La Constitución como clausura

Con la posición que han adoptado los consejeros del partido Republicano, la probabilidad de que se rechace la propuesta de Nueva Constitución aumenta. De aprobarse las enmiendas que promueven, se desecharán algunos de los mínimos comunes alcanzados por la Comisión Experta, y se introducirán principios e instituciones respecto de los cuales existen profundos desacuerdos en nuestra sociedad. Pero, además, se eliminarían todas las instituciones que habrían permitido la participación y deliberación ciudadana en un plano de igualdad, entre ellas, la llamada paridad de “salida”, los foros deliberativos y las iniciativas popular de derogación de leyes.

Es cierto, nadie puede negar la legitimidad democrática del Consejo Constitucional, ni de las mayorías alojadas en su interior. El problema es que se trata de una mayoría contingente que busca blindar su “conquista”. ¿Cómo? Mediante el establecimiento de una Constitución rígida que fija el quorum general de reforma en 2/3, y que excluye cualquier tipo de participación ciudadana en el proceso de reforma constitucional.

A ello se suma la disminución del número de integrantes de la Cámara de Diputados (lo que podría generar una importante distorsión en el sistema de representación), la reposición del control preventivo y sustantivo de constitucionalidad, y eventualmente, la eliminación del procedimiento de reemplazo total de la Constitución.  

La consecuencia es fácil de advertir. De aprobarse las enmiendas promovidas por Republicanos y luego la propuesta de Nueva Constitución, se producirá la constitucionalización de sus “conquistas”. ¿Es esto realmente problemático? Desde luego, en un sistema democrático los desacuerdos se resuelven echando mano a la regla de la mayoría, de suerte que poco habría que objetar en este sentido.

El problema, debe advertirse, es, en parte, de índole procedimental. En el marco de una Constitución rígida, sin mecanismos de participación ciudadanía, en un contexto de crisis de representación y de fragmentación del Congreso, el cambio constitucional a través de los procedimientos formales se torna altamente improbable.

Nótese que el quórum de 2/3 no sólo es exagerado, sino que es muy superior al que requieren los consejeros para aprobar las enmiendas (3/5, según el Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional). Aquí radica buena parte del problema. 

Cuando los ciudadanos quieran revisar en el futuro ciertos acuerdos adoptados en el marco del proceso en curso, verán que no disponen de procedimientos institucionales efectivos para hacerlo. Ni ellos, ni sus representantes.

De ser este el escenario, la Constitución aparecerá –nuevamente– clausurando el debate, impidiendo que se habiliten espacios de conversación y de revisión de los acuerdos adoptados en un momento dado. El problema se convertirá en ese momento en uno de legitimidad democrática. ¿Cómo justificar el anquilosamiento de las decisiones adoptadas por mayorías contingentes, ya extintas por el paso del tiempo? Como se observa, la legitimidad de la Constitución no solamente depende las condiciones y los procedimientos que le dan origen, sino de la posibilidad permanente de revisarla.

A la clausura constitucional, se le opone la apertura constitucional. Esto es, la garantía de que los ciudadanos pueden revisar su Constitución, según los dramas propios de su tiempo y las necesidades cambiantes de la vida social, todo ello, a través de diálogos inclusivos y extendidos en el tiempo. Pero para ello se requieren mecanismos institucionales que la propuesta no contempla suficientemente, y que las enmiendas buscan eliminar totalmente.