Opinión
La paralización de Gerdarmería constituye un hito para el potencial surgimiento de un nuevo agente político en el campo penal chileno. El surgimiento no es el mero producto del abandono estatal de las cárceles, sino que se trata de un proceso de transformaciones sustantivas a partir de la acción colectiva de los agentes que se desenvuelven en él. En este sentido, el espacio institucional en el que se desenvuelven los agentes penitenciarios posee un carácter político.
Durante la semana pasada, una serie de asociaciones de gendarmes y funcionarios y funcionarias civiles de Gendarmería, organizadas bajo el denominado “Frente de Trabajadores Penitenciarios”, mantuvieron una tensa disputa con el Gobierno para obtener el cumplimiento de diversas demandas referidas a su carrera funcionaria y la estructura de bonificaciones e incentivos para el retiro en la institución. Como resultado, se produjo un acuerdo entre ambas partes que puso término a una paralización que se extendió por cerca de cuatro días.
Las relaciones internas entre las organizaciones que conviven al interior de Gendarmería se han caracterizado por su fractura y división. En la institución, los funcionarios y las funcionarias poseen grupos de representación propios en función de su posición en la escala jerárquica del servicio penitenciario y el carácter civil o uniformado de sus labores. La contraposición de sus intereses derivó, durante los últimos años, en una desarticulación y atomización de sus reivindicaciones, lo cual se expresó en paralizaciones independientes por parte de cada agrupación. En ocasiones, estas movilizaciones incluso surgieron como reacciones a las posturas, acciones y decisiones de otras organizaciones de la misma institución.
La paralización de la semana pasada y sus resultados marcan un quiebre con lo anterior. Aunadas bajo un mismo petitorio y con un objetivo común, las asociaciones fueron capaces de articularse, superar sus diferencias y encontrar puntos de consenso para doblarle la mano a un Gobierno que intentaba mostrarse “duro” frente a cualquier medida de presión.
[cita tipo=»destaque»]Entre otros ejes problemáticos se encuentran los casos de corrupción al interior de la institución, los delitos cometidos por funcionarios y funcionarias contra presos y presas, así como los mecanismos de denuncia e investigación, los programas de formación para quienes desean incorporarse a la institución y los requisitos para ingresar a esta, o la separación de funciones entre las labores de custodia y las de reinserción. Estos temas son de vital importancia para modernizar el servicio, mejorar su relación con las personas privadas de libertad –especialmente en lo referente a abusos, malos tratos y torturas en su contra de parte de algunos funcionarios y algunas funcionarias–, y, en definitiva, ajustar la praxis carcelaria a los estándares que debiera poseer en un sistema verdaderamente justo y democrático.[/cita]
Este fenómeno constituye un hito para el potencial surgimiento de un nuevo agente político en el campo penal chileno. Ante anuncios que, de concretarse e implementarse, seguramente afectarán tanto la estructura interna de Gendarmería como la vida de las personas privadas de libertad, como la reforma del Código Penal –respecto a la cual no han existido pronunciamientos relativos a su eventual impacto en el aparato carcelario–, la creación de los tribunales de ejecución penal, o la eventual construcción de nuevas cárceles bajo la improvisada y deficiente estructura de “alianzas público-privadas”, resulta relevante comenzar a pensar en el sinnúmero de escenarios que podrían darse en caso de que el Frente de Trabajadores Penitenciarios mantenga una orgánica y estructura colectiva sólida, pues cuenta con el potencial para influir políticamente en las negociaciones y orientaciones que suelen surgir en los debates asociados al desarrollo de cualquier política pública con afanes reformistas.
Este diagnóstico permite sostener que la configuración del entramado carcelario chileno, así como los problemas y déficits estructurales que le aquejan, no son un resultado impuesto por las elites que controlan y dirigen la burocracia estatal –aunque su influencia es innegable–, o un mero producto del abandono estatal de las cárceles, sino que se trata de un proceso constante de debates, luchas e impugnaciones que puede dar pie a transformaciones sustantivas a partir de la acción colectiva de los agentes que se desenvuelven en él rutinariamente. En este sentido, el espacio institucional en el que se desenvuelven los agentes penitenciarios posee un carácter político.
Dado su contenido político, los “sucesos penitenciarios” de la semana recién pasada no han hecho más que reproducir la insostenible invisibilidad democrática de la población penal, de aquellos excluidos y aquellas excluidas que justifican la existencia de Gendarmería.
La realidad de las personas privadas de libertad, así como las precariedades y abusos que día a día deben sufrir, fueron elementos residuales en el debate público que se desarrolló entre el Ejecutivo y las asociaciones. Si bien esto resulta más o menos obvio ante la atomización y limitación que suelen poseer las demandas gremiales, es de esperar que ello no implique clausurar la posibilidad de hacer frente a los problemas más profundos que afectan a Gendarmería y que en buena medida son causas directas de las vulneraciones de derechos que sufre la población penal.
Entre otros ejes problemáticos se encuentran los casos de corrupción al interior de la institución, los delitos cometidos por funcionarios y funcionarias contra presos y presas, así como los mecanismos de denuncia e investigación, los programas de formación para quienes desean incorporarse a la institución y los requisitos para ingresar a esta, o la separación de funciones entre las labores de custodia y las de reinserción. Estos temas son de vital importancia para modernizar el servicio, mejorar su relación con las personas privadas de libertad –especialmente en lo referente a abusos, malos tratos y torturas en su contra de parte de algunos funcionarios y algunas funcionarias–, y, en definitiva, ajustar la praxis carcelaria a los estándares que debiera poseer en un sistema verdaderamente justo y democrático.
Entretanto, y mientras no existan movimientos y/o canales de representación efectiva para los intereses de presas y presos –las asociaciones de Gendarmería han dado señales para presumir que no serán sus aliadas, pues sus intereses parecen ser contrapuestos–, el déficit de legitimidad democrática del aparato carcelario chileno seguirá reproduciéndose. Modificar radicalmente esta característica del campo carcelario debiera ser un horizonte político por el que las fuerzas políticas emergentes estén dispuestas a luchar.
