Opinión
Tal vez la cuestión más transformadora que ha surgido desde el 18 de octubre, es la sensación de que todo se puede cambiar. Me refiero, en términos generales, a la construcción de nuevas relaciones sociales enmarcadas jurídicamente en lo que se ha llamado un nuevo pacto social. Después de más de un mes de manifestaciones y protestas en las calles de todo Chile, se logró un acuerdo parlamentario que contempla una fórmula para generar una nueva constitución política. Lamentablemente, el poder legislativo no consideró trabajar en la elaboración de este acuerdo, con representantes de las diversas organizaciones sociales que han estado permanentemente movilizadas y que han sido, sin duda, las que han impulsado los cambios transformadores que experimenta la sociedad chilena, elevando sustancialmente el piso de la discusión política y social.
Por el contrario, han sido los miembros de las instituciones más desprestigiadas y menos validadas por la ciudadanía, como el congreso y los partidos políticos, quienes han acordado los términos en que se elaborará una nueva constitución política. Esto es realmente preocupante, ya que una de las demandas centrales de este movimiento social – sin precedentes en la historia reciente del país – es ejercer una participación política activa en la construcción de una nueva sociedad, y no delegar esa misión en políticos y partidos que no cuentan con un mínimo de legitimidad. Con justa razón, la ciudadanía no reconoce legitimidad al actual marco político-institucional que funciona dentro de los márgenes de una constitución política elaborada de acuerdo a lo que un grupo reducido de asesores de la dictadura cívico-militar determinó era conveniente para dar un marco jurídico al gobierno dictatorial, de espalda a la ciudadanía, sin oposición política, sin parlamento, y “validada” mediante un plebiscito fraudulento.
Está por verse si el llamado “acuerdo por la paz social y la nueva constitución” será finalmente validado por el pueblo de Chile. Lo que sí está claro, es que por ahora, después de varios días desde su firma, la ciudadanía continúa movilizada con fuerza, expresando que el acuerdo no los representa. Cómo sea, el proceso constituyente ya iniciado por el pueblo de Chile requerirá de representantes para la elaboración de la nueva constitución, ya sea bajo la fórmula de una convención constitucional o convención mixta constitucional, contempladas en el acuerdo, o bajo cualquier otra alternativa que pueda surgir desde las movilizaciones sociales en los próximos días. Tradicionalmente, los representantes de la ciudadanía tienden a defender posturas e intereses que responden a la posición social que les identifica. No obstante, lo que ahora se requiere es ir más allá de la defensa de un determinado grupo, clase o estrato social. La posición social también tiene relación con el sexo, género, raza, nacionalidad y habilidades de las personas. Puede que no sea posible representar todas las posiciones sociales en un proceso constituyente, entonces ¿cómo guiar las decisiones de los representantes para que no necesariamente defiendan valores, principios y privilegios asociados a sus respectivas posiciones sociales?
Recogiendo elaboraciones previas, el filósofo inglés John Rawls desarrolló una teoría de la justicia social que enfrentaba esta pregunta. Para Rawls, los fundamentos de un acuerdo social debían ser criterios de justicia establecidos por personas en condiciones de igualdad. A su vez, la igualdad se consigue cuando quienes ejercen la representación de la ciudadanía deliberaban tras un “velo de ignorancia”, es decir, desde una hipotética situación donde desconocen por completo la posición que ocupan en la sociedad. Bajo el velo de la ignorancia, las personas establecen acuerdos sin conocer su clase o estatus social, su riqueza material, sus habilidades, su inteligencia, su poder político. Quienes debatan en esta posición, Rawls indica, tenderán a maximizar la situación de aquellos menos favorecidos, ya que eventualmente quienes actúan como representantes de la ciudadanía podrían también ocupar esa posición en la sociedad. Obviamente, las personas y particularmente quienes ejercen la labor de representantes, no pueden ignorar su posición social, ni los valores e intereses asociados a ella. Sin embargo, es válido pensar que sus posturas, decisiones y acuerdos sean inspirados por criterios de justicia social pensados bajo un velo de la ignorancia. Este es un ejercicio de real empatía, ya que nadie elige su posición social ni los privilegios o penurias asociadas a ella, y es por sobre todo, una acción que contribuye a cambiar la lógica del beneficio individual por la búsqueda de un bienestar colectivo y la construcción de sociedad.
