Opinión
Si bien la participación de las juventudes estuvo presente en el primer borrador, este segundo proyecto ha estado marcado por una omisión de las voces del mañana.
Desde sus inicios, en noviembre de 2019, el proceso constituyente que recién se iniciaba se proyectaba como una canalización institucional a las manifestaciones sociales –iniciadas por estudiantes secundarios– que, por ese entonces, expresaban el descontento a un sistema político y económico heredado de la dictadura.
Con el fracaso del primer borrador constitucional y las polémicas que resaltaron mediáticamente en el primer proceso, se buscó una nueva Constitución en un organismo caracterizado por la participación de expertos y elecciones ganadas mayoritariamente por la extrema derecha.
A días de votar el segundo borrador, las cifras proyectan una sostenida pero impredecible votación mayoritaria “En contra” del proyecto del Consejo Constitucional. La encuesta UDP-Feedback perfila el voto “En contra” principalmente en personas de entre 18 y 39 años. El criterio de edad es especialmente importante, considerando que los procesos de implementación y modificaciones constitucionales son de largo plazo, y seremos las personas de este rango etario quienes en un futuro tendremos el trabajo de analizar y evaluar los resultados de este texto constitucional.
Distintos centros de pensamiento han manifestado que la nueva propuesta de Constitución es profundamente regresiva, afectando gravemente la democracia, derechos humanos y libertades civiles. Es preocupante evidenciar que muchas de las conquistas y derechos que han tomado tanto tiempo lograr en la transición democrática puedan estar en peligro.
Las generaciones que hemos nacido en las tres décadas que ha durado esta transición, hemos aprendido que la democracia, si bien es perfectible y con algunas limitaciones, es por sobre todo un valor y una construcción social y política irrenunciable. No hay dobles lecturas o ambigüedades al respecto, nada nos garantiza mayor gobernanza y estabilidad para el futuro que preservar y ampliar el actual sistema democrático. Cualquier regresión es combustible para un nuevo conflicto y crisis social.
Si bien la participación de las juventudes estuvo presente en el primer borrador, este segundo proyecto ha estado marcado por una omisión de las voces del mañana. Las mismas voces que han marcado la agenda en distintos años de cambios y profundización de los derechos civiles, sociales y políticos de los chilenos y chilenas: 2006, 2011, 2018, 2019.
Ese grupo etario ha marcado la pauta de las agendas de los gobiernos en políticas públicas sobre educación, género y equidad social durante estos años, y no puede estar ausente de un proceso constitucional en el que se ha discutido el nuevo marco de principios de una nueva futura democracia. Nuestra presencia y nuestra voz debieran ser oídas en momentos en que el nuevo texto constitucional que se presenta a la ciudadanía amenaza gravemente las luchas que por décadas hemos instalado en la esfera pública y en el Estado.
Está claro que el debate constitucional no terminará con el plebiscito de diciembre próximo. Se apruebe o se rechace el nuevo proyecto de Constitución Política, impondrá la urgencia de mantener la discusión y el debate político, ahora más allá de la agencia de expertos y consejeros. Este nuevo ciclo será el momento para retomar la participación activa de los distintos actores y sectores sociales, excluidos del proceso 2023, especialmente de las generaciones jóvenes que tendremos que coexistir con el legado de los procesos constitucionales que han devenido en el texto actualmente en consulta a la nación.
Nada obsta para que, a mediano plazo, habiendo aprendido de estos años convulsos, se vuelva a replantear un debate constitucional que garantice el fin de los clivajes dictatoriales, y nos encaminemos a la democracia que nos merecemos.
