Opinión
La precaria situación previsional en que subsisten los mayores, las carencias en oportunidad y calidad de los servicios sociales y de salud, la ausencia de normas, control y supervisión de dispositivos de cuidados debiesen ser elementos lo suficientemente alarmantes para un cambio radical en la forma en que garantizamos los derechos y atendemos las necesidades de una población en aumento sostenido.
Hoy 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Es oportuno reflexionar sobre la situación de las personas mayores.
Las personas mayores consideran que el maltrato se evidencia como abandono (aislamiento, desamparo y exclusión social), violación de derechos (humanos, legales y médicos), privación (de opciones, de toma de decisiones, de situación social, de gestión económica y de respeto). Asocian también como formas de maltrato los recortes presupuestarios, prioridades erróneas en el gasto público, reducción en la asistencia de salud y escasa supervisión de instituciones de atención sociosanitarias (residencias, centros y servicios). Junto con ello, y calificando como una forma de maltrato muy compleja la ausencia de roles en la vejez y la frustración de vivir en una sociedad que los invisibiliza.
En este contexto, es fundamental mencionar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Instrumento regional que recopila los esfuerzos más actualizados de los países para definir y delimitar la violencia, el maltrato y la discriminación hacia las personas mayores. La Convención establece que cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, se considera violencia. Además, reconoce como violencia distintos tipos de abuso, incluidos el financiero y el patrimonial, y puede tener lugar dentro o fuera del ámbito familiar e institucional.
La Convención a la cual adscribe nuestro país aborda el maltrato como un problema de derechos humanos. Reconoce que todas las esferas de la vida de las personas pueden verse afectadas y que es responsabilidad del Estado abordar estos ámbitos para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
La precaria situación previsional en que subsisten los mayores, las carencias en oportunidad y calidad de los servicios sociales y de salud, la ausencia de normas, control y supervisión de dispositivos de cuidados debiesen ser elementos lo suficientemente alarmantes para un cambio radical en la forma en que garantizamos los derechos y atendemos las necesidades de una población en aumento sostenido. Resulta paradójico que ni siquiera se cuente a la fecha con una institucionalidad con facultades jurídicas en materia de protección y recursos suficientes.
En conclusión, invito a reflexionar en que todas las formas de maltrato, violencia y discriminación contra los mayores se sustentan sobre una estructura social que lo permite y una imagen social de la vejez que lo perpetúa.
