Opinión
La pandemia por la que atravesamos, puso nuevamente en tela de juicio el modelo chileno en sus áreas claves para la vida humana y, si consideramos que la economía de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción de la actividad del 5,3% en 2020, que generará casi 30 millones más de pobres según la CEPAL, vale la pena abrir debates estructurales como el que impulsamos sobre el sistema de pensiones. Proponemos un camino real y concreto para abrir la puerta a un nuevo sistema, esperamos que el Congreso así lo entienda y permita dar un debate necesario.
El Premio Nobel de Economía, Josep Stiglitz acertó en 2017 al señalar que «no podemos confiar en el sector financiero si no lo regulamos, porque engañarán y se aprovecharán de la gente». En Chile, luego de la contrarrevolución neoliberal que trajo la dictadura, hemos visto situaciones e instituciones concretas que reflejan el sentimiento depredador que señaló Stiglitz hace algunos años. Una de ellas son las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Qué duda cabe que el sistema de pensiones chileno, exclusivamente administrado por el sector privado, fracasó en su espíritu de entregar seguridad social para la jubilación de nuestros compatriotas, que ven cómo año a año, la rentabilidad de las pensiones no está garantizada debido al manejo especulativo de sus ahorros en los mercados financieros internacionales.
No tan solo es la OCDE la que evidencia que Chile gasta apenas el 4% del PIB en pensiones, también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue categórica en su informe N°63 de marzo de 2019 al señalar que el sistema de pensiones chileno había fracasado.
[cita tipo=»destaque»]En este sentido, la invitación es a no caer en caricaturas, populismos ni fake news sobre legítimas iniciativas parlamentarias, a participar del debate público con veracidad, reconociendo que el proyecto que deroga el DL3500 nace del masivo reclamo de chilenas y chilenos contra el sistema de pensiones, que al 28 de febrero de 2020, administraron cerca de US$195.130 millones de dólares, equivalentes al 80,7% del PIB nacional, pero entregaron una pensión menor a $234 mil para quienes cotizaron entre 30 y 35 años.[/cita]
Atendiendo las señales categóricas de los organismos internacionales y conociendo la realidad local, el proyecto que presentamos el miércoles pasado junto a 4 senadores de oposición y la Coordinadora No Más AFP, viene a proponer un punto de partida para el debate sobre un nuevo sistema de pensiones para Chile. La derogación del Decreto Ley 3.500 que postulamos en la iniciativa parlamentaria, es solo la llave que abre la puerta a un debate demorado por décadas, propuesta que viene acompañada además por un camino concreto para avanzar hacia un sistema de seguridad social.
Por la viabilidad y sustento de nuestra propuesta, fue esperada la ciega defensa corporativa hecha por el Gobierno y desde el mundo de las AFP al actual sistema de pensiones, argumentando con la misma desconexión de la realidad con que José Piñera lo hizo hace un par de años en su regreso a Chile, cuando comparó el modelo con un Mercedes Benz. Pese a la liviandad argumentativa, no dejan de ser legítimos sus postulados para defender el modelo, sin embargo por respeto al trabajo técnico realizado para la materialización del proyecto de ley ingresado en el Senado, vale la pena denunciar y derribar los falaces argumentos que expuso el Gobierno y las AFP’s para negar el debate de fondo.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, el gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín, el presidente de la AFP Habitat, Cristián Rodríguez, o el senador Andrés Allamand por nombrar algunos, demonizaron la iniciativa indicando que el solo hecho de derogar el Decreto Ley 3500 generaría una “expropiación” de los fondos de pensiones. Nada más ridículo y alejado de la propuesta, considerando que la propiedad de los ahorros continuaría siendo de las y los trabajadores, con la diferencia que proponemos una nueva institucionalidad que dé paso a un sistema en donde la administración privada de los fondos sea opcional, una vez garantizada la seguridad social básica por parte de un organismo autónomo, público y apegado a las normas internacionales.
Cabe señalar que mientras el presidente de la AFP Habitat criticaba nuestro proyecto, retiraba un 30% de utilidades por parte de la administradora, en medio de la crisis sanitaria y económica que vivimos a raíz del Coronavirus. Por eso, vale la pena exponer la absoluta falta de seriedad de las autoridades que evaden el debate, cayendo en falsos positivos como el que habla que el objetivo del proyecto es desproteger a las personas y atentar contra el derecho de propiedad.
Nuevamente el rigor carece dentro de los postulados de ministros, senadores y gerentes, por el aparente desconocimiento que tienen del proyecto y por su férrea defensa del sistema de pensiones, ya que nuestra propuesta crea un nuevo Instituto de Seguridad Social, un Sistema de Pensiones Solidarias (SIPENSOL), una Pensión Básica Universal (PBU) equivalente al sueldo mínimo, y una restitución al aporte patronal- que existía en Chile hasta la creación de las AFP’s- equivalente al aporte del trabajador.
No debemos olvidar que la pandemia por la que atravesamos, puso nuevamente en tela de juicio el modelo chileno en sus áreas claves para la vida humana y, si consideramos que la economía de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción de la actividad del 5,3% en 2020, que generará casi 30 millones más de pobres según la CEPAL, vale la pena abrir debates estructurales como el que impulsamos sobre el sistema de pensiones.
En este sentido, la invitación es a no caer en caricaturas, populismos ni fake news sobre legítimas iniciativas parlamentarias, a participar del debate público con veracidad, reconociendo que el proyecto que deroga el DL3500 nace del masivo reclamo de chilenas y chilenos contra el sistema de pensiones, que al 28 de febrero de 2020, administraron cerca de US$195.130 millones de dólares, equivalentes al 80,7% del PIB nacional, pero entregaron una pensión menor a $234 mil para quienes cotizaron entre 30 y 35 años.
Es hora de contraponer propuestas, la derecha no parece tener una, solo aspiran a mantener el modelo vistiéndolo con nuevas ropas. Desde el progresismo, en cambio, proponemos un camino real y concreto para abrir la puerta a un nuevo sistema de pensiones. Esperamos que el Congreso así lo entienda y permita dar un debate necesario y urgente para todo el país.
