Opinión
Este crítico momento de una mala percepción de nuestra democracia se ve agravado por una ola pinochetista que, a 50 años de 1973, usa este momento para reivindicar y dar razón a un golpe de Estado que dio origen a una dictadura, corrupta y con un legado de abuso de las arcas de la nación que hasta el día de hoy se sigue esclareciendo.
El escándalo que investiga la Fiscalía de Antofagasta busca esclarecer la transferencia de fondos públicos para temas relacionados con viviendas y campamentos a una fundación que, sin tener mayor especialización en el área, recibía cuantiosas sumas de dinero para la realización de proyectos. El revuelo es tal, que ya ha costado varios cargos, hubo un allanamiento a la sede de la cuestionada fundación Democracia Viva en Ñuñoa, y mantiene en el ojo público a varios personeros del Gobierno. Parte esencial del cuidado de la democracia es mantener instituciones que promuevan y administren fondos públicos y donaciones bajo principios de probidad. Esto se vuelve esencial cuando, como en el caso de Chile, la percepción de confianza en el sistema político y las instituciones públicas atraviesa un momento especialmente complicado.
Al momento de medir la calidad democrática de un país, y en general cuando se busca evaluar la transparencia de un aparataje estatal, se utilizan distintos parámetros que sirven como signos para conocer los niveles de probidad y accountability de una determinada gestión gubernamental. Uno de los indicadores más importantes para esto es, precisamente, estar constantemente evaluando los niveles de corrupción, transparencia e integridad de las instituciones públicas y privadas del país involucradas en el funcionamiento de su democracia.
En Chile el momento político actual es fundamentalmente complejo si se analiza la opinión pública. Por ejemplo, la encuesta CEP de noviembre-diciembre de 2022 mostraba que, en contraste con años anteriores, las personas encuestadas manifestaron una baja significativa en su confianza hacia la democracia, y aumentó la preferencia hacia gobiernos autoritarios en ciertas circunstancias. Además, la reciente encuesta Cerc-Mori reveló que un 36% de los entrevistados considera que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar un golpe de Estado”, en función de una decepción y desconfianza en las actuales instituciones democráticas en materias de seguridad pública, calidad de la gestión del gobierno y honestidad del sistema político. Ambas encuestas, si bien no son determinantes en el curso que pueda tomar nuestra actual democracia, sí son barómetros sensibles de señales críticas a nuestro sistema político y la integridad de las instituciones que hemos construido en los últimos 33 años.
Como se planteaba, una característica importante para el cuidado de la democracia es el rol que cumple la probidad de las instituciones públicas y privadas. Ocupar una fundación para recibir fondos públicos no correspondidos, y que su nombre sea “Democracia Viva”, instala una paradoja o una ironía que solo deteriora aún más una desalentadora percepción que la ciudadanía tiene de nuestra democracia, en un complicado momento en que, en función de una deficiencia en la gestión y calidad de los principios que guían la creación de agencias que cooperan con el Estado y el Gobierno en políticas públicas, son usadas como argumentos para desestimarla y revitalizar peligrosas revaloraciones de la dictadura.
Este crítico momento de una mala percepción de nuestra democracia se ve agravado por una ola pinochetista que, a 50 años de 1973, usa este momento para reivindicar y dar razón a un golpe de Estado que dio origen a una dictadura, corrupta y con un legado de abuso de las arcas de la nación que hasta el día de hoy se sigue esclareciendo.
Por tanto, es obligación atender e investigar todas aquellas situaciones que dañan la transparencia de las instituciones públicas y la capacidad de producir accountability en nuestra actual democrática. Por lo que el caso de la fundación Democracia Viva será esencial no solo para esclarecer responsabilidades respecto de traspasos de fondos públicos a esta entidad, sino también para atender un punto clave al momento de comprender que la democracia se fortalece con instituciones capaces de mostrar gestiones íntegras y públicamente conocidas, y así, en lo posible, recuperar las confianzas perdidas con sectores sociales cada vez más alejados de la política y que, ante una crisis contingente y coyuntural, construyen nostalgias sobre la base de relatos ficcionales que blanquean la imagen de un sistema dictatorial que, en contextos normales, de estabilidad política y prosperidad económica, sería impensable anteponer como ejemplo de orden y eficiencia frente a cualquier sistema democrático moderno.
