Opinión
Durante el mes de octubre del año pasado, los municipios de Las Condes, La Reina y Providencia realizaron una consulta ciudadana para decidir el destino del Parque Padre Hurtado. Este caso de participación vecinal fue muy destacado por la prensa, por lo novedoso de consultar a la ciudadanía, además del “sorpresivo” resultado final que terminó rechazando la propuesta de los alcaldes. En Valparaíso, poco antes, comprobamos el valor de la participación a través de la consulta realizada en agosto acerca de los usos que la ciudadanía deseaba dar a esa parte del borde costero recobrado después de un proyecto de inversión mal diseñado.
En todos esos procesos, más allá de la voluntad de los alcaldes involucrados, lo relevante ha sido la incidencia de vecinas y vecinos en cuestiones que les afectaban directamente.
Lo cierto es que los plebiscitos son muy usados como mecanismos de profundización democrática en países como Suiza y Estados Unidos. Suiza es la democracia occidental pionera en emplear mecanismos participativos. Los ciudadanos suizos pueden modificar su propia Constitución y gran parte de las leyes aprobadas por los parlamentarios obligatoriamente deben ser sometidas a la aprobación popular. Por su parte, muchos estados de los Estados Unidos implementan consultas vinculantes en temas tan importantes como los derechos de los homosexuales, la legalidad de la marihuana, la pena de muerte o el aborto.
En Chile la actual institucionalidad municipal contempla la realización de plebiscitos comunales que pueden ser convocados por los alcaldes o la propia ciudadanía, pero en casi 30 años de democracia, solo en cuatro ocasiones se ha hecho uso de este mecanismo participativo, tres de la cuales fueron plebiscitos convocados por los alcaldes y en solo una ocasión por la ciudadanía. El problema se sitúa en la actual ley de municipalidades, que establece exigencias que hacen prácticamente imposible que los vecinos puedan hacer uso de este derecho: obliga que sea un 10% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna quienes lo convoquen a través de firmas notarizadas (caras y engorrosas de obtener), mientras que para que el resultado del plebiscito sea obligatorio o vinculante se exige que voten, al menos, el 50% de los ciudadanos inscritos en la comuna. Cifra altísima y prácticamente inalcanzable pues el promedio de participación en las elecciones de alcaldes apenas bordea el 35% de los inscritos. Todo esto hace que en la práctica sea imposible que la ciudadanía pueda hacer uso de esta importante herramienta de empoderamiento ciudadano.
Para corregir lo anterior, hemos presentado un proyecto de ley que, en lo sustantivo, busca facilitar los procedimientos para que la ciudadanía pueda convocar a un plebiscito, rebajándolo del 10% al 5% de los inscritos y agregando que la certificación de las firmas de los convocantes no sea solo notarial sino que también se permita a los secretarios municipales la certificación o incluso se acepte la firma electrónica que es cada vez más usada por las personas.
El proyecto también modifica el quorum para hacer obligatorio el resultado del plebiscito, se mantiene la actual cifra del 50% pero del total de votantes de la última elección en vez del total de los inscritos como señala actualmente la ley. Esto no es menor, pues en una comuna mediana de por ejemplo 90.000 inscritos, con la actual ley tendrían que votar 45.000 personas para que el plebiscito sea vinculante, lo que está muy por encima de la votación promedio en las últimas elecciones de alcalde. En cambio, con la modificación que el proyecto propone, en ese ejemplo tendrían que participar 16.500 personas para que el resultado sea vinculante, cifra más que razonable.
Lamentablemente, los diputados de la comisión de gobierno interior rechazaron todo lo sustantivo del proyecto y solo se atrevieron a modificar mañosamente el quorum para hacer vinculante los resultados del plebiscito, rebajándolo del 50% al 35% pero, aquí está la trampa, del total de los inscritos. Una vez más, la cifra quedaría muy por encima de los niveles de participación electoral efectiva en la actualidad.
En momentos en que los sistemas democráticos pasan por una fuerte crisis de credibilidad, profundizar la democracia incorporando mecanismos participativos debiese ser la dirección correcta para una ciudadanía que exige cada vez más participar en la toma de decisiones. Esperamos que las burdas modificaciones al proyecto original sean rechazadas cuando sean discutidas en la cámara y se recupere –a través de indicaciones– el espíritu original del proyecto.
Toda la bancada del Frente Amplio ha comprometido su apoyo y esperamos que las demás bancadas de oposición, así como sectores de la derecha también lo hagan. Esta es una posibilidad clara y concreta de demostrarle a la ciudadanía que hay un nuevo parlamento.
