Opinión
Crédito: de Marco Schmidt [1] – Fotografía propia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=788009
Una política pública en agroforestería es una medida positiva y es esencial abordar algunos desafíos potenciales.
En la encrucijada de desafíos medioambientales, la agroforestería se presenta como una alternativa prometedora para equilibrar las demandas agrícolas, forestales y la conservación de los recursos naturales. En este contexto, la propuesta de una ley de incentivo a la agroforestería anunciada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el jueves 22 de noviembre, emerge como una respuesta sensata y necesaria para fomentar prácticas agrícolas y forestales más sostenibles y resilientes.
Dejando atrás el Decreto Ley 701, este es un paso en la dirección correcta, pero no podemos dejar de cuestionarnos si las medidas serán lo suficientemente audaces como para impulsar un cambio real y significativo.
La agroforestería, que combina cultivos agrícolas con bosques en un mismo territorio, no solo puede aumentar la productividad de la tierra, sino que también contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático, la conservación del suelo y la biodiversidad. A pesar de sus beneficios evidentes, la adopción de estas prácticas ha sido lenta en muchos lugares debido a barreras económicas y falta de incentivos adecuados.
Una ley de incentivo a la agroforestería debería abordar estas barreras y fomentar la transición hacia prácticas agrícolas e industriales sustentables. Esta legislación debe proporcionar beneficios fiscales y subsidios a aquellos agricultores que implementen sistemas agroforestales en sus tierras. La medida no solo aliviaría la carga financiera inicial para los agricultores, sino que también enviaría un claro mensaje de apoyo a la adopción de prácticas agrícolas sostenibles.
Los incentivos, aunque esenciales, podrían no ser suficientes por sí solos. ¿Qué hay de los desafíos logísticos y burocráticos que a veces obstaculizan la participación de los agricultores en estos programas? ¿Cómo garantizamos que la ayuda financiera llegue a aquellos que más la necesitan? El Estado debe coordinar sus esfuerzos con eficacia y eficiencia. Incentivos que tarden en llegar o servicios de asistencia técnica parciales o que no cubran todos los territorios agroforestales difícilmente generarán complicidad con los ciudadanos. La ley debería establecer programas de capacitación y asesoramiento para los agricultores interesados en la agroforestería. La falta de conocimiento y experiencia es un obstáculo en la adopción de nuevas tecnologías. La provisión de recursos educativos y técnicos ayudaría a superar esta barrera, asegurando una implementación más efectiva y exitosa.
Un segundo elemento sería disponer de créditos verdes, de tipo banca de desarrollo, que apunten a la transformación productiva de los territorios biobasados hacia prácticas de mayor valor agregado en alimentos y en productos del bosque como la madera. En estos últimos, se debe fomentar el buen uso de la madera como material sustentable por excelencia y su aplicación directa en la construcción de viviendas de baja, mediana y gran altura.
La ley debería considerar la creación de una Agencia Nacional de Promoción del (buen) Uso de la Madera y de programas específicos de asistencia tecnológica que, desde agencias como Corfo, fortalezca las capacidades de pymes industriales agroforestales en un enfoque de sostenibilidad, nuevas tecnologías avanzadas digitales e incluso inteligencia artificial, para todo el centro-sur de Chile.
Una política pública en agroforestería es una medida positiva y es esencial abordar algunos desafíos potenciales. Uno de ellos es la necesidad de equilibrar los intereses económicos con los ambientales, asegurando que la legislación no solo beneficie a los agricultores e industriales, sino también garantice la conservación a largo plazo de los ecosistemas.
La agroforestería representa un enfoque holístico y sostenible para la producción de alimentos y de productos del bosque que merece apoyo y promoción. La implementación de una ley de incentivo no solo impulsaría la transición productiva sustentable, sino también demostraría un compromiso con la construcción de un futuro donde agricultura, bosque y conservación trabajen en armonía. Es hora de considerar esta propuesta como una inversión en nuestro propio bienestar a largo plazo y en la salud del planeta que compartimos.
