Opinión
El 28 de abril de este año nos golpeó fuerte como país, la noticia sobre los eventos sucedidos en el hogar de protección Nido de Hualpén. Dos hermanos, una niña de 8 años y un niño de 6, habrían sido víctimas de tortura y de una serie de vejaciones sexuales. La ex directora de este centro, Evelyn Oñate Caamaño, psicóloga, habría facilitado espacios físicos de la residencia, permitiendo que particulares, a cambio de “donaciones”, cometieran delitos de abuso sexual contra estos niños. Asimismo, algunos y algunas integrantes del equipo profesional habrían tenido conocimiento de estos sucesos. La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, denunció los hechos ante la Fiscalía Regional del Biobío, entre otros actores institucionales, cuyos antecedentes se encuentran en manos del Ministerio Público. Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, reconoció la gravedad de los delitos y admitió la falla de los procesos de inspección por parte del Servicio Nacional de Menores (SENAME), ordenando el cierre de la residencia, al tiempo que se encontraría coordinando el traslado de las niñas y los niños a otros recintos y gestionando la licitación para la apertura de uno nuevo.
Frente a estos delitos, a través de las redes sociales, se puso de manifiesto la indignación de la sociedad civil mediante múltiples funas a la ex representante legal de la residencia.
Tanto en el contenido de las denuncias realizadas por parte de la autoridad, como en los reclamos realizados por la ciudadanía, fue posible reconocer el anhelo de justicia punitivista, asentada en una lógica penal cuyo foco se centra en la investigación y la determinación de las sanciones correspondientes para los crímenes perseguidos. Y aunque esto es lo que se espera de las competencias del Estado, poco hubo, de parte de las voces que surgieron en ese entonces, una reflexión que cuestionara las condiciones de descuido que rodean a estos delitos, la extensión en el tiempo de sus ocurrencias, la situación y el número de otras y otros niños que pudieran haber sido afectados por estos abusos, las distintas maneras que éstos pueden adoptar y, por cierto, una deliberación crítica tanto de los mecanismos que normalizan, silencian e invisibilizan las violencias contra la infancia, como de los imaginarios sociales y culturales que pautan los modos de apropiación de los cuerpos de las y los niños para el uso e instrumentalización por parte de los adultos.
En otra perspectiva, caben también las interrogantes sobre cuáles fueron los sistemas de selección y evaluación de competencias técnicas y profesionales, así como de aquellos mecanismos que debieran estar orientados a la consideración de aspectos éticos y humanos que fallaron, como para que un centro que tiene las responsabilidades de custodiar, en nombre del Estado, a niños y niñas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilización social y de velar por su protección, apruebe y respalde la contratación de personas que pudieron haber tenido una participación activa o pasiva en la comisión de estas acciones delictuales. En el mismo sentido, podemos preguntarnos qué ocurrió con la fiscalización, y la suficiencia, idoneidad y pertinencia de sus instrumentos (en el caso que haya existido) que no permitieron detectar oportunamente ni menos impedir estos delitos. Pareciera que una cadena de fracasos, omisiones y ausencias se extiende sin intermediación en el análisis crítico del funcionamiento de esta, y otras residencias, tal y como ocurrió con el presunto caso de adopción irregular denunciado, nuevamente por la Defensoría de la Niñez en el ya referido hogar Nido de Hualpén.
El dolor y los daños ya fueron infligidos, y mientras tanto el Ministerio Público se encuentra investigando para establecer las responsabilidades de estos delitos en quienes correspondan. Sin embargo, en este escenario resulta paradójico el hecho que la función de protección y resguardo del Interés Superior del Niño, recaiga en el mismo Estado que en múltiples ocasiones, tales como la que aquí nos convoca, con su operar, contribuye y sostiene la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos de esos niños y niñas, además de su insistente revictimización.
Creemos que estos niños y niñas afectadas, en atención a su dignidad y respeto incondicionado, no sólo merecen verdad, sino también reparación integral ante la violencia institucional de la que fueron víctimas. Y de allí, derivamos la necesidad de contar en Chile con un programa que incorpore medidas que aborden de manera interdisciplinaria los procesos de traumatización en niños y niñas, residentes en los hogares de protección, que han sido y estén siendo víctimas de esta forma de violencia en particular. En este sentido, la reparación debe ser un derecho garantizado que no sólo permita la recomposición de la integridad física, psicológica, social y política de los niños y niñas, y de sus entornos, sino que además genere las sanciones que en lo administrativo y en lo ético sean ejemplificadoras para los equipos de trato directo que incurran en este tipo de prácticas, más allá del ámbito judicial. Lo anterior, en la medida que el radio de impacto de crímenes de esta índole pone en tensión los fundamentos mismos de las representaciones sociales que se tienen respecto de la niñez y los mecanismos según los que una sociedad en su conjunto pacta, a nuestro entender, los primeros modos de vinculación entre los representantes adultos de la especie humana y sus crías. De allí que pudiéramos sostener que los abusos sexuales infantiles y la violencia contra la niñez son, también, crímenes de naturaleza política.
Actualmente, SENAME cuenta con un Departamento de Protección de Derechos, que tiene por objetivos “contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes vulnerados”. No obstante, esta vulneración en este momento está siendo comprendida desde el rol que cumplen terceros, excluyendo las responsabilidades de hecho que tienen los actores estatales o privados que son contratados con fondos públicos. Esta misma situación tiene lugar con el Acuerdo Nacional por la Infancia, que en su propuesta no contempla esta arista. De este modo, a 30 años de que Chile ratificara la Convención de los Derechos del Niño, una oferta programática de este tipo es de vital importancia para que el Estado cumpla con su obligación y compromiso internacional de reparación y no sólo de restitución. Así, la violencia institucional, no puede estar ausente en los debates legislativos que en algún momento se han de retomar, ante la imperiosa necesidad de reformular la actual institucionalidad de protección de la niñez.
