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El caso de San Antonio: una decisión judicial controvertida

por 9 junio, 2018

El caso de San Antonio: una decisión judicial controvertida
Claro que violenta que en San Antonio quedaran en libertad los sujetos que iban en un auto lleno de armas, pero hay que asumirlo como el incómodo precio a pagar para entender que en una república democrática no se puede hacer lo que se quiera con los individuos, aunque sean unos delincuentes, porque rige el Estado de Derecho y porque, así como están las cosas en nuestra propia casa y también en el barrio, el respeto a las Leyes y a los Derechos Humanos es un imperativo categórico.
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A raíz del bullado caso acaecido en San Antonio, quizá sea necesario comentar que todo el problema partió debido a una ley absurda, aquella que presume que en todo auto con los vidrios polarizados va una manada de delincuentes al volante, normativa semejante a otras leyes del mismo estilo que discriminan por la manera de vestir, por el aspecto físico o por la forma de vida.

Si se analizan con cuidado los hechos, es fácil entender que detrás de la resolución judicial subyace una idea muy lógica, de sentido común, en cuanto a que no es posible que el único antecedente para que la policía efectuara una revisión completa al auto en que iban los detenidos haya sido el polarizado de los vidrios, porque, si legitimamos esto, toda persona que conduzca un automóvil con los vidrios tinteados podría ser objeto no solo de una multa, como lo establece la ley del Tránsito, sino también de un allanamiento al vehículo.

Como cualquier lector debe saber, todos los humanos tenemos derecho a andar por ahí sin que la policía nos pare en función de nuestra forma de vestir, por el aspecto físico o por cualquier otro factor que no sea la certeza (sí, la certeza, no la sospecha) de estar cometiendo o aprestándonos a cometer un delito.

Por todo lo anterior es que le creemos a Phillip Zimbardo, cuando plantea que las buenas personas son capaces de las peores atrocidades porque, al igual que las manzanas podridas, si el canasto es el adecuado para ello, se pudren todas o gran parte de ellas. Es lo que demostró el experimento de la cárcel de Stanford, donde ciudadanos comunes y corrientes, convertidos en carceleros, eran peores que los custodios de Abu Grahib, a poco andar. Pongamos varios jueces a ignorar los derechos individuales y pronto el canasto convertirá al Poder Judicial en un lugar lleno de tolerancia hacia las atrocidades que pueden cometer el Estado y sus agentes. Ejemplos históricos y actuales hay por montones.

Veamos algunos ejemplos que se refieren a lo mismo: supongamos que se ha llegado a la convicción de que en una humilde población de nuestro país el tráfico de drogas ha aumentado considerablemente. ¿Sería justo enviar un ejército de policías a patear puertas e ingresar en todos los domicilios posibles en busca de drogas? Lo mismo sucedería si el Estado llegara a la convicción de que una determinada etnia va a atentar violentamente contra objetivos específicos. ¿Sería justo hacer controles de identidad masivos a todos los miembros de la etnia?

En su libro Justicia, el profesor Michael Sandel nos plantea el caso del terrorista que ha puesto una bomba, cuya explosión es inminente. ¿Es justo torturarlo, para obtener la confesión del lugar donde ha puesto la bomba y la hora en que va a estallar?

Claro que no. Si hay algo que distingue a los ciudadanos de los terroristas y los delincuentes, es la ética del comportamiento. Nosotros no matamos, no torturamos y respetamos los derechos del otro, aunque tengamos el permiso estatal de la legítima defensa (pero ese es otro tema).

Lo mismo vale para el Estado, porque en el contrato social hemos incorporado la superioridad ética de este, lo que se traduce básicamente en que nuestros representantes y los agentes estatales no pueden comportarse como una banda de forajidos, como lamentablemente ha sucedido en los casos de financiamiento de la política y en los hechos de corrupción de las Fuerzas Armadas y de Orden que hemos conocido en los últimos años, y que han indignado a la ciudadanía.

Por todo lo anterior es que le creemos a Phillip Zimbardo, cuando plantea que las buenas personas son capaces de las peores atrocidades porque, al igual que las manzanas podridas, si el canasto es el adecuado para ello, se pudren todas o gran parte de ellas. Es lo que demostró el experimento de la cárcel de Stanford, donde ciudadanos comunes y corrientes, convertidos en carceleros, eran peores que los custodios de Abu Grahib, a poco andar. Pongamos varios jueces a ignorar los derechos individuales y pronto el canasto convertirá al Poder Judicial en un lugar lleno de tolerancia hacia las atrocidades que pueden cometer el Estado y sus agentes. Ejemplos históricos y actuales hay por montones.

El juez de San Antonio hizo lo correcto, en general, aunque le haya costado numerosas críticas. Es cosa de mirar nuestro barrio y ver lo que empieza a pasar cuando se trasgreden las normas básicas del Estado de Derecho. En Argentina, el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por investigar al poder, mientras en Venezuela Nicolás Maduro se roba las elecciones y reprime a mansalva. Por todo el continente caen presidentes y ex presidentes a consecuencia del caso Lava Jato y sus aristas, especialmente Odebrecht y OAS.

A nosotros, igual que a todos, nos violenta que quedaran en libertad los sujetos que iban en un auto lleno de armas, pero hay que asumirlo como el incómodo precio a pagar para entender que en una república democrática no se puede hacer lo que se quiera con los individuos, aunque sean unos delincuentes, porque rige el Estado de Derecho y porque, así como están las cosas en nuestra propia casa y también en el barrio, el respeto a las Leyes y a los Derechos Humanos es un imperativo categórico.

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