Opinión
Ante este escenario es fundamental poder determinar claramente la dimensión real y abordar con urgencia la gestión de cupos que permitan atender de manera priorizada a los niños con mayor necesidad, recurriendo tanto al interior de la oferta del servicio, como al sector privado de salud.
Resulta paradójico que, habiendo avanzado nuestra legislación de manera significativa en materia de protección a la niñez, no se verifiquen avances sino más bien se evidencia un cuadro crítico precisamente ante el rol de garante del Estado, respecto de los niños que requieren mayor protección, para lo cual ha sido mandatado por el legislador y en cuyo ejercicio los garantes no han cumplido con diligencia, fuerza y oportunidad.
El sostenido crecimiento de las listas de espera en el Servicio de Protección Especializada es un síntoma de problemas estructurales en la gestión de oferta especializada en calidad y cobertura en población de altísimo riesgo, con un agudo compromiso de su salud física y mental, víctimas muchas veces de trauma complejo. Los datos son contundentes. Entre cuatro y seis mil se estiman las niñas víctimas de explotación sexual comercial infantil, de las cuales solo 1 de cada 5 llegan a la oferta de programas del Estado.
Por otra parte, 30 mil niños –según declara el Servicio– están en una lista de espera para acceder a los programas ambulatorios. Cifra que no calza con la información entregada por representantes del Poder Judicial, en comisión investigadora, quienes señalaron una lista de espera del orden de los 67 mil niños.
Por otro lado, el sistema residencial que atiende a cerca de 4500 niños privados de cuidados parentales, enfrenta una de sus mayores crisis con el cierre progresivo de residencias, al no poder cumplir con las obligaciones derivadas de requerimientos judiciales para acoger a niños de perfiles de un riesgo mayor a los de su diseño de atención, para los cuales no tienen ni capacidades técnicas ni oferta ambulatoria disponible.
Es más, el modelo de acogimiento familiar descansa en el 80% de los casos en la familia extensa, es decir, en parientes que se pueden hacer cargo de un niño que ha sido separado de cuidados parentales por orden del tribunal. En consecuencia, el modelo requiere cambios sustantivos que le permitan la especialización en distintos perfiles de riesgo, el apoyo técnico en base a una oferta con evidencia a los cuidadores temporales, un conjunto de prestaciones en materia de salud física y mental y, por supuesto, un financiamiento que permita dar soporte efectivo a las necesidades de las familias, además de fortalecer los programas de reunificación familiar con las familias de origen, entendiendo que el acogimiento es siempre una solución de carácter temporal.
Por último, la instalación de las oficinas locales de la niñez, hoy deben proporcionar una oferta preventiva y de calidad disponible a nivel local de manera oportuna y completa para hacer frente a los factores de riesgo y evitar la cronificación que desencadene graves vulneraciones de derechos. Sin embargo, la instalación de estos dispositivos ha sido limitada y no se cuenta con un modelo anclado en oferta territorial. Tampoco se cuenta con la disponibilidad de los reglamentos necesarios para que actúen con la potestad administrativa que se requiere ante el intersector.
Ante este escenario es fundamental poder determinar claramente la dimensión real y abordar con urgencia la gestión de cupos que permitan atender de manera priorizada a los niños con mayor necesidad, recurriendo tanto al interior de la oferta del servicio, como al sector privado de salud.
La respuesta del Estado y los garantes no es consistente con el grave riesgo que enfrenta la niñez más vulnerada, la que enfrenta el involucramiento delictivo, el consumo de alcohol y otras drogas, la explotación sexual y laboral, la exclusión educativa, el abandono del sistema de protección y un doloroso conjunto de otras graves vulneraciones. En este contexto, no se entiende la demora en designar a quien encabece la Defensoría de la Niñez por los próximos 5 años. No se entiende que, habiendo un marco legal muy distinto a los de años anteriores, las voces de quienes deben garantizar el bienestar y los derechos de la niñez no tengan la verdadera fuerza para cambiar esta trayectoria y dejar de llegar tarde cuando hipotequemos el futuro de generaciones.
