La batalla por mantener la historia negra en las escuelas estadounidenses

A partir del 2020, los políticos del Partido Republicano –de Estados Unidos– han liderado diferentes proyectos y leyes para prohibir la denominada “Critical Race Theory” (Teoría Crítica de Raza), que fue elaborada en 1980 por juristas y académicos afroamericanos –Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw y Richard Delgado (entre otros)–, a partir de la base teórica de que la raza es una construcción social, y que el racismo no es simplemente un producto del sesgo o prejuicio individual, sino que es una consecuencia de los sistemas políticos-legales, es decir, la CTR –en sus siglas inglés– sostiene que las bases del racismo y las relaciones sociales estadounidenses son una consecuencia social que se articula-reproduce por medio de la instalación de normas sociales-culturales que están intrínsecamente ligadas a las normas políticas-jurídicas en momentos históricos específicos.

Esta perspectiva de análisis se originó en las universidades. Sin embargo, posteriormente las escuelas públicas integraron en sus programas educativos la perspectiva Crítica de Raza. Si fue realmente crítica como debería de serlo, es un asunto cuestionable, sin embargo, permitió brindar un horizonte educativo que visibilizó las experiencias vitales históricas-identitarias de los afroamericanos en Estados Unidos, como por ejemplo: la esclavitud, la batalla por los derechos civiles y la integración de algunos líderes negros/negras, tales como Frederick Douglas –exesclavo que dedicó su vida a luchar por la abolición del sistema esclavista–, Harriet Tumban –nacida como esclava, pero que logró huir en el tren subterráneo hacia el norte y que, una vez que conquistó su libertad, decidió ayudar a otros afroamericanos a huir de los sistemas esclavistas–, Martin Luther King Jr. –líder del movimiento de los derechos civiles de los 60–, entre otros.

Ahora bien, es posible identificar en la actualidad que existen 36 estados que han legislado para eliminar la Teoría Crítica de Raza y, por ende, la historia negra en los recintos de educación pública –primaria/secundaria–. En ese sentido, la censura se articulaba bajo los argumentos esencialistas y limitantes respecto a lo siguiente: la integración de la historia negra tiene por resultado una supuesta “supremacía negra”.

Asimismo, diversos políticos conservadores han señalado que la implementación de este enfoque solo genera discriminación contra la población blanca. Incluso, algunos militantes del Partido Republicano han señalado que su incorporación está intrínsecamente ligada a las manifestaciones del verano del 2020, articuladas por el movimiento horizontal de las Black Lives Matters. Como bien sabemos, el movimiento B.L.M. responde a un contexto de denuncias y visibilización de la violencia policial, el cual no tiene la más mínima relación con la articulación de “una supremacía negra” per se. No obstante, el Senado, constituido por una mayoría republicana, ha empleado múltiples argumentos para suprimir el devenir histórico de las comunidades negras en el pasado estadounidense.

Lo complejo de la censura educativa y el control de la revisión de los programas de los maestros en la educación escolar, así como también la prohibición de literatura infantil elaborada por intelectuales negros(as), que reflejan la vida de Martin Luther King Jr. o que brindan perspectivas identitarias respecto a lo que implica ser un niño negro en el contexto nacional, entre otros, ponen en tensión las macronarrativas que se han configurado en el imaginario internacional sobre Estados Unidos, como la ficción de ser la tierra de la libertad y la democracia. Relatos que, por cierto, no solo obliteran la historia negra sobre esclavitud, luchas sociales y discriminación, sino que además vulneran los principios fundamentales de la democracia moderna.

Desconocer la historia de los millones de estadounidenses afrodescendientes puede generar situaciones que nos parecerían impensables en pleno 2022, como el sufragio llevado a cabo en cinco estados para eliminar toda forma de trabajo forzado, hoy presente en la Enmienda 13 de la Constitución, que lo permite como sistema punitivo. Cuatro de los cinco estados que sometieron a votación esta enmienda optaron por abolir toda forma de trabajo forzado.

El conocimiento y enseñanza de la historia negra en Estados Unidos es más que una lucha identitaria, es el reconocimiento del contradictorio y paradójico origen de una de las democracias modernas más antiguas de occidente, que emergió de un sistema esclavista, que no ha sido desmantelado del todo y que permite crímenes de oído y desigualdades impensables en nuestros días.