Opinión
La transparencia y la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía es la única opción para no pasar a integrar la lista de países infectados de malas prácticas y sumidos en la corrupción. No debilitemos nuestra democracia.
Las reuniones sostenidas por ministros y parlamentarios de la República en casa del ahora lobbista Pablo Zalaquett –antes exalcalde de Santiago y de La Florida– sin haber sido registradas por la Ley de Lobby –y que siguen dando que hablar en los medios de comunicación y redes sociales–, demuestran una falta de conexión en la indispensable construcción de confianzas con la ciudadanía que espera de la clase política altos estándares de probidad y transparencia.
Sin duda alguna que los momentos que vivimos en términos sociales, políticos y económicos –tanto a nivel de país como globalmente– requieren diálogo y acercamiento de posiciones en lo público y privado, especialmente cuando las democracias en el mundo parecen tambalearse e ir en declive.
Las políticas públicas, para que efectivamente permitan mejorar la calidad de vida de las personas, requieren deliberación con todos los actores involucrados y mayor conexión con la sociedad. Asimismo, para avanzar en las reformas legales que permitan estabilidad y crecimiento al país, es indispensable ampliar la base de apoyos a todos los sectores incumbentes, pero con transparencia.
Por eso, las controvertidas reuniones en casa de un lobbista, entre regulador y regulado y las que sostuvieron los parlamentarios, las que se han ido conociendo de a poco, no solo faltaron a la Ley del Lobby, sino que, además, las inéditas explicaciones que vinieron a continuación han contribuido a generar opacidad –en la forma y fondo– en la ciudadanía respecto al quehacer de la política.
A pesar de que los expertos en transparencia han declarado que dichas reuniones debieron ser registradas, que la Contraloría General de la República ofició a los ministerios para que explicaran el marco en que estas tuvieron lugar, y que el Presidente Gabriel Boric instó a sus ministros a “revaluar” realizar el registro de las mismas en la Plataforma Ley del Lobby, se sigue insistiendo en que no era necesario el registro público, porque solo se trató de encuentros de carácter expositivo para dar a conocer la opinión de las autoridades acerca de la mirada que tienen del país.
Más allá de si, jurídicamente, determinadas reuniones efectivamente no configuran lobby, lo que no pareciera comprenderse por autoridades y parlamentarios es que el escenario político actual se encuentra bastante convulsionado, fragmentado y polarizado, por lo que los encuentros secretos ya develados siembran un manto de dudas peligroso sobre la clase política y empresarial. Pues allí donde existe opacidad, secretismo y falta de transparencia, se anida silenciosamente el germen de la corrupción –el abuso de poder de quien lo ostenta para su propio beneficio–, que trae como consecuencia la pérdida de legitimidad en las instituciones públicas y en las empresas privadas, cuestión que se está viendo con preocupación en varios países vecinos de la región.
Hace unos años, fueron condenados dos exparlamentarios de la República por cohecho en el marco del caso Corpesca, ya que se descubrió que durante todo el período de tramitación de la Ley de Pesca (2011-2012), la empresa –instalada literalmente dentro del Congreso a través de aparentes asesores– fue instruyendo a dichos parlamentarios las pretensiones de la compañía para monitorear y conseguir los objetivos corporativos de esta.
El caso Corpesca demostró que no somos inmunes a la captura del Estado por parte del poder económico, manifestándose una compleja criminalidad del poder, a través de la apropiación de la cosa pública para la consecución de sus objetivos. Así, individuos, empresas o grupos de poder se coluden con funcionarios públicos para definir políticas públicas o ventajas particulares, favoreciéndose a unos pocos en desmedro de otros, alterando las reglas de igualdad.
Con la pulsión legislativa que nos caracteriza, ya se habla de reformar la Ley del Lobby porque hay situaciones que no contempla. La pregunta que surge aquí es: ¿necesitamos más leyes? El cumplimiento de la ley es el estándar mínimo que puede exigirse a los involucrados en las reuniones clandestinas y develadas por el medio Ciper. Más allá de eso se encuentran la ética, la integridad, la transparencia y la probidad. Y, por supuesto, el sentido común en un escenario político-social convulsionado tanto a nivel del país como de América Latina.
No desaprovechemos la oportunidad de actuar con transparencia e integridad, aunque la ley no nos obligue. La transparencia y la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía es la única opción para no pasar a integrar la lista de países infectados de malas prácticas y sumidos en la corrupción. No debilitemos nuestra democracia.
