Opinión
Desde hace un par de meses somos testigos de la mayor movilización que el país tenga memoria desde el retorno a la democracia política. Cientos de miles de personas se manifiestan exigiendo el término del neoliberalismo imperante en el país en los últimos cuatro decenios. Tras décadas de abusos, prevalencia del empleo precario, salarios bajos en relación con el costo de la vida (actualmente, unos 480 dólares mensuales para la mitad de los trabajadores, con precios de bienes de consumo similares a los de España, país en donde el salario mínimo más que duplica al chileno), una educación subordinada al lucro, pensiones privatizadas con jubilaciones exiguas para la civilidad, estatales y satisfactorias para uniformados, medicamentos con precios inasumibles para la mayoría de la población, endeudamiento generalizado, y una enorme desigualdad que es el talón de Aquiles de la economía con el PIB per cápita más alto de América Latina.
En cierto modo, la efervescencia y amplitud del actual ciclo de protesta se venía preanunciando a partir de diversas dinámicas: la persistencia del movimiento estudiantil, las manifestaciones contra las AFP, las demandas en favor de un mayor autonomía y equidad territorial, las reivindicaciones mapuches, las demandas por igualdad de género, y como un síntoma adicional del descontento ciudadano y su distanciamiento de la clase política, una participación electoral que en los últimos comicios presidenciales apenas superó el 46% del censo. Es palpable que existe un profundo malestar en la amplia mayoría de la población que afecta tanto a los sectores populares como a las clases medias e incluso acomodadas. Las encuestas y estudios de opinión coinciden en que, prácticamente, el 90% de los chilenos apoya la actual ola de protestas reflejando la separación entre la ciudadanía y sus representantes, cuyo corolario es la incuestionable crisis del régimen neoliberal. A partir de la evasión en el metro de Santiago, han confluido diversas demandas desoídas y postergadas, activándose un movimiento ciudadano que, superando la desconfianza y el individualismo se convoca en calles y plazas con el propósito de desencadenar los cambios estructurales que los sucesivos gobiernos electos desde 1990 en adelante no han llevado a cabo.
Ahora bien, hagamos una breve retrospectiva histórica. Como es sabido, la Constitución de 1925 consagrará un Estado democrático que sustituirá al régimen oligárquico, estableciendo un conjunto de derechos, políticos, laborales y sociales, a partir de los cuales se plasmarán las instituciones en materia de salud, pensiones públicas de reparto, y educación gratuita, personificando la concreción de un Estado benefactor el que, si bien, con significativas falencias como la discriminación del campesinado y de los segmentos excluidos del mercado de trabajo formal existió como tal hasta el golpe militar de 1973. En ese periodo, con posterioridad a la crisis económica internacional de 1929, de severo impacto en Chile, se configurará una economía mixta en donde el sector privado se abocará a los mercados de bienes de consumo e intermedios, y el Estado procederá a crear y gestionar empresas en los sectores de industrias básicas, energía y telecomunicaciones, promoviendo la industrialización del país.
En la actualidad, es palpable que entre las reivindicaciones de los ciudadanos y organizaciones sociales que participan de manera directa en esta masiva movilización, no se procura reemplazar el capitalismo chileno por un sistema opuesto, o por una variedad de capitalismo que estatice algunos resortes de la actividad económica; lo que claramente se exige es superar la versión más extrema del capitalismo, es decir, la neoliberal. En síntesis, se demanda la conformación de un Estado social o de bienestar que universalice derechos sociales y laborales para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas sin distinciones, que permita reducir de forma definitiva la desigualdad integrando a la sociedad. Esto implica diferenciar y separar del mercado a los servicios y prestaciones cruciales para la reproducción social, personal y familiar configurando una efectiva seguridad social. Lo anterior se vincula con la obra de una nueva Constitución que profundice la democracia y encauce las reformas legales que aseguren salud y educación pública, gratuita y de calidad con un sistema de pensiones estatal que provea de jubilaciones dignas con tasas de reemplazo homologables a escala internacional, de la mano del fortalecimiento de los salarios y la capacidad negociadora de los trabajadores. Es de prever que para este propósito se requiera de un esfuerzo tributario y de recaudación fiscal en donde, a modo de ejemplo, se alcance una reducción de la evasión impositiva, o se canalice una fracción de los cuantiosos excedentes de los mercados altamente concentrados que existen en el país a través de la capacidad redistributiva del Estado. Esta reforma, junto con conducir a un desarrollo económico integrador que culmine con la aguda desigualdad que aqueja al país, contribuirá a poner en pie la menoscabada legitimidad de las instituciones representativas y la dirigencia política, favoreciendo el propósito de una estabilidad o pacificación social sustentada de forma genuina en la calidad de vida de la población. Países con un nivel de ingresos similar al chileno como es el caso de Portugal, otros como España, y gran parte de los miembros de la OCDE, organismo del que Chile es miembro, disponen de instituciones de esta naturaleza.
Con base en la movilización que de forma decidida ejerce la ciudadanía, es de esperar que, con la apertura de un proceso constituyente diferido en una primera instancia para abril de 2020, se responda a los imperativos contemporáneos del país, los cuales, en buena medida, coinciden con la elaboración de un Estado social que posibilite la conformación de un país más justo y habitable entre todos.
