Un país mejor

Cerró la puerta de su cuarto molesta porque la mamá no la dejó salir. No era la primera vez, la semana pasada tuvo que volver antes de que atardeciera. No entendía por qué, a los 8 años, podía andar en bicicleta con sus amigas hasta más tarde que hoy a sus 15. Su mamá todos los días tomaba el Red para viajar a su trabajo, salía antes de las 6 de la mañana. Esperaba el bus a 200 metros de su casa. El viernes pasado vio cómo desde un auto disparaban a una pareja muy cerca de ella, por poco no fue víctima de una bala loca. Lamentablemente no era la primera vez. Sus vecinos de toda la vida se habían cansado y se habían ido del barrio. No sabía qué hacer, con 2 hijos: uno pequeño y una adolescente, era hora de tomar una decisión. No quería que terminarán presos en su hogar, encerrados, asfixiados, mientras los delincuentes impunemente se apropiaban de los espacios.

Recientemente CLAPES UC dio a conocer el estudio que actualiza las cifras del costo de la delincuencia en nuestro país durante la última década. El informe considera las pérdidas debidas a actividades delictivas en: (a) costos de anticipación, (b) costos de consecuencia y (c) costos de respuesta. Considera costos relacionados con el crimen, como son los gastos en seguridad, en seguros y tratamientos médicos de las víctimas, el ingreso laboral perdido de víctimas y reclusos, y el costo de las muertes por el crimen, entre otros. En términos globales, reporta un mínimo de costos económicos del crimen en Chile de 2% del PIB en 2022, 48% superior al costo (como % del PIB) estimado para 2013 (94% superior medido en dólares de igual poder adquisitivo). Este análisis pone de manifiesto la necesidad de revaluar las políticas de seguridad centradas en estrategias de prevención y respuestas más efectivas. 

La inversión del Estado es –por mucho– inferior a la del sector privado y se hace necesario evaluar si ha cumplido los objetivos planteados. Especial preocupación reviste la capacidad de instalar la prevención social temprana en segmentos de la población que han ido enfrentando mayores factores de riesgos, como la exclusión educativa, el consumo problemático de alcohol y otras drogas, y los problemas de disfuncionalidad familiar.

Asimismo, la oferta pública no da cuenta de resultados efectivos en materia de rehabilitación y de reinserción de las personas con compromiso delictivo, particularmente en el ámbito de la niñez y juventud. No es menor el esfuerzo de cuantificar el costo de la delincuencia y poder visibilizar que, incluso, puede significar todo el crecimiento del país en el mediano plazo. Esto debiera movilizarnos para verificar la calidad del gasto público involucrado y definir prioridades de inversión social que apunten a fortalecer las estrategias que permitan hacer un cambio estructural a la trayectoria de crecimiento que está teniendo el costo de la delincuencia. 

La evidencia internacional ha demostrado ampliamente que la inversión social temprana en la niñez, sin duda, garantiza un mayor retorno e impacto. Hoy, la delincuencia es una amenaza a la libertad, a crecer en un entorno saludable, a volver a jugar en la calle, a una niñez que alcance su máximo potencial, que no tema ir al colegio, a familias que puedan desarrollarse y convivir en comunidad, a luchar juntos contra la pobreza, a romper con la exclusión y la segregación. La delincuencia no nos puede quitar la esperanza de vivir en un país mejor.