Opinión
Ante los últimos sucesos ocurridos en el país es importante reconocer que, la idea de una nueva Constitución nos llenaba de orgullo y esperanza, ya que por primera vez de manera explícita, las personas con discapacidad (PcD) íbamos a ser reconocidas y reconocidos como sujetos de derecho, y vaya que es un cambio importante, puesto que esto nos permitía seguir exigiendo un trato digno e igualitario, evitando la idea de que, porque usamos silla de ruedas o hablamos con lenguaje de señas, o caminamos con la ayuda de un bastón, significa que buscamos caridad o lástima de nuestras y nuestros compatriotas.
Sin embargo, una vez más debemos seguir esperando, no sólo por la consagración de nuestros derechos, sino que por cosas más simple, como por ejemplo, que las personas oyentes vean la necesidad de contar con intérpretes de lenguaje de señas en la televisión como un derecho, y no como un plus; que las personas que están a cargo de las imágenes se aseguren que el intérprete sea visto en su totalidad y no tapado por el Generador de Caracteres (GC); que las autoridades nos incluyan en las conversación vinculada a los cuidados; que el Estado conozca nuestras necesidades a lo largo de la vida; que la sociedad reconozca nuestra capacidad de decisión, por sobre nuestra situación de discapacidad, y que el hecho de no ser mayoría no significa que no somos parte del Chile que quiere seguir creciendo y mejorando.
Por otra parte, consideramos que la propuesta constitucional del 4 de septiembre tiene puntos a favor, que sería bueno adoptar en una futura propuesta constitucional; que las personas en situación de discapacidad tengan garantías de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación (Artículo 25), por otro lado, el goce y ejercicio de nuestra capacidad jurídica, accesibilidad universal, inclusión social, inserción laboral, derecho a vivienda, salud y educación. En otras palabras, que se garanticen los derechos de las PcD, explicitados en los tratados internacionales, oportunidades y apoyos estatales adicionales en educación para PcD y en riesgo de exclusión (Artículo 36), derecho al cuidado de las PcD y el resguardo de los derechos de los cuidadores (Artículo 50).
Es verdad que seguimos esperando, pero esta vez es distinto, porque hemos logrado mostrarnos y comenzar a hacernos escuchar. Porque seguimos con la convicción de que el camino recorrido nos permitirá asegurar nuestro reconocimiento y plena participación. Hoy, nos ponemos a disposición del desafío social y político que se aproxima. Las y los invitamos a trabajar por la garantía del ejercicio de los derechos de todos y todas.
