Opinión
No cabe duda que en las próximas semanas el debate público, al calor de las encuestas y de la sensación ambiente, estará especulando sobre los costos de un segundo fracaso (al hilo) constitucional (caso único en el mundo).
La clase política está metida en un socavón que amenaza con deteriorar, aún más, sus cimientos de legitimidad. Se trata del socavón constitucional, mismo que Piñera dejara al descubierto el año 2019 con tal de salvar su cargo en momentos en que hasta los matinales le pedían la renuncia. Entonces, aquellas difusas demandas país intentaron canalizarse a través de un proceso que prometía ser la bala de plata que llegaría a terminar con las injusticias de “30 años”. Dicho de otro modo, Piñera convenció al Parlamento, a los partidos oficialistas y a la oposición (salvo al PC y Republicanos, que estuvieron en contra del acuerdo del 15 de noviembre), de lanzar la Constitución de Lagos (las profundas reformas del 2005 desfiguraron el texto inicial de la comisión Ortúzar) al volcán para calmar esas misteriosas fuerzas sociales que amenazaban su periodo presidencial. Desde entonces, los abogados constitucionalistas (junto a la pandemia) comenzaron la eficiente labor de extinguir el fuego de la revuelta con la siempre enredada y sombría retórica del derecho.
Cuando nos aproximamos a un nuevo 18 de octubre, fecha que simboliza el comienzo del denominado estallido social, casi nada queda de aquellas energías que por esos días poseían a gran parte de la población. Por el contrario, los vientos culturales de la hipermodernidad (y la coyuntura mundial) han hecho que gran parte del país mire con repudio la furia callejera de aquellos días del 2019. Es cosa de ver las recientes encuestas donde un gran porcentaje de ciudadanos dice comulgar con la tesis del “golpe no tradicional” instalada recientemente por Piñera (véase la reciente encuesta Pulso Ciudadano).
Pero si bien la ciudadanía quitó hace rato el piso moral a aquel momento de revuelta, el portal constitucional siguió ampliando el socavón de la política y dejando en la pendiente, no solo a los partidos, sino también a organizaciones no gubernamentales, colectivos por el derecho al agua, pueblos originarios, “octubristas”, comunistas y republicanos. Todos quienes se metieron al edificio de la política prometiendo salvarla del derrumbe a partir de un cambio de Constitución, quedaron apuntados con el dedo ciudadano por haber saturado el debate público con la palabrería normativa, en un tiempo donde las urgencias del día a día parecen requerir de soluciones concretas, en fácil y en el corto plazo.
Y quedaron apuntados por el dedo de la indescifrable ciudadanía actual, misma que ahora está obligada a votar, nuevamente, por un mamotreto de normas, al igual que el 04 de septiembre del año pasado, cuando las izquierdas locales experimentaron una de las mayores desilusiones de su historia. Entonces, quienes se creían mensajeros de la revuelta social, vieron cómo el nuevo país, el del voto obligatorio, se les aparecía como una hiena en el desierto.
Ahora las encuestas proyectan (en la reciente encuesta Cadem la opción “a favor” se desploma hasta el 19%) una nueva derrota. Es indudable que esta vez la derrota será asociada a la derecha del Partido Republicano, quienes creyeron ser los mensajeros del voto del anterior Rechazo y de la elección de consejeros constitucionales, llevando al papel magno una especie de programa de gobierno con el sello de Kast. Se trata de un nuevo trastorno de realidad en medio del desierto de las ideologías: a casi dos meses del plebiscito las hienas nuevamente comienzan el burlón merodeo a la clase política.
No cabe duda que en las próximas semanas el debate público, al calor de las encuestas y de la sensación ambiente, estará especulando sobre los costos de un segundo fracaso (al hilo) constitucional (caso único en el mundo). Unos saldrán diciendo que será un costo a pagar por las derechas, otros apuntarán al Gobierno como principal damnificado y, por supuesto, las palabras de buena crianza, esas que abundan en la política, comenzarán a decir, una y otra vez, que un arrasador triunfo de la opción “En contra” será un fracaso para toda la clase política (lo que de seguro animará a la ciudadanía a votar por esa opción).
Mientras eso pasa frente a las cámaras, en los rincones del edificio de la política gran parte del oficialismo y de Chile Vamos sobará sus manos a la espera del fracaso, aun cuando esto signifique quedar con la actual Constitución de Pinochet (en sus páginas simbólicas) y Lagos (en sus páginas reales).
El fracaso constitucional de Chile emergerá como un caso a estudiar en las escuelas de Derecho de las universidades de todo el mundo y muy pronto saldrán documentales y mucha literatura sobre la recauchada actual Constitución y su capacidad de sobreponerse a dos plebiscitos en pleno siglo XXI. Es probable que nuestro caso sea el ejemplo con que políticos de otras latitudes apaciguarán las ansias constituyentes de las futuras ciudadanías con malestar.
Resulta curioso que las fuerzas políticas (los expertos instalados por los partidos políticos y los consejeros electos democráticamente) que están redactando este nuevo intento constitucional insistan en seguir ensanchando un socavón en medio del arenoso país actual. En una de esas, resultaría menos dañino, para toda la política y sus instituciones, dejar de perseverar en reparar los cimientos del edificio montado sobre la arena cultural del presente. Los últimos acontecimientos dejan en evidencia que, nuestra clase política, de izquierdas a derechas, no está preparada para construir sobre un terreno que le es desconocido e incalculable.
