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Gobernanza y cumplimiento ambiental Opinión

Gobernanza y cumplimiento ambiental

María Soledad Alonso Baeza
Por : María Soledad Alonso Baeza Abogada de la Universidad Diego Portales. Diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la PUC. Consultora de cumplimiento normativo y gobiernos corporativos en RAM Abogados. Docente en diplomados de varias universidades.
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La batalla judicial de Australis ha puesto el foco de atención en toda la industria salmonera, pues, de acuerdo con los datos de la SMA hasta 2023, son varias las empresas salmoneras con procesos sancionatorios por sobreproducción e incluso reincidentes. Con el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la SMA, una mano más dura y eventuales imposiciones de mayores sanciones, la industria ha optado por autodenunciarse y ofrecer planes de cumplimiento.


La industria salmonera en Chile ha hecho noticia a propósito de la pugna judicial entre el antiguo dueño de Australis –Isidoro Quiroga– y los actuales propietarios de esta –el grupo chino Joyvio–, quienes además de autodenunciarse ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por sobreproducción, acusan engaño de Quiroga al momento de la venta, denunciando que no se les habría revelado información de la sobreexplotación de esta, por lo que habría sido imposible valorar la compañía respecto de su real situación en materia de cumplimiento ambiental.

A raíz de la autodenuncia, la SMA inició cinco procedimientos sancionatorios contra la empresa por sobreproducción en Aysén y Magallanes, ya que habría explotado más allá de lo autorizado en sus permisos ambientales entre 2016 y 2022. Sin embargo, la SMA no acogió la autodenuncia respecto de dos Centros de Engorda de Salmones (CES), porque ya se encontraba investigando la sobreexplotación previamente. Cada CES tiene un máximo de producción que fija la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), los cuales fueron superados según pudieron constatar los organismos fiscalizadores.

La batalla judicial de Australis ha puesto el foco de atención en toda la industria salmonera, pues, de acuerdo con los datos de la SMA, hasta 2023 son varias las empresas salmoneras con procesos sancionatorios por sobreproducción e incluso reincidentes. Con el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la SMA, una mano más dura y eventuales imposiciones de mayores sanciones, la industria ha optado por autodenunciarse y ofrecer planes de cumplimiento.

Cabe destacar que –de acuerdo con los expertos–, aunque no hay estudios detallados sobre el alcance del impacto en la biodiversidad producto de la sobreproducción de salmones por encima de la norma permitida, sí existe consenso en que aumenta los riesgos de generar “condiciones anaeróbicas” en los fondos marinos, es decir, falta de oxígeno en el agua, lo que provocaría la extinción de un sinnúmero de especies. Otro factor de riesgo importante son las grandes cantidades de materia orgánica que generan las granjas de salmón, por las fecas de los peces y alimentos no consumidos que se acumulan en el lecho marino, pudiendo incrementar el crecimiento de microalgas tóxicas o mareas rojas, entre otros impactos negativos que amenazan la biodiversidad.

No cabe duda que la producción y comercialización del salmón ocupa un lugar relevante en el desarrollo socioeconómico del país con exportaciones que solo superan el cobre y el litio. Por lo anterior, y a pesar de que la preocupación por el cumplimiento en Chile reaparece cuando se agudizan las fiscalizaciones y sanciones, las empresas salmoneras tienen aquí una oportunidad que les permita ir más allá de las declaraciones bienintencionadas en sus reportes de sostenibilidad y generar confianza para todos los grupos de interés.

En efecto, quienes han inclinado definitivamente la balanza hacia el desarrollo sostenible son los inversionistas que, requieren cada vez más, información sobre cómo las compañías están integrando en la estrategia de sus negocios los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Así, no solo se conforman con la divulgación de esta información para tomar sus decisiones de inversión, sino que, además, muchos de ellos esperan invertir en aquellas compañías que tengan un impacto positivo en el medioambiente, marcando así un sello diferenciador.

Y es aquí donde la gobernanza de la empresa adquiere un rol crucial, puesto que define los propósitos, principios y valores de la compañía, fijando los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo de esta. Si la empresa no cuenta con una gobernanza madura, que ponga el “tono” (tone at the top) del desarrollo sostenible –los ESG– en el corazón de la estrategia de sus negocios, no podrá integrar una sostenibilidad que dé respuesta a un mercado que se rige bajo rigurosos estándares internacionales. Así por lo demás está establecido en la NCG 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a propósito de la reportería integrada obligatoria para todos lo emisores inscritos en el Registro de Valores.

Con estas nuevas exigencias, los gobiernos corporativos de las salmoneras tendrán que redefinir su propósito para ajustarse a este nuevo paradigma y recordar que, el tiempo de la maximización de las utilidades como único objetivo, dio paso a un enfoque en que la empresa no es solo un negocio, está conformada por un conjunto de seres humanos que realiza una actividad cuyas expectativas por parte de la comunidad y todos los interesados es que sea un aporte.

¿Qué mejor aporte que utilizar los recursos de manera eficiente y razonable para no comprometer a las generaciones venideras? Es hora de elaborar, medir y poner en acción los programas de cumplimiento en serio, es decir, eficientes y eficaces de la mano de la gobernanza de la empresa. La mirada de largo plazo es la que finalmente termina redituando más a las empresas. Está demostrado que el costo de incumplir es excesivamente más oneroso que el de cumplir.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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