Opinión
Es claro que una política gubernamental de este tipo requiere un interés especial, la participación de muchos especialistas y recursos, pero la realidad actual del pueblo mapuche lo merece. Además, es la mejor solución ante el alto nivel de violencia con que se manifiestan los reclamos actuales.
La mayor votación por el rechazo a la reforma a la Constitución ocurrió en La Araucanía, especialmente en las comunas donde la población mapuche era mayoritaria. Si bien se desaprobó el texto completo, entre los aspectos más cuestionados estuvieron la plurinacionalidad y no la multinacionalidad de Chile. En todo caso, hay consenso en que los derechos indígenas son un tema pendiente para la reforma inconclusa.
La experiencia de los últimos decenios sobre los derechos de los mapuche no ha sido muy positiva y solo en los años recientes ha estado presente, aunque concentrada en la recuperación de las tierras y mediante el uso de la violencia, frente a la cual el actual Gobierno no ha sabido reaccionar adecuadamente, generando uno de los principales motivos para su descrédito.
La principal institución que estuvo a cargo de las políticas pro mapuche ha sido la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi), que ha concentrado su acción en la recuperación de los llamados territorios ancestrales de los mapuche, mediante la entrega de tierras a los indígenas, con las naturales dificultades de este proceso: el 80% de los originarios hoy son urbanos; es muy difícil identificar a los sujetos del derecho; en su mayoría eran nómades y ganaderos más que agricultores; después de su derrota en la “Pacificación de La Araucanía” fueron desplazados a “reducciones” al sudoeste del país, en suelos de peor calidad.
La Conadi llevó a cabo políticas insatisfactorias desde varios puntos de vista: se concentró en estregar tierras a los favorecidos, sin la compañía de maquinaria, asesoría técnica, semillas y abonos, acceso financiero, dinero para vivir y, lo más importante, capacidad empresarial. Por otra parte, trató de organizarlos como comunidades agrarias en vez de propiedades familiares, que era la tradición usual.
En el futuro próximo deberá formularse una política integral para beneficiar al pueblo mapuche de acuerdo a sus aspiraciones, que están muy lejos de solo recibir un pedazo de tierra.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó en 2022 una encuesta a 2.915 personas en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, de las cuales 1.374 se definieron como mapuche y 1.574 como no pertenecientes a esa etnia. Fue una repetición de encuestas anteriores realizadas en 2006 y 2016. La pregunta central era: ¿Se siente usted mapuche, chileno, o una mezcla de los dos? El 17% respondió que mapuche, con una tendencia decreciente en el tiempo, y 11% que chileno; por otra parte, el 45% se manifestó como chileno y mapuche al mismo tiempo, creciendo, lo cual refleja el aumento en el mestizaje. También crecen los mapuche primero y chileno después, llegando al 21%, y se mantienen en el 6% los chileno primero y mapuche después.
[cita tipo=»destaque»]El desarrollo cultural no solo debe incluirse en la educación escolar, y debe partir por recuperar el idioma.[/cita]
Es interesante la opinión que manifiestan los mapuche acerca de varios temas que están en el debate actual sobre el proyecto de la nueva Constitución: el 48% sostiene que debería ser “un Estado nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos y naciones”; un 22% es partidario de “un Estado multicultural” y solo un 14% de “un Estado plurinacional”. Respecto a la consulta de cómo el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche, el 30% responde que “restituyéndoles tierras”; el 19%, “reconociendo constitucionalmente al pueblo mapuche”; el 17%, “mejorando su acceso a la educación”; el 8%, “pidiendo perdón por los abusos cometidos en su contra”; un magro 4%, “cediéndoles autonomía”; y un 4%, “no hay nada que reparar o compensar”.
En el diseño de la política que resguarde los derechos sociales de los mapuches hay que considerar que la primacía no está en la restitución de las tierras e, incluso, se manifiestan claramente en que los favorecidos no debieran ser las comunidades sino las personas y familias, lo cual no respalda algunas iniciativas de la Conadi. Incluso el 59% declara ser contrario al uso de la fuerza para reclamar tierras.
El respeto a los derechos sociales es el tema central de una política eficaz. Tiene diferentes componentes, partiendo por el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, a lo que se suma el acceso a una educación de calidad en que se destaquen los elementos culturales de la etnia, especialmente en La Araucanía.
El desarrollo cultural no solo debe incluirse en la educación escolar, y debe partir por recuperar el idioma, ya que en la actualidad el 84% de los mapuche no habla mapudungun, para lo cual debe realizarse un programa especial de enseñanza, centrado en la región. Además, será necesario recuperar y extender el folklore de este pueblo, cuya riqueza ya se ha empezado a conocer. Algo parecido debe ocurrir con la artesanía nativa, en especial con la plata, desarrollada por largo tiempo, pero que requiere apoyo estatal, tanto para su promoción como en el interés de los especialistas.
La ausencia de museos autóctonos es notoria, para lo cual se requiere un emprendimiento oficial para respaldar el desarrollo de iniciativas de carácter regional, como el impulso al turismo, pero que son de alto costo
En el tema de la salud no solo se requiere la atención directa a la población de La Araucanía, en que hay carencias evidentes, sino el desarrollo de una medicina autóctona que ya ha mostrado sus beneficios sanatorios en muchas enfermedades.
Es claro que una política gubernamental de este tipo requiere un interés especial, la participación de muchos especialistas y recursos, pero la realidad actual del pueblo mapuche lo merece. Además, es la mejor solución ante el alto nivel de violencia con que se manifiestan los reclamos actuales.
