Aprendizajes posprocesos constitucionales para el ejercicio de nueva ciudadanía

El cierre del proceso constitucional, emanado de un acuerdo político del poder constituido entre Gobierno y oposición en diciembre del 2022, con los resultados electorales del plebiscito de salida del 17 de diciembre del 2023, donde una mayoría ciudadana votó “En contra” del proyecto constitucional impulsado por las derechas ultraconservadoras y neoliberales del país, pone al centro de la reflexión la incapacidad extendida de la política institucional de no admitir que el ADN de diseño institucional (órganos redactores y plebiscitos de salida) es de su autoría en la forma de los acuerdos políticos de noviembre del 2019 y diciembre del 2022. 

Ello indica que, desde el segundo proceso constitucional, abierto en el acuerdo político del 15 de noviembre del 2019, hasta el cierre del tercer proceso constitucional actual, quien falló no fue el pueblo soberado, sino las élites políticas que nos gobiernan desde La Moneda y el Congreso Nacional. Cuando se convocó al pueblo a participar y votar por el proyecto constitucional presentado por la Convención (2022) y por el Consejo (2023), el pueblo soberano se expresó con contundencia, claridad y determinación. Sin complejos ni conformismos.

La ciudadanía votó NO (Rechazo y En contra) a los proyectos constitucionales de ambos órganos redactores que se impusieron como mayorías circunstanciales en las elecciones de convencionales y consejeros. En ambas ocasiones, el voto del soberano no se inclinó por votar a favor de la Constitución de 1980, porque esa opción nunca estuvo impresa en el voto, sino que fue una derivada de ambos acuerdos políticos, donde la derecha impuso esa consecuencia, entendida como cláusula de cobranza o pasada de cuentas si la ciudadanía se manifestaba por una nueva Constitución. Una especie de último recurso de protección al modelo impuesto.

Raya para la suma, la ciudadanía no ha fallado a cuanta elección se le ha convocado, para aprobar una nueva Constitución. El problema ha sido persistentemente de la clase política o poder constituido al malograr dicha posibilidad en los últimos 7 años. Primero con el proceso abierto por Bachelet, que nunca se decidió –en el ejercicio de su mandato– por plebiscitar las actas sistematizadas en la versión de un nuevo texto constitucional y luego por los acuerdos políticos de Gobierno y oposición en noviembre del 2019 y diciembre del 2022.

No es de extrañar que lo poco virtuoso de los diseños institucionales de los dos últimos procesos tenga que ver con la misma falla genética parida por políticos que piensan primero en el diseño institucional de una solución, donde quienes dominan o creen dominar la cancha decisional son únicamente ellos y sus paradigmas eleccionarios para elegir representantes y redactar constituciones con lógicas partidistas y no con visión de estadistas, pensando en el bien común.

Lo paradójico de la escena actual es que desde Jadue hasta Kast hablan de que la gente está cansada y hastiada del tema constitucional, cuando en realidad es la ciudadanía la que está cansada y hastiada del poder constituido que no ha sido capaz de entender que la democracia se trata de construir consensos, valorar el diálogo y concretar por la vía de la negociación acuerdos cuyos destinatarios y beneficiarios no son los políticos, sino aquellos que ellos dicen representar.

La ciudadanía ha aprendido bastante sobre procesos constitucionales en estos últimos 7 años (2016-2022-2023) y el Estado de Chile ha invertido recursos para implementar tres procesos constitucionales, todos fallidos en su estrategia y objetivo, como ha sido contar con una nueva Constitución, emanada en democracia y que reemplace a la Constitución de 1980. Los aprendizajes de la ciudadanía son variados y ricos en experiencias, tanto a nivel de ejercicios de democracia participativa como de democracia representativa, virtual y presencial. 

De ello, da cuenta la participación de la ciudadanía organizada en los encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y regionales del proceso abierto por Bachelet, así como las asambleas territoriales en plazas, sedes vecinales y espacios públicos a lo largo de país, luego del estallido social y en diversos espacios de participación ciudadana informales y formales, así como la participación durante los procesos constitucionales desde el 2021 al 2023 y en el contexto de los plebiscitos de entrada y salida desde el 2020 al 2023, incluyendo las franjas televisivas que acompañaron cada elección en el marco de los dos últimos procesos constitucionales. 

La ciudadanía, en toda su diversidad, disidencias y heterogeneidad, cuenta con experiencias, conocimientos, aprendizajes, prácticas y valores democráticos demostrables sobre la importancia de una nueva Constitución para Chile, aunque, hoy en día, se imponga por parte del poder constituido y los medios de comunicación la idea de una pérdida de tiempo y recursos, fatiga constitucional, hastío y un refrito de lugares comunes demasiado vulgares para una ciudadanía que ha estado a la altura de los desafíos de un nuevo pacto social en este siglo XXI.

Bajo ninguna base real es acreditable que las chilenas y chilenos optaron dos veces por quedarse con la Constitución de 1980. En ello, se equivocan desde Alberto Mayol a Teresa Marinovic. A la ciudadanía se le impuso un voto muy poco inteligente en pleno siglo XXI (parálisis paradigmática plebiscitaria). Recordemos que, hasta para aprobar la Constitución de 1925, se pensó en tres votos (rojo-azul-blanco) como opciones para quienes en esa época tenían el privilegio de votar. La complejidad de los procesos políticos en estos tiempos amerita avanzar en soluciones de diseño que sean flexibles, sensibles, sostenibles, por sobre el diseño de una solución que nos impone lógicas cerradas de ganar-perder o de perder-perder. 

Como parte de los aprendizajes posprocesos constitucionales, sería interesante que las encuestadoras con mayor rigor metodológico hicieran una medición con una muestra apreciable, para visualizar la orientación del voto sobre proyectos constitucionales, teniendo por opciones: 1. Proyecto Diálogos Ciudadanos 2016/ 2; Proyecto Convención 2022 / 3; Proyecto Comisión Experta 2023 / 4; Proyecto Consejo 2023 / 5; Constitución de 1980. Sería una información relevante sobre una intención de voto más inteligente y relacional de contextos, donde sí o sí optamos por una Constitución legitimada, digna de reformas en tiempos de complejidad.

Producir inteligencia conversacional en Chile es gratis y asegura la calidad de sus frutos en todos los niveles de nuestra diversa sociedad, cuando somos capaces de “comulgar” o comunicarnos fraternamente, atreviéndonos a ir al encuentro del otro, sin dejar de ser lo que somos. Solo basta estar dispuestos al aprendizaje. Nunca es tarde. Siempre es una buena oportunidad para que las élites dialoguen con las demandas ciudadanas y para el ejercicio de nueva ciudadanía.