¿La tercera es la vencida? Aprendizajes de procesos constituyentes pasados

Chile enfrentará un tercer intento por reemplazar la Constitución vigente. El primer intento lo hizo Michelle Bachelet (2014-2018), que activó un proceso participativo para definir ciertos principios y prioridades y, posteriormente, la elaboración de una propuesta de reforma total a la Constitución elaborada por el Poder Ejecutivo y que fue archivada por el Congreso Nacional. El segundo proceso fallido acabamos de experimentarlo (2020-2022) y se caracterizó por un alto nivel de involucramiento ciudadano a través de las urnas (plebiscito de entrada, elección de constituyentes y plebiscito de salida), además de una serie de innovaciones en materia electoral y de participación.

El tercer intento en curso, de modo esperable, puede ser interpretado como una respuesta a las dificultades percibidas en el proceso inmediatamente anterior. Si en el anterior se confió abiertamente en los independientes, en esta oportunidad se les cierra la puerta a un proceso que estará más controlado por los partidos. Si en el anterior proceso se confió en que una Convención soberana debía escribir un nuevo texto, ahora se diseñó un modelo mixto que combina experticia definida desde el Congreso con representantes electos por la ciudadanía. Si en el anterior se avaló la participación de pueblos indígenas en virtud de su proporción a nivel de la población, ahora se limitará a sus capacidades de movilización electoral.

Este nuevo diseño busca reflejar el balance y distribución de fuerzas políticas presentes en el Congreso y, al mismo tiempo, generar ciertos bordes comunes o mínimos para el debate constitucional. Independientemente de la evaluación positiva o negativa que se tenga respecto de esta nueva fórmula que se ensayará, existen ciertos aprendizajes pasados que sería bueno mantener en mente, en lo que será un nuevo año crucial para la democracia chilena.

Primero, el sistema político aprendió que resultaba altamente negativo permitir un proceso con voto voluntario en el plebiscito de entrada y elección de constituyentes y con voto obligatorio en el plebiscito de salida. Esa regla provocó una enorme distorsión inicial; tan enorme que la mayoría de los actores asumió, por ejemplo, que el 80% de la ciudadanía quería cambiar la Constitución, cuando en realidad esos 5,8 millones de votos que se inclinaron por el Apruebo en el plebiscito de entrada representaban al 40% de la ciudadanía habilitada para votar. Todavía más, el 76% de las fuerzas de centroizquierda representadas en la Convención representaban apenas el 33% de la ciudadanía habilitada para votar. Esta distorsión en la representación nos entrega una lección muy simple: cualquier proceso que se inicie debe considerar la misma norma al inicio y final, para reflejar de este modo el mismo universo de electores. La aprobación del voto obligatorio por parte del Congreso es una buena noticia y esperemos que se apruebe rápidamente una ley que establezca las sanciones correspondientes por inasistencia a votar.

Segundo, aunque el proceso constituyente recién finalizado permitió la activación de varios mecanismos de consulta ciudadana, una de las mayores frustraciones es la brecha que se produce entre esas dinámicas de consulta y lo que se debate en los órganos de representación. Las experiencias pasadas –de Bachelet y de la Convención–muestran que el talón de Aquiles de los mecanismos de participación han sido la carencia de instrumentos efectivos de retroalimentación.

Así, en el proceso que se inicia debe evitarse a toda costa una dinámica en la que se invita a participar, se abren canales de participación y, luego, se desvanece todo ese esfuerzo en las intensas negociaciones en los pasillos del Consejo Constitucional. Los dispositivos de participación debiesen generar una secretaría técnica profesionalizada, que emitiera informes periódicos públicos para mostrar cómo las consultas ciudadanas se van concretando en el texto.

Pensemos en las Iniciativas Populares de Norma, por ejemplo, que son retomadas para este nuevo proceso. En el anterior proceso se estableció un instrumento que activó a más de 1 millón de ciudadanos que firmaron iniciativas. La Convención tenía la obligación de debatir las que alcanzaban cierto umbral de patrocinios, pero varias de ellas altamente votadas por la ciudadanía fueron rechazadas en Comisión. En esta oportunidad podría imaginarse un sistema de “rechazo fundado” en Comisión, de modo de establecer un mecanismo para que los integrantes del Consejo deban justificar, ante quienes firman tales iniciativas, el eventual rechazo de una propuesta. Generar espacio para la consulta ciudadana sin una retroalimentación efectiva, es una invitación a la frustración ciudadana.

Tercero, el actual proceso ya en curso debe considerar el deber de consulta a los pueblos indígenas establecido por el Convenio internacional 169 de la OIT. ¿En qué etapa se organizará dicha consulta? ¿Se realizará antes de contar con borradores o una vez que se tenga un primer borrador de los expertos en junio? ¿A quién le corresponde organizarla? ¿Qué efectos tendrá en la elaboración de la Constitución? ¿Sobre qué ámbitos se consultará? El tema no es menor, pues involucra recursos, definiciones políticas y logísticas que son cruciales para mejorar la legitimidad del proceso. Recordemos que en los dos procesos fallidos anteriores se ensayaron procesos de consulta indígena—uno que terminó no siendo considerado por las autoridades en la elaboración del borrador constitucional que fue presentado en marzo de 2018 y un segundo que se hizo en un par de semanas y que involucró menos de 8 mil personas–.

Cuarto, la necesidad de establecer una institucionalidad que atienda a aspectos administrativos y logísticos del proceso es clave, tal como lo demostró el proceso recién pasado. Se requiere contar con una secretaría técnica de participación, una secretaría de comunicaciones y una instancia administrativa que permita operacionalizar las múltiples actividades que realizará la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional. Para que la tercera sea la vencida, se requiere evitar las improvisaciones y definir cuanto antes una estructura de funcionamiento que sea eficiente y dé garantías a todos los sectores.