Pensiones: hoy más lejos que nunca

La marcha denominada como “la más grande de Chile”, que ocurrió el 25 de octubre de 2019 en el contexto del denominado estallido social del mismo año tiene – lastimosamente – tuvo otra característica: ha sido la más infructuosa, visto retrospectivamente. Hoy, a casi cuatro años de ese evento, la posibilidad que las mayorías ciudadanas alcancen condiciones de mayor equidad y acceso a la riqueza generada por el país, son inmensamente menores a las que en ese momento se vislumbraron. Y es que, entre medio, han acaecido hechos que son el resultado de una  combinación de factores entre los cuales los errores incurridos por la actual coalición gobernante gravitan mucho.

Las personas que marcharon el día mencionado, lo hicieron mayoritariamente enarbolando reivindicaciones concretas, de entre las cuales las pensiones (eliminación de las AFP) ocupó un lugar prioritario. Quizás fue la demanda más claramente expuesta. Y hoy, esa aspiración está más lejos que nunca anteriormente de lograrse. 

Por razones que están por dilucidarse aún, la clase política – casi unánimemente – tradujo todas las aspiraciones a una, que apenas figuró en las consignas: una nueva Constitución. Y desde entonces, todas las cartas se jugaron a ese único objetivo. El resultado es conocido y puede todavía empeorar, porque las distintas fuerzas reaccionarias están envalentonadas y apuestan a ir por más.

Las fuerzas progresistas están pagando las consecuencias de al menos dos errores importantes.

Uno: no haber sido capaces de dar conducción a las manifestaciones habidas durante el estallido, dejando que estas se dieran en un contexto de casi anarquía, con gran presencia de lumpen y consecuentes hechos derechamente delictuales.

Dos: no haber hecho propicia la situación de casi total abatimiento de la derecha económica y política para haber ido entonces, no ahora, por reformas concretas en materias largamente postergadas, pensiones entre ellas. Se debió considerar la larga experiencia que ha ido evidenciando – pero parece que no enseñando – que los costos de subestimar la capacidad de recuperación y afanes de revancha de las fuerzas reaccionarias, son enormes y se traducen, en el mejor de los casos, en retrocesos significativos que lleva años recuperar. 

El gran fracaso que representó para el gobierno el resultado del plebiscito constitucional de 2022, no deja de generar efectos adversos para las aspiraciones de reformas. Pero no se aprendió la lección. El gobierno decidió ir por más y – inexplicablemente para muchos – por un nuevo proceso que se tradujo, a poco andar, en una nueva derrota: mayoritaria elección de consejeros de derecha para redactar una nueva propuesta de constitución o más bien para pronunciarse sobre un texto pre redactado. Por cierto, a estas alturas, poco parece interesar este nuevo proceso a la ciudadanía.

Pero, volviendo al tema  previsional, la situación actual es de casi nulo avance. Resulta casi anecdótico que una votación de la Comisión de Trabajo se haya traducido en un cambio semántico en un artículo. Poco logro para modificar un decreto ley (3.500 d 1981) que rige ya hace 42 años y que creó el sistema de ahorro obligatorio de AFP.

Adicionalmente, la decisión del gobierno de amarrar una eventual modificación al actual sistema previsional a un incremento en la PGU no ha hecho sino imposibilitar avances en los dos temas.

La actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara,  corre el alto riesgo de seguir la suerte de sus antecesores- tres a lo menos- que recibieron igual tarea (sacar adelante una reforma previsional) y no lo consiguieron.

En algún momento se habló de la ministra Jara como la nueva “estrella” del gabinete, pero sabemos que la luz de una estrella puede seguir siendo visible aunque ya hace mucho tiempo haya dejado de existir. La excesiva exposición de la señora ministra y los elogios recibidos hasta de la derecha, no eran gratuitos. Las AFP no se tocan. No por nada son prácticamente el último gran “logro” del neoliberalismo que permanece intacto. Y la creación de la PGU ha contribuido a afianzarlas aún más, porque ha generado la ilusión de que las pensiones en Chile han mejorado y  para determinados sectores, (un representante de la derecha habló de “clases bajas”) sería casi ya un tema resuelto. La oposición, resuelta a impedir el avance de toda reforma al sistema, se ha atrincherado en la ya eterna cuestión de cómo distribuir un eventual incremento de la cotización, con cargo al empleador. Y el gobierno ha caído en esta trampa.

El gobierno ha fallado notoriamente en la explicitación de su proyecto de reforma previsional y parte importante de esa falla es el ya mencionado tratamiento conjunto de mejora en PGU y cambios al DL 3.500 o su derogación, que permita mejorar las pensiones autofinanciadas con cargo a los ahorros obligatorios captados por las AFP. Es necesario señalar que el gobierno cuenta con herramientas administrativas para mejorar estas últimas y ha optado por no utilizarlas. Apostando al todo o nada, de nuevo. 

Así que, si usted marchó por mejores pensiones, quizás esté pensando hoy que lo engañaron y que entonces quizás habrá que repetir el esfuerzo de entonces, pero esta vez estar más atento al actuar de la clase política.