¿Hasta cuándo?

Ha fallecido Ana González, otra familiar de detenido desparecido que no logró saber qué pasó con sus seres queridos. Al momento de su muerte, permanecen en calidad de detenidos desaparecidos, su marido, sus dos hijos y su nuera embarazada al momento de su detención.

No es la única, ni al parecer, será la última.

Y es que mientras los distintos Poderes del Estado no den cumplimiento cabal a sus obligaciones, contraídas producto de la suscripción y ratificación de numerosos Pactos y Convenciones de Derechos Humanos, que obligan a establecer la Verdad y realizar la Justicia en materia de crímenes de Derechos Humanos, el panorama no cambiará sustancialmente.

Al revés, los chilenos y chilenas hemos asistido en el último tiempo, a una situación incomprensible. No sólo se les niega la Verdad a los familiares sino que a través de una verdadera campaña mediática se ha pretendido señalar a quienes buscan la Verdad de sus seres queridos en personas ávidas de venganza, y a los condenados por los más graves crímenes que haya conocido nuestra Historia, como víctimas merecedoras de toda clase de medidas humanitarias.

[cita tipo=»destaque»Cabe recordar que el negacionismo de la barbarie, como la ocurrida en Chile, está prohibido por los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como por las resoluciones dictadas por los órganos administrativos y judiciales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, de la cual el Estado de Chile es parte, y ha sido tipificado como delito en las sociedades civilizadas por constituir una práctica que facilita la repetición de experiencias similares e impide por tanto, el anhelado nunca más.[/cita]

La verdadera falta de humanidad es intentar olvidar lo ocurrido e institucionalizar la impunidad fáctica que se ha ido imponiendo en estos años.

Nos parece inmoral que se quiera presentar a los victimarios como las verdaderas víctimas de la sociedad, las que por revestir tal condición, deben ser objeto de toda clase de misericordia y compasión, olvidando el verdadero pecado social que significa mantener después de 45 años, la impunidad de graves crímenes contra la humanidad.

¿Cómo no considerar inhumano e inmoral que Carmen Vivanco, que cumplió hace poco 102 años de vida, tenga que seguir esperando para saber la suerte corrida por cinco familiares que aún tienen la calidad de detenidos desaparecidos?

Y qué se puede decir de los muchos familiares que, tal como Ana González, fallecieron sin conocer lo ocurrido, como Sola Sierra, Olga Sánchez, Norma Matus, Adriana Alvarado, Edna Canales, Aminta Traverso, Anita Rojas, Doris Meniconni, Violeta Morales, Tola Savater y Olivia Sazo, entre otras.

Cabe recordar que según los informes oficiales, (Informe Rettig e informes de ambas Comisiones Valech), existen más de 3.224 personas declaradas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, de las cuales 1.124 corresponden a detenidos desaparecidos, cuyos familiares aún esperan que les digan dónde están.

El Estado y sus órganos no solo tienen el imperativo ético de terminar con el calvario de los familiares que demandan Verdad y Justicia, sin resultado hasta la fecha, sino que además, constituye una obligación jurídica ineludible que emana de la normativa sobre derechos humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Chile.

En efecto, la comisión de crímenes contra la humanidad por parte de agentes del Estado, hace surgir la obligación internacional para el Estado de establecer la verdad, procesar y sancionar a los responsables, reparar el daño moral y material causado y la adopción de medidas que garanticen el «Nunca Más» a través de una adecuada aplicación de una política sobre la ,memoria, según lo prescribe y ordena un conjunto de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile.

Es así como, la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra el derecho a la Verdad en los artículos 1, 8, 13 y 25, y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Derecho a la Verdad “es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y, un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de aplicación de leyes de amnistía. La Convención Americana protege el derecho a obtener y a recibir información, especialmente en los casos de desaparecidos, con relación a los cuales la Corte y la Comisión han establecido, que el Estado está obligado a determinar su paradero” (Informe de la CIDH, de fecha 27 de enero de 1999).

Tal es la importancia que la comunidad internacional le asigna a esta exigencia, que la ONU instituyó en el año 2012, el Día Internacional por el Derecho a la Verdad en Violaciones Graves de los Derechos Humanos, en cuyo objetivo se señaló: “las víctimas de las violaciones graves a sus derechos fundamentales tienen derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en que se cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la identidad de sus autores.” Y fue escogido el día 24 de marzo, en homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un ferviente defensor de los Derechos Humanos, asesinado mientras oficiaba misa.

Además, el Derecho a la Verdad, que conlleva la obligación del Estado de establecer lo ocurrido con cada víctima de desaparición, está consagrado expresamente en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en Diciembre de 2010. A pesar que el Estado de Chile ratificó en el año 2009 dicha Convención, que obliga a los Estados suscriptores a establecer la verdad de lo ocurrido, lamentablemente debemos consignar que en los diversos Informes obligatorios que ha tenido que elaborar el Estado de Chile al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se sigue constatando y reconociendo este grave incumplimiento.

Agrava la situación, el que el actual Gobierno, no haya expresado su voluntad en avanzar en esta materia a través de iniciativas concretas, que permitan cumplir debidamente tanto con la exigencia ética de la ciudadanía de establecer la Verdad respecto de los detenidos desaparecidos, como con el claro mandato constitucional, de respetar y aplicar los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile.

La lucha contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia, no es un tema del pasado. La forma de resolver las deudas de nuestra historia reciente, determinará el tipo de sociedad que heredaremos a las nuevas generaciones.

Confirma lo señalado la preocupante aparición en nuestro país de diversas expresiones de negacionismo, tanto desde la propia administración como en los diversos medios de comunicación y emergentes movimientos políticos, así como prácticas neofascistas y discursos de odio, cuyo surgimiento no obedece sólo a causas exógenas como la reciente elección presidencial en Brasil, sino por el insuficiente modo en que los distintos poderes del Estado han enfrentado las deudas del pasado reciente.

Cabe recordar que el negacionismo de la barbarie, como la ocurrida en Chile, está prohibido por los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como por las resoluciones dictadas por los órganos administrativos y judiciales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, de la cual el Estado de Chile es parte, y ha sido tipificado como delito en las sociedades civilizadas por constituir una práctica que facilita la repetición de experiencias similares e impide por tanto, el anhelado nunca más.

Pero, puede llamarnos la atención este efecto de la impunidad, si en el principal centro de formación de los futuros oficiales del Ejército, se rinde homenaje a los criminales de lesa Humanidad. ¿Cómo no seguir esperando que más familiares como Anita González fallezcan sin saber la suerte corrida por sus seres queridos, si el Ejército y demás instituciones castrenses, que debieran terminar con el pacto de silencio y entregar información sobre los detenidos desaparecidos, reivindican los crímenes y a sus autores?

Los tres Poderes del Estado, obligados a dar una respuesta, tienen la palabra.