Opinión
El pasado 27 de abril Carabineros de Chile tuvo ocasión de recordar el transcurso de otro año desde su fundación, desde el día que se dio nacimiento a la actual institución policial fundiendo en una sola las fuerzas policiales municipales y el cuerpo de gendarmes de frontera, creando así una sola institución con despliegue territorial nacional.
Una fecha que debe, legítimamente, ser de celebración, en esta ocasión es apenas un acto casi burocrático que sirve de excusa para reunir al alto mando con las autoridades políticas del día, ambos tremendamente afectados por la contingencia vivida el último tiempo.
En el caso de Carabineros de Chile, la institución ha visto esfumarse en brevísimo tiempo no sólo su prestigio (uno de los más altos en la región para instituciones análogas, sino derechamente el mayor), sino su capital de trabajo representado por el respeto, el aprecio y confianza de la ciudadanía. En muy corto tiempo, una institución profesional, responsable, cívica y cercana se convirtió en una institución degradada por protagonizar una serie de eventos que, retrospectivamente, permiten visualizar un camino recorrido hacia la oscuridad.
Tenemos, por un lado, el mayor fraude de la historia del país: el llamado “Pacogate”, investigación en desarrollo que acumula la cifra más alta de dinero involucrada en delitos semejantes, que sepulta la imagen de probidad que había distinguido la policía nacional de muchos cuerpos policiales de la región, y más lejanas.
Por otro, Carabineros de Chile resulta vinculado a una seria adulteración de evidencia apuntando a actividades criminales de líderes sociales mapuche: el caso conocido como“Huracán”, involucró efectivos de unidades altamente especializadas, de inteligencia, tecnología y supuestos asesores externos, en una confabulación dirigida a crear comunicaciones inculpatorias en contra de líderes de movimientos reivindicativos mapuche en la Araucanía, trayendo consigo detenciones y prisiones preventivas hasta que se hizo insostenible no asumir el montaje, arrastrando a mandos superiores y al General Director de la época.
Poco después, otro alto mando cayó consecuencia no sólo del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, sino que de toda una maniobra de obstrucción a la investigación para transformar una muerte injustificada en un efecto colateral, eventualmente inevitable, de un enfrentamiento de fuerzas policiales con criminales violentos en un procedimiento de flagrancia.
Los detalles de cada uno de estos casos han ido siendo develados por sendas investigaciones, e involucran a una cantidad no menor de suboficiales y oficialidad superior que han tenido que enfrentar acusaciones formales y juicios orales. Estos casos se encuentran aún en desarrollo.
Por último, desde hace 6 meses a la fecha, Carabineros de Chile ha venido recibiendo críticas cada vez más serias relativas a la violencia de su conducta y su distanciamiento de la normativa y protocolos de actuación para el uso de la fuerza y el resguardo del orden público frente a las protestas sociales extendidas por el país desde el 18 de octubre pasado.
En ese contexto, Carabineros de Chile se reveló como una institución incapaz de producir inteligencia o aplicar la existente para actuar preventivamente, y reaccionando una y otra vez tardíamente, enfrentó tanto las movilizaciones sociales pacíficas como los desórdenes y el vandalismo con fuerza desproporcionada muchas veces injustificada e ilegítima, así transformada en pura violencia. Ello trajo como consecuencia el escalamiento de la crispación, el distanciamiento del respaldo político a la institución, el desafecto, el descrédito y hasta el temor de la población, y la interpelación de organismos de derechos humanos y de la opinión pública internacionales.
La suma de todo lo anterior ha significado el cuestionamiento a las bases mismas de la organización y a su idoneidad para cumplir las funciones esenciales que la ley le exige: el cumplimiento de labores investigativas con rigor e imparcialidad, el trabajo de resguardo del orden público, o dar eficacia al derecho y hacer cumplir la ley, o dando cumplimiento a órdenes de la autoridad, particularmente las judiciales.
Las recomendaciones incluidas en sendos informes de organizaciones cuya seriedad no se discute exigieron la restricción máxima al uso de la fuerza, el cese del uso de dispositivos y material potencialmente letales, el reforzamiento del entrenamiento y la capacitación, la sujeción estricta a las normas y protocolos sobre uso de la fuerza, control y detención de personas (incluido el recordatorio a la prohibición de desnudamente de detenidos y detenidas) y el llamado a abstenerse de detener a manifestantes pacíficos, defensores de derechos humanos o dirigentes sociales que ejercen su derecho a la libre expresión en un contexto de protesta social. Destacan también entre las recomendaciones la dirigida a investigar las responsabilidades de mando y a asegurar el funcionamiento de mecanismos de control interno para investigar y sancionar conductas indebidas, procurando garantizar la rendición de cuentas y el reconocimiento de las faltas y las responsabilidades, por mencionar algunas de las más importantes.
Como es de esperar (y también se puede leer entre las recomendaciones) el corolario de este itinerario es enfrentar un proceso de “reforma institucional integral” para “adecuar la actuación de la institución a los principios de seguridad ciudadana y de respeto a los derechos humanos” (según los términos usados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
El punto en el que nos encontramos y el desafío planteado a la institución no es de su exclusiva responsabilidad. A él la condujo también un poder político que ha preferido asumir el costo del deterioro de la confianza en la policía antes que el costo del cuestionamiento a su propio accionar, resistiendo remociones de mandos y reestructuraciones inevitables hasta límites intolerables. Un alto mando sordo a las recomendaciones y ciego a la evidencia y la crítica tampoco le ha hecho fácil el trabajo a Carabineros de Chile, especialmente al personal que todos los días debe cumplir su deber en las calles, ante una población distante, desconfiada y hasta hostil.
La incapacidad de la propia institución a la autocrítica o a la recepción de la crítica externa es probablemente consecuencia de un rasgo del propio organismo policial: su carácter militar. Éste, muchas veces dado simplemente por sentado, como un hecho natural y obvio y por ende invisibilizado, encierra el riesgo de la tradición de la opacidad de lo militar al escrutinio público del mundo civil. Todas las diversas reformas llevadas a cabo para acercar a las fuerzas armadas y de orden y seguridad al control efectivo del poder civil, como corresponde a un país democrático representativo de un estado de derecho, se han revelado en este punto como ineficaces.
La reforma policial a seguir que deberá ofrecernos una nueva policía deberá cuestionar todos los elementos que han llevado a Carabineros de Chile a esta encrucijada, partiendo por éste. Habrán otros consensos, ojalá amplios y debidamente fundados. Esos consensos deberán alcanzar también la necesidad de abordar una reforma a toda la institucionalidad política que rodea la institución policial, cuyas limitaciones se han hecho también evidentes.
El momento es crucial y la necesidad urgente, la reforma no puede ser indulgente. Esperemos se responda a la altura de las expectativas.
