Torrealba S.A.

La corrupción política está de vuelta. Como una copia casi idéntica al ciclo anterior, ese que hace unos años se conoció como el de “las platas políticas” y que precedió al estallido social, entre otros factores, por la desconfianza ciudadana en nuestra clase política. Por supuesto que pagaron justos por pecadores, pero la mezcla entre Penta, SQM, Corpesca, y otras empresas, con algunos parlamentarios que usaron generosos aportes para financiar sus campañas, terminó por dañar a todos. Los raspados de la olla de Moreira, las mesadas recibidas –casi sin distinción de colores– por otros y, por supuesto, las condenas a Jaime Orpis y Jovino Novoa, que terminaron por convertirse en íconos de la corrupción política, pese a que varios más se salvaron a través de juicios abreviados o la sospechosa desestimación del SII a última hora. Fue como que la clase política hubiera expiado todas sus culpas a través de Novoa y Orpis.

Con un perfil de prensa muy bajo aún, en el último mes hemos ido conociendo diversos casos que han traído de vuelta el fantasma de la corrupción política. En Iquique –gracias a un reportaje de C13– pudimos ver imágenes de cómo la autoridad política de la región, el exintendente Miguel Ángel Quezada, en el momento más dramático de la pandemia –2020, Gobierno de Sebastián Piñera–, se dedicaba a comercializar las cajas de alimentos destinadas a las personas más necesitadas. En la misma región, aunque en una arista distinta, el excomandante de Bomberos era investigado por una sospechosa licitación de proveedores.

Y ahora el caso del exalcalde Raúl Torrealba, el «Tronco», que regresó a la palestra pese a que hace prácticamente un año que se conocía su situación y que, curiosamente, había desaparecido de la prensa casi en paralelo a sumergirse en una de sus propiedades en el sur. “Caso cerrado”, hasta la semana pasada, cuando La Tercera reveló que la defensa del imputado –acusado por desfalco de 2.300 millones de pesos a la Municipalidad de Vitacura– acusaba a otro exalcalde y exintendente –también de Piñera, como Quezada– del mismo partido, Renovación Nacional, Felipe Guevara, de ser el autor del sistema de recaudación ilegal.

En resumen, estos dos exalcaldes RN triangulaban plata en efectivo a través de varias organizaciones de la comuna –las “Vita”–, dineros que iban a parar al bolsillo directo de estos exjefes comunales y, también –según los abogados del «Tronco«–, de varios concejales del mismo partido.

La denuncia no solo es gravísima, sino que además compromete –una vez más– la fe pública en nuestros políticos, dañando a justos por pecadores. Pero lo que llama profundamente la atención es que el partido de ambos, Renovación Nacional, no haya emitido una palabra acerca del caso, hasta el día de hoy. Sin duda, la negación es un mecanismo de defensa que puede traerle mayores consecuencias a una colectividad que viene hace rato presentando dificultades, incluidas las peleas internas –con Desbordes como protagonista–. ¿No sería esperable que RN hubiera salido al paso con fuerza a condenar los hechos y tomar distancia de los involucrados en el caso?

Creo que el caso Torrealba puede ser, nuevamente, la punta del iceberg de un problema que cruza de manera transversal a nuestra clase política, justo en momentos en que los partidos han vuelto a tomar un protagonismo insospechado en la agenda –a propósito de la segunda parte del proceso constitucional–, pese a que siguen siendo una de las instituciones con la peor reputación del país. ¿Por qué no ha existido una condena frontal, no solo de Chile Vamos sino incluso de los partidos oficialistas, al desfalco de 2.300 millones en la comuna de Vitacura? Curioso, por decir lo menos.

De ahí que es fundamental que la justicia avance de manera rápida para aclarar cómo fue posible un robo de esta magnitud. ¿Hasta dónde es posible rastrear el origen de este escándalo, desde cuándo “opera” el mecanismo y el alcance de los involucrados? ¿Desde cuándo Torrealba tenía montado este negocio, considerando que fue alcalde durante 25 años, entre 1996 y 2021? ¿Cuántos concejales son parte de esta asociación ilícita? ¿Qué rol cumplía el controvertido Guevara? ¿Podría haber hecho extensivo el sistema a Lo Barnechea u otros municipios dirigidos por alcaldes RN?

Los vecinos de Vitacura merecen transparencia, saber cómo se desfalcó esa cantidad de millones, pero, especialmente, el país merece transparencia. Este es un caso gravísimo como para que una parte de la prensa haga oídos sordos y un partido tan importante como Renovación Nacional mantenga un silencio que solo provoca que surjan especulaciones, que no le hacen nada de bien a la deteriorada política chilena.

El regreso de la corrupción política, la desconfianza de la gente hacia los partidos, la desconexión de nuestros políticos con la ciudadanía y la sociedad civil, y el caso La Polar, nos hacen recordar que los ciclos se van repitiendo en Chile de manera mucho más frecuente de lo que pensamos, pese a nuestra amnesia colectiva. Como en aquella genial cinta de Jim Carrey: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.