Opinión
Si existieran rentas en el negocio del litio, la forma óptima de recogerlas podría ser mediante un monopolio estatal, es decir, estatizando SQM, o directamente por la vía de algún tipo de impuesto especial, posiblemente relacionado con las utilidades de las empresas productoras de litio o, finalmente, considerar a una empresa ya existente, como lo es Codelco. Sea cual sea el mecanismo, lo anterior permitiría ayudar a que Chile arribe al desarrollo y se reduzcan las brechas de desigualdad. Una empresa estatal como Codelco podría cumplir el rol de administrar las pertenencias mineras en el Salar de Atacama o un impuesto especial permitiría recaudar millones de dólares necesarios para financiar reformas significativas que vayan en línea de derrotar la pobreza.
El economista Eduardo Engel, quien presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, sobre la decisión del directorio de SQM de contratar a Julio y Eugenio Ponce Lerou como asesores estratégicos, afirmó que su contratación es “grave” y “echa por la borda el esfuerzo que vienen realizando varios dirigentes empresariales para recuperar la confianza ciudadana en el empresariado”.
En efecto, mientras Julio Ponce Lerou presidía SQM, la empresa hizo pagos ilegales a políticos y candidatos, entre 2008 y 2015, cercanos a los 15 millones de dólares.
Luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) solicitara información a SQM sobre el rol que tendrán Julio y Eugenio Ponce Lerou como asesores del directorio, la minera no metálica respondió el oficio indicando que los vínculos con los ex presidentes de la sociedad serán por un año, lo que podría ser renovado automáticamente cada año.
Corfo prometió que redoblará el esfuerzo de fiscalización del contrato a través del Comité de Supervisión de los Contratos del Litio. Además, fiscalizará estrictamente para que la decisión de SQM de contratar la asesoría de Julio y Eugenio Ponce Lerou, no implique que ambos participen en la toma de decisiones ejecutivas o directivas de la empresa, ni que se trate de una forma de simulación contractual.
Sin embargo lo relevante del caso es lo que se pone en evidencia: el abuso del poder e impunidad de SQM en Chile y, paralelo a ello, la necesidad de una mayor igualdad económica en nuestro país.
Vamos por parte. En efecto, con contratos privilegiados la minera se hizo de enormes beneficios sobre la base de la explotación del Salar de Atacama, explotando sin ningún control ni fiscalización nuestros recursos naturales. SQM nace en 1968 como la Sociedad Química Minera de Chile (propiedad compartida entre Anglo Lautaro y el Estado), luego de 3 años de existencia pasó 100% a manos de la Corfo (Corporación de Fomento de la Producción). Con el favor de la dictadura se fue privatizando paulatinamente desde los años 1983 y 1989, en ventajosas condiciones que le dieron el control a Julio Ponce Lerou, yerno por entonces del dictador Augusto Pinochet.
[cita tipo=»destaque»]SQM fue una suerte de poder en las sombras de la política chilena, que la sociedad hoy considera inaceptable. Lo anterior a causa del neoliberalismo. El neoliberalismo ha transformado el orden económico del mundo, también las instituciones políticas. Ha transformado el horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión de casi todas las disciplinas sociales, ha modificado de modo definitivo, indudable, el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo sentido común. No es exagerado decir que vivimos, globalmente, un momento neoliberal y este desdibuja las fronteras entre lo correcto y lo inadecuado a causa del poder del dinero en la sociedad. Por ello la ética se vuelve, en nuestros tiempos, fundamental.[/cita]
De este modo Julio Ponce Lerou y sus operadores amasaron millonarias ganancias en base a la explotación descontrolada del Salar y no fue sino hasta el año 2013 donde se destapó la red de impunidad de SQM, como una arista del Caso Penta, que en ese entonces era investigado por el fiscal de delitos de alta complejidad Carlos Gajardo el cual descubrió una serie de contactos entre SQM y Personeros de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, los que habrían recibido dineros de parte de SQM.
A la investigación de SQM se sumó, aparte de Gajardo, el fiscal Emiliano Arias. Pero cuando estos se encontraban dispuestos a formalizar acciones contra la minera fueron sacados del caso para ser reemplazados por el fiscal Pablo Gomez, quien ha sido duramente cuestionado por el ofrecimiento de salidas alternativas.
Lo anterior no hace sino reflotar el proyecto que con el respaldo de los miembros de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, el año 2016 ingresaran al Congreso en miras a la expropiación, por parte del Estado, de la empresa SQM, privatizada en época de la dictadura.
La iniciativa advierte que «la suma de ilegalidades en que incurre SQM», empresa que ha sido protagonista principal de los escándalos de financiamiento irregular de campañas políticas, «debe conducir a una acción inspirada en el bien común». En esa línea, propone -en dos artículos- que se declaren «de interés nacional» tanto «la explotación, industrialización y comercialización del litio», como la firma «Sociedad Química y Minera de Chile Sociedad Anónima».
Este proyecto, al declarar la empresa Soquimich de interés nacional, le da la posibilidad al Estado de Chile, una vez aprobado, de expropiar esta empresa.
Los empresarios y la clase política afectados en su imagen por ya demasiados escándalos, no sólo deben preocuparse de hacer las cosas en la legalidad sino también mantener una ética empresarial y una adecuada y proba función pública, los segundos.
Es cierto que la sociedad a los empresarios les exige cada día más que en su actividad tengan un sentido público, una visión país que vaya más allá de la creación de riqueza y empleo. Pero otra cosa muy distinta es actuar como operadores políticos y burlar la ley. Esa es una línea que nunca deben cruzar.
SQM fue una suerte de poder en las sombras de la política chilena, que la sociedad hoy considera inaceptable. Lo anterior a causa del neoliberalismo. El neoliberalismo ha transformado el orden económico del mundo, también las instituciones políticas. Ha transformado el horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión de casi todas las disciplinas sociales, ha modificado de modo definitivo, indudable, el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo sentido común. No es exagerado decir que vivimos, globalmente, un momento neoliberal y este desdibuja las fronteras entre lo correcto y lo inadecuado a causa del poder del dinero en la sociedad. Por ello la ética se vuelve, en nuestros tiempos, fundamental.
Y es que el nombramiento de Julio Ponce Lerou como asesor del directorio de SQM para algunos, incluyendo ciertos funcionarios de Gobierno, involucra meramente a los privados. En cambio, para otros chilenos, el hecho amerita abrir la discusión sobre la política del litio en Chile y contribuir a reducir la desigualdad en nuestro país.
La falta de control del contrato de SQM fue constatada por Contraloría, señalando que “existió descuido por parte de la Corfo en la supervisión del acuerdo”, y estableciendo que recién en 2013 se pidiera cuenta del mandato dado en 1993. La salida del Estado de la propiedad de SQM (y sus antecesoras) no se consagró en el gobierno militar sino en los gobiernos de la Concertación, en 1995.
La decisión de Eduardo Bitran de suscribir el contrato que ha permitido a SQM reintegrar a Julio Ponce Lerou como “asesor” no fue adoptada solo por él, sino con la anuencia del Consejo de la Corfo de la época.
Respecto a la desigualdad, tiempo atrás, el economista Tomás Flores señalaba a La Tercera lo siguiente: “En los últimos 40 años –varias crisis mediante– hemos logrado multiplicar por ocho nuestro ingreso per cápita, logro que pocos países pueden exhibir. Este notable resultado ha sacado a millones de chilenos de la pobreza y nos ha puesto a la cabeza de la zona latinoamericana dejando a Chile a las puertas del desarrollo”.
Al respecto, corresponde precisar que empresas estatales como Codelco han contribuido, vía financiamiento al Estado, a reducir la pobreza. Por otro lado, amerita una discrepancia parcial con Tomás Flores: debemos derrotar la desigualdad, la cual es condición clave a superar si se quiere arribar al desarrollo.
Si bien, según el informe del PNUD de julio de 2017, la desigualdad de ingresos de los hogares disminuyó entre 2000 y 2015, el país sigue exhibiendo niveles muy altos si se lo compara con los países desarrollados. En 2015 el coeficiente de Gini alcanzó el 48% en Chile, mientras que casi todos los países miembros de la OCDE marcan por debajo del 35%, y en la mitad de ellos es inferior al 30%.
Usando la medida de pobreza introducida por el Ministerio de Desarrollo Social en 2013, se tiene que desde 1990 a la fecha el porcentaje de personas viviendo en la pobreza se ha reducido de un 68% a un 11,7%. Si bien el nivel absoluto de ingresos es aún bajo para una gran mayoría, el cambio relativo respecto del propio pasado es indudablemente muy significativo.
Pero los avances obtenidos en los últimos quince años son insuficientes para reducir las grandes brechas de ingresos que hay entre los estratos sociales. Un rasgo central de la desigualdad en el país es la concentración de ingreso y riqueza en el 1% más rico. Para su medición se usan los registros tributarios, y para Chile estos datos muestran que el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico. Según el estudio, los bajos sueldos son una de las consecuencias más complejas de la desigualdad en Chile, tema directamente relacionado con que Chile arribe “a las puertas del desarrollo”.
Si existieran rentas en el negocio del litio, la forma óptima de recogerlas puede ser mediante un monopolio estatal, es decir, estatizando SQM, o directamente por la vía de algún tipo de impuesto especial, posiblemente relacionado con las utilidades de las empresas productoras de litio o, finalmente, considerar a una empresa ya existente, como lo es Codelco.
Sea cual sea el mecanismo, lo anterior permitiría ayudar a que Chile arribe al desarrollo y se reduzcan las brechas de desigualdad. Una empresa estatal como Codelco podría cumplir el rol de administrar las pertenencias mineras en el Salar de Atacama o un impuesto especial permitiría recaudar millones de dólares necesarios para financiar reformas significativas que vayan en línea de derrotar la pobreza y la desigualdad. Es de esperar que, sea cual sea la decisión que la clase política tome, dichas políticas vayan enfocadas en quienes más lo necesitan: niños y adultos mayores.
