Señor Director:
Celebramos que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad haya aprobado recientemente las metas para el reciclaje de envases y embalajes, en el marco de la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor (REP).
Se trata del segundo producto prioritario para el cual este organismo aprueba un decreto de metas de recolección y reciclaje. El primero fue aprobado hace ya más de un año, en marzo de 2019, para los neumáticos fuera de uso.
Aún no ha sido publicado.
No sabemos cuánto tiempo más deberá transcurrir hasta la publicación de la versión definitiva del decreto de metas de neumáticos. Será difícil que la Contraloría General de la República pueda tomar razón del texto actual, si no se le introducen cambios sustanciales, para superar vacíos e inconsistencias jurídicas y prácticas que harían muy compleja e ineficiente su implementación.
Entre las materias a resolver para instituir definitivamente la Responsabilidad Extendida del Productor a los productores de neumáticos, podemos mencionar que la versión actual del decreto de metas respectivo no permite, en la práctica, la existencia de sistemas de gestión individuales; establece metas de recolección mayores a las metas de valorización, sin que existan opciones claras para el destino final de los neumáticos fuera de uso recolectados y no valorizados; carece de disposiciones destinadas a precaver la autenticidad de los datos que proveen los productores y que sirve de base para la fijación de sus propias metas; mantiene un alto grado de incerteza respecto al monto y las condiciones de la garantía, que inhibe la constitución de sistemas de gestión colectivos; restringe gravemente el normal desarrollo del mercado de valorización de los residuos, al imponer restricciones arbitrarias a los diferentes procesos de valorización; y trata equivocadamente al neumático que se recaucha como un residuo y no como un activo de su propietario, desaprovechando así la oportunidad de estimular una industria que, al extender la vida útil del neumático, permite reducir la generación de residuos.
Mientras tanto, la incertidumbre que genera la falta de una regulación definitiva no permite a los emprendedores tomar las decisiones de inversión que requiere el desarrollo de una economía circular, ni permite tampoco a los productores de neumáticos iniciar el proceso para constituir los sistemas de gestión que contratarían sus servicios.
Aunque todos deseamos mejor suerte a la tramitación del decreto de metas de envases y embalajes, este segundo decreto puede complicar aún más la aprobación del primero, por cuanto otorga a los productores de envases y embalajes algunas prerrogativas que no confiere la versión actual del decreto respectivo a los productores de neumáticos, lo que obligará a la Contraloría a revisar la constitucionalidad de dos cuerpos legales que establecen discriminaciones arbitrarias entre productores.
Es así como los envases que se puedan utilizar más de una vez no se considerarán introducidos en el mercado, pero no se aplica el mismo principio a un neumático que se utiliza dos, tres o mas veces, mediante sucesivos recauchajes. Por otro lado, solamente a los productores de envases y embalajes se les permite proponer proyectos para reducir la cantidad de residuos y obtener a cambio el beneficio de reducir proporcionalmente sus metas.
Estamos viviendo una crisis que, sin duda, impone prioridades que obligan a focalizar los recursos en algo tan urgente e inmediato como es salvar vidas. Se comprende, entonces, que el establecimiento de políticas públicas como la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor puedan manifestarse ahora como menos urgentes y avanzar con menos rapidez que la deseable.
Aun en estos tiempos difíciles, sin embargo, una mirada de mayor perspectiva nos permitirá advertir el beneficio sanitario que aportaría hoy una disminución de los residuos en nuestros campos y ciudades, así como el positivo impacto que el tratamiento sustentable de los residuos – reincorporándolos como insumos al ciclo económico – tendría sobre la generación de empleo y la reactivación económica, indispensables para alcanzar la anhelada “nueva normalidad”, una vez superada la pandemia.
Todos los organismos del Estado y del mundo privado deberían sumar sus esfuerzos a los del Ministerio del Medio Ambiente, para transitar, más allá del trillado discurso ambiental y políticamente correcto, hacia la instauración de una política pública sólida, cuyo noble propósito de proteger la salud de las personas y el medio ambiente tendrá también importantes repercusiones económicas.
José Browne López
