida en política.
A primera vista, la propuesta de encargar la redacción de una nueva Constitución a una comisión de expertos parece un expediente para dilatar y enredar el proceso constituyente. Puede que esta proposición se deba a la ingenuidad de personas bien intencionadas pero erráticas en su comprensión de la política. Más verosímil es que algunos hayan apelado a la democracia en sus momentos de minoría más angustiante para olvidarse de ella inmediatamente después.
Los que proponen que sean los expertos los que redacten, lo hacen pensando en el amplio campo de consensos a los que hemos llegado casi inadvertidamente. Estamos de acuerdo, dicen, en tantos aspectos básicos de lo que debe contener la Constitución, que el detalle se lo podemos dejar a hombres y mujeres buenas.
El trabajo de los acuerdos está bastante avanzado.
Faltaría solamente pulir los detalles. Si todo va bien, dicen, y ya que estamos por hacer economías, no habría para qué embarazarse de otro plebiscito de salida. Bastaría con que el Congreso aprobara la edición de los expertos por 4/7.
¿Cuál es el sentido de una propuesta irritante? La mayoría de los políticos habla como los profesores, para decirnos ‘así son las cosas’. Estos son los políticos que nos dicen ‘síganme’ y los llevaré por el camino de la victoria. Otros políticos parecen menos jugados y hablan, no para decir lo que es, sino para sondear lo que puede ser. Llamemos a los albañiles que saben mucho de construcción para que nos diseñen la Casa de Todos.
En tal comité de expertos serían esenciales los sopladores. Personajes políticos oscuros, ojalá invisibles, que estarían pegados a la espalda de los expertos para susurrarles esa perspectiva amplia, oceánica y de sentido común, que le falta naturalmente a los expertos.
La propuesta finge no entender que lo que ha desencadenado el conflicto constitucional ha sido el divorcio entre las instituciones políticas y la ciudadanía. La llamada crisis de representación es todo lo que ha estado en discusión en estos años. Lo que la mayoría ha pedido para una nueva Constitución es que ella respete la soberanía popular. La democracia, la capacidad de participar en la formación y en la decisión de las políticas, no es una concesión de las autoridades a la ciudadanía, es el procedimiento del cual la autoridad obtiene su poder y su capacidad para ejercerlo eficientemente. En democracia el poder emana del pueblo y esto no es un cuento de hadas. Es lo que demuestra nuestra historia reciente.
Lo que se pide a los parlamentarios es que sean lo más transparentes y fieles posibles en la representación de la ciudadanía. No se les pide que deleguen su trabajo en hombres y mujeres buenas ni en expertos sino que hagan lugar en las instituciones para los anhelos de la gente.
El aprendizaje constitucional va de la mano con el aprendizaje de la democracia.
Si los astutos que proponen sustituir a la ciudadanía por los expertos se dieran el trabajo de entender la propuesta de la primera Convención, verían hasta qué punto ese texto barroco estaba inspirado por la necesidad ansiosa de doblarle la mano a las astucias legales de los expertos. Los convencionales estaban asediados por el fantasma de la ambigüedad legal construida para la tolerancia de los abusos. Ese sentido común experto fue lo que permitió la ocurrencia y la justificación de los abusos contra los consumidores, los trabajadores y las mujeres durante años. Detrás de la impunidad en los acosos sexuales estaban, tomados de la mano, el sentido común -que atribuía a las mujeres la responsabilidad en los abusos sufridos- y los expertos legales que exigían estándares probatorios fuera de la realidad. La exigencia de superar las trampas expertas por medio de la democracia sigue apasionadamente vigente.
La ciudadanía no puede ser sustituida por técnicos.
¿Con que conocimientos, con qué experiencia, con qué sistema de medición se va a decidir cuál es el grado de autonomía que se le debe reconocer a los territorios Mapuche? ¿Qué inteligencia técnica va a decidir si corresponde o no corresponde usar el término de Estado Plurinacional? ¿Cuál es el criterio mágico-técnico que permita decidir, sin consideración a los parámetros de una voluntad política, sobre la norma de calidad de calidad del aire a emplear en Quintero? ¿En base a qué criterio experto se va a decidir cuándo consultarle al pueblo sobre algo o, en qué condiciones la ciudadanía tiene derecho a iniciativa de ley? ¿En razón de qué revelación un comité de expertos puede optar entre un Estado Subsidiario y un Estado Social Democrático? ¿Qué expertos se necesitan para decidir quienes tienen derecho a la ciudadanía chilena? ¿Cuántos expertos se necesitan para abrir una puerta?
Saquemos la política del medio porque ella nos divide y pongamos la ciencia y la técnica en su lugar.
En cada artículo y en cada palabra del texto constitucional, en su misma puntuación, en sus redundancias y sus ambigüedades, en su arquitectura y en su tonalidad retórica, están presentes las inclinaciones de una voluntad política. Un sesgo y una determinada intencionalidad política enlazan los textos constitucionales unos con otros y con el sistema de leyes, reglamentos e instituciones en los que se encarna.
La vieja Constitución permitía abusos ‘marginales’ de las grandes empresas porque ellas, sin presiones, nos llevarían sobre sus hombros ágilmente hasta el futuro. La próxima constitución no confía tanto en esa fórmula y prefiere restringir el espacio de los abusos y exigir, además, una contribución más palpable de las grandes empresas a la sociedad. Esos sesgos que se traducen apenas en un par de cifras después de la coma, envuelven concepciones diferentes de la sociedad, de la humanidad y de la política Sobre ellas debemos debatir y pronunciarnos.
Escasas o sobreabundantes. Hay constituciones del más diverso tipo. He escuchado técnicos que opinan que las Constituciones deben ser breves y que los derechos que contengan deben limitarse al mínimo que puede ser exigible por la ciudadanía sin que el Estado colapse. Otros técnicos son partidarios de una Constitución que contenga, como derechos, todas las aspiraciones y los anhelos que se piden de una sociedad más justa. Para estos expertos, el catálogo de derechos no obliga inmediatamente a que el Estado los satisfaga sino que señala un camino progresivo, una inspiración y una guía para irlos cumpliendo.
Arrebatarle la decisión sobre estas materias a la gente es un error que equivale levantar, nuevamente, muros para protegerse de la intromisión indebida de la ciudadanía en los asuntos públicos. En simple, es crear las condiciones para nuevos octubres interminables.
Lo cierto es que la mayoría de las Constituciones mezcla obligaciones y recomendaciones para el Estado y la sociedad. Todas combinan las apelaciones a una inspiración poética con la obligatoriedad de la fuerza de la ley. La manera en que se resuelven internamente los diferendos y la forma en que se combinan los distintos lenguajes en un mismo texto constitucional no es una materia para especialistas. Ellos pueden sugerir, no decidir. Si algo hemos aprendido, la última palabra le corresponde a la ciudadanía, única experta válida en política.
