Opinión
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, el país requiere de un gran acuerdo nacional que ponga en marcha un plan que se haga cargo de puntos débiles como la inmigración ilegal, entre otros.
No dejo de pensar en las familias de Francisco Mora y Raúl Ramírez, los agricultores asesinados a sangre fría el sábado pasado en la región de O’Higgins. Sus muertes -como muchas otras debido a una tasa de homicidios que se ha duplicado en la última década – además de innecesarias e injustas son una muestra brutal de la ineficiencia del Estado (o sea, de los tres poderes del aparato público) para coordinarse, actuar y prevenir sin tener que después lamentar delitos cada vez más crueles sobre ciudadanos decentes que, con su esfuerzo, aportan al país. Es que al agro le ha tocado duro, sobre todo durante los últimos 5 años, sufriendo las estocadas de bandas delictuales que deshumanizan a sus víctimas, provocan desarraigo e impiden el desarrollo. Droga, violencia, inseguridad no eran términos que se asociaran fácilmente al mundo de la agricultura; y si lo que sucede en la Macrozona Sur antes se consideraba harina de otro costal, ahora pareciera ser que rasgos de ese crimen organizado ha logrado extenderse a las 263 comunas rurales del país (de un total de 345) haciendo dimensionar que el desafío es gigantesco para la sostenibilidad de un país exportador como el nuestro cuyo sector agrícola representa -ni más ni menos- que el 13% de su PIB integrado. Manos a la obra entonces, pero en serio.
En la última encuesta Enagro, elaborada por el Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), ésta constató que un 70% de agricultores sufrieron un ataque con violencia en 2023 y que sus expectativas para 2024 se mantienen bajas con un 90% que piensa que será víctima de un asalto o robo con violencia. O sea, hay un riesgo permanente al capital de trabajo de la agricultura, que además sortea otras pruebas, tales como convivir con una economía que no crece y un cambio climático que hace cada vez más difícil prever desastres naturales. Es así, entonces, como Chile ha ido perdiendo competitividad frente a otros países de la región como Perú porque hemos ido produciendo menos – la exportación de fruta fresca en 2023 fue la más baja de los últimos 15 años – y en esto, lamentablemente, la delincuencia en zonas rurales ha tenido algo que aportar, ya que son cada vez más los hechos violentos, no sólo a través del robo de insumos, equipos, de maquinaria y de fruta, sino también de homicidios. El sábado pasado le tocó a la región de O´Higgins, pero los casos suman y siguen, tal como los reportados en Casablanca, Colchagua y, por supuesto, en la Araucanía. ¿Qué hacer, entonces?
Para los gremios agrícolas la situación se ha vuelto insostenible, por lo que el anuncio de las autoridades de poner cajeros automáticos en Lo Valledor o la modificación de rutas de los camioneros es como tapar el sol con un dedo frente al actuar de bandas criminales cuya organización se adapta rápidamente a los nuevos escenarios. Por otra parte, la Confederación Nacional de Camioneros de Chile han planteado seriamente la presencia militar en el espacio público, pero el camino tampoco debiese ir por ahí, debido a que el Estado no sólo posee el mandato legal, sino también la responsabilidad de hacer uso de las herramientas que tiene a su disposición para imponer el orden y la seguridad. Es así, entonces, como, dentro de toda la amargura que el crimen organizado le está provocando a Chile, la decisión del presidente Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, son buenas noticias, pero para que la medida sea efectiva se requiere de la disposición de los tres poderes del Estado, ya que el gobierno no puede hacerlo solo.
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, el país requiere de un gran acuerdo nacional que ponga en marcha un plan que se haga cargo de puntos débiles como la inmigración ilegal, entre otros. No podría estar más de acuerdo, ya que estamos en un punto de inflexión: O seguimos tapando al crimen organizado con el dedo (y la ciudadanía lo sigue soportando de manera injusta) o los responsables de hacerse cargo hacen todo lo que ya les permite la ley para devolver la paz social y acabar con el flagelo del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia que también está presente en las zonas rurales de Chile.
