Señor Director:
Es sabido que la Pensión Garantizada Universal (PGU) beneficia a todo adulto mayor que cumpla con requisitos generales, aunque trabaje o reciba pensión previsional. Más desconocida es que excluye a víctimas de violaciones de derechos humanos que reciben pensiones reparatorias: este beneficio se descuenta del máximo de $206.173 al que llega hoy la PGU. Ya que dicho monto es generalmente igual o levemente mayor, el resultado tiende a ser igual a cero.
Como confirma el Estado a través de Chile Atiende, este ejercicio “casi siempre da como resultado un monto cero y por eso no suelen recibir este beneficio”. Incluso cuando la pensión reparatoria es menor, “la persona solo tiene derecho a recibir lo que quede del beneficio solidario después de restarle el monto de la pensión especial que ya recibe”: una suma ínfima.
Esta norma lesiva y excluyente carece de justificación. Las pensiones reparatorias no se otorgaron para solventar la vejez sino, como su nombre lo indica, para reparar un daño gravísimo infligido por el Estado, que con esta política de exclusión vuelve a victimizar. Desde que se dictara la primera ley de reparación hace más de 30 años, las y los beneficiarios son cada día menos, dado que muchas/os han fallecido. De los que quedan, la mayoría sobrelleva una situación económica precaria, y requieren de una decisión hoy, no mañana. Su avanzada edad deja poco espacio para largas tramitaciones.
Este es un grupo humano vulnerable, dada su edad y, en su mayoría, escasez de recursos, que hoy no tiene voz. A 50 años del golpe de Estado, es hora de subsanar esta manifiesta injusticia derogando una norma que parece basarse en la creencia de que las pensiones reparatorias son millonarias, o que ellas constituyen un privliegio. Lo cierto es que las pensiones son modestas: simbólicas en su mayoría, como dijo en su momento un expresidente. El esfuerzo presupuestario sería mínimo y el beneficio directo muy grande. Más importante aún, permitiría al Estado no volver a lesionar los derechos de los que fueron sus víctimas.
Lidia Casas,
Directora Centro de Derechos Humanos UDP
