El orden público es entendido idealmente como la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.
La cuestionada Constitución Política de 1980, vigente en su versión texto refundido 2005, que se pretende cambiar mediante un proceso constituyente, por un nuevo texto constitucional democrático en origen y contenido, fija los siguientes principios básicos en materia de orden público, que los últimos hechos demuestran no están en vigencia entre nosotros, los que declaran:
iii) Que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
v)Que la Constitución garantiza a todas las personas, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
vii) Que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
Los siete principios constitucionales básicos indicados, que refieren al orden público, se encuentran a partir de la crisis social y política del 18 de octubre de 2019, en estado de quebrantamiento e incluso ausentes. Todo ello, se expresa en que el Estado no esta cumpliendo sus fines esenciales, cual es proveer y asegurara el bien común y estar al servicio de las personas.
Hemos visto dramáticamente en estos días que se encuentra de este modo en tensión y transgresión el derecho a la vida, ya que ciertas personas se reúnen, pero para quebrantar el orden público, destruyendo bienes públicos y privados, evidenciando que el Poder Ejecutivo no está garantizando, ni conservando el orden público, según mandata la carta constitucional, ya que éste se perdió y es obligación del Gobernante recuperarlo.
Sabemos también que Carabineros e Investigaciones, están sobrepasados en su cometido legal, según el decir del Gobierno y no están dando eficacia al derecho, ni garantizando el orden público y la seguridad pública interior, ni se han respetado los derechos humanos de los ciudadanos. Pero no se trata que Carabineros tenga que cambiar los prohibidos balines por armas letales como señala el Subsecretario del Interior Urrutia.
Existe a nivel de actores políticos, consenso en diagnosticar que se está perdiendo también en este proceso social el Estado de Derecho, entendido éste como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. Parece oficioso recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, también da al Estado de derecho un lugar central al afirmar que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho…”.
El actual estado de situación en el país exige que el Gobierno, con un sentido de urgencia y de oportunidad en su quehacer, restablezca el orden público perdido, para lo cual debe y es su obligación ejercer sus potestades y enfrentar con decisión y sentido de Estado, a los agentes que han logrado radicalizar y hacer perder por la violencia y con la tecnología a su alcance, la vida cotidiana y bienes preciados de la mayoría de los chilenos. Visiblemente siguiendo al Ministro de Hacienda Ignacio Briones, estos actores son delincuentes, narcos y anarquistas quienes tienen secuestrado al Estado y que al parecer unidos o relativamente coordinados, accionan bajo un objetivo común consistente en destruir al Estado, quienes han logrado, actuando así, “eficientemente” desplazar y casi invisibilizar las legitimas demandas sociales y económicas que nuestra ciudadanía reclama, virtualmente perdiendo éstas sentido frente a la violencia y destrucción.
Que se espera, simplemente que las instituciones funcionen. Que los actores sociales y partidos políticos se convoquen a un gran acuerdo nacional, para restablecer el orden público perdido y la paz social. Se requiere con urgencia levantar al país y sus ciudadanos en una gran agenda común, en la que ya se están dando pasos relevantes en materia de proceso de cambio constitucional, agenda social y económica y lo propio en el acuerdo suscrito por el Senado el 17 de noviembre, que exhorta al restablecimiento del orden público.
Es oportuno reflexionar que las cartas constitucionales no son una panacea, ni una vara mágica para cambiar toda la realidad de una sociedad, pero en nuestro caso es un paso democrático necesario e importante para los próximos 50 años, proceso que también exige para su desarrollo un orden público y paz social para discutir su contenido y principios esenciales, propósitos y valores que no comparten los enemigos visibles de la democracia.
La voz y acción más legitimada y necesaria para restablecer la paz social recae entonces en el Gobernante, quien debe crear el escenario y las condiciones para que este proceso de restablecimiento del orden público tenga lugar a la brevedad. Creo que todo el país espera legítimamente que ahora y el próximo 31 de diciembre nos encuentre en país que dialoga y se esfuerza en recuperar la esperanza y paz social perdida y que podamos así abrazarnos sabiendo que iniciamos un año 2020 mejor que el que dejamos atrás. Chile exige y demanda este sacrificio urgente, que pasa por dialogar, escuchar con respeto las ideas antagónicas, valorar y no descalificar al otro y lograr así los consensos políticos que nos hagan volver a creer en nuestro destino común, conscientes de que no vivíamos en un paraíso en la Región y que cuestiones básicas nos las hicimos bien, ya que no había ni hay aun equidad a la hora de repartir la riqueza y el crecimiento económico y que si no damos un trato digno a una gran mayoría de chilenos, especialmente a los más carenciados, el país no es viable. El Gobernante debe articular este proceso de reconstrucción social y debe actuar con prudencia ante los crudos y dramáticos hechos de vandalismo y con generosidad a la hora de dialogar y oír a sus adversarios políticos, en la búsqueda de las soluciones a los grandes problemas que tenemos como sociedad. En este contexto, el Gobernante debe instruir vía Ministro del Interior a Carabineros e Investigaciones para que modelen su actuar con pleno apego a los derechos humanos y tomar las medidas correctivas que las desviaciones de agentes del Estado puedan haber incurrido y eventualmente puedan volver a incurrir.
¿Cabe entonces la legitima pregunta, tiene sentido y es prudente, sin orden público sacar a la vía pública a interactuar al Ejercito y Fuerzas Armadas?. El Gobernante debe buscar formulas de consenso y dialogar y por qué no, incluso pedir consejo a sus adversarios políticos, en aras a restablecer el orden público perdido y volver a restablecer el Estado de Derecho y avanzar en el nuevo proceso constitucional. Insistimos el Gobernante debe ser un actor protagónico amistoso y no un gobernante encerrado en cuatro paredes víctima del silencio y con gestos erráticos y ausencia manifiesta en la agenda de pacificación nacional. El Gobernante debe activar en persona las mesas de dialogo con dirigentes sociales, trabajadores sectoriales, profesionales y empresariales, de lo contrario seguiremos todos rehenes en un estado de caos. Por ello, el país debe ponerse de nuevo de pie con un nuevo pacto social y compromiso democrático, debe volver a ponerse en marcha la economía, para que dese el pequeño empresario – hoy muy dañado – a las grandes empresas cumplan su cometido económico social. Si no ponemos un alto a este estado de cosas, no saldremos de la espiral en con no encontramos como país. En síntesis, el Gobernante debe articular el dialogo social y político y buscar las ecuaciones y gestos que sean necesarios para generar las confianzas que sus gobernados esperan y así volver a restablecer un nuevo orden público, social y político, virtuoso que nos haga creer en un proyecto compartido para Chile, con un acento en acoger y amparar a los más necesitados, a los pensionados, a los deudores de créditos, a los que han perdido sus empresas, a los estudiantes de la educación pública y a los trabajadores en sentido amplio, que permita superar esta compleja coyuntura.
