Opinión
Al implementar trámites digitales, la información que entregan los clientes debe ser recibida únicamente por las AFP, a través de plataformas internas y de la asistencia de ejecutivos capacitados para asesorar a los clientes. Estas plataformas deberían ser auditadas y monitoreadas para asegurar la integridad y privacidad de los datos.
A partir del 1 de enero de 2024, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán ofrecer la posibilidad de realizar trámites de forma remota, sin necesidad de acudir en persona. Si bien el ahorro de tiempo para los clientes y las AFP puede ser el principal incentivo para esta medida, también plantea algunos posibles problemas.
Al solicitar, por ejemplo, la pensión de vejez, es común que existan vacíos de información, especialmente para aquellas personas que lo hacen por primera (y posiblemente única) vez. Permitir que estos procesos tan importantes, que determinan los ingresos futuros de cada persona, se realicen con unos pocos clics, sin garantizar que el usuario esté debidamente informado y seguro de encontrarse en un entorno digital protegido, puede ocasionar serios problemas.
Es innegable que la cultura digital en nuestra sociedad no es la más sólida: esto lo evidencia la facilidad con que sitios falsos, como los de retiro de emergencia de los fondos de pensiones o el Bono Covid-19, lograron engañar a muchas personas. Aunque varias organizaciones actualmente ofrecen servicios para mejorar la conciencia interna y evitar ser víctimas de fraudes, mediante campañas contra el phishing, la mayor parte de la población carece de la educación necesaria en este ámbito. Además, estudios indican que las personas mayores de 65 años son más propensas a compartir noticias falsas, lo cual crea un escenario desfavorable para este grupo etario, quienes son los principales interesados en solicitar la pensión.
Al implementar trámites digitales, la información que entregan los clientes debe ser recibida únicamente por las AFP, a través de plataformas internas y de la asistencia de ejecutivos capacitados para asesorar a los clientes. Estas plataformas deberían ser auditadas y monitoreadas para asegurar la integridad y privacidad de los datos. Al facilitar el acceso a todo el público de forma remota, a través de dispositivos que no son auditados ni monitoreados, existe el riesgo de que la información sea captada por sitios falsos de phishing o incluso obtenida por terceros, ya sea a través de malware, extensiones de navegador o permisos otorgados por el usuario a otras aplicaciones sin el debido conocimiento. Es importante destacar que los dispositivos móviles, que son los más utilizados por las personas mayores para acceder a Internet, suelen carecer de antivirus y los detalles de los permisos requeridos por las aplicaciones no suelen ser altamente descriptivos, lo que los convierte en blancos fáciles para la filtración de datos.
Además, esta medida aumentaría el riesgo de llamadas falsas (vishing) que pretendan ser de la AFP, lo cual podría resultar en miles de víctimas que, sin una adecuada educación financiera y en el uso de Internet, podrían generar repercusiones negativas más graves de las que se espera evitar con la medida de realizar trámites sin necesidad de presencia física.
Para mitigar posibles fraudes derivados de facilitar el acceso a este tipo de trámites, que pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, sería necesario, como mínimo, implementar campañas de educación financiera y promover el uso correcto de los dispositivos móviles.
