Opinión
A propósito de las expresiones formuladas por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, respecto del proyecto de ley para extender el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con un Estado de Excepción Constitucional por calamidad pública, se levantaron todo tipo de críticas de los más diversos sectores. Llama la atención la de los jefes de bancadas de la coalición gobernante, quienes la crucificaron sin más en el espacio de lo que conocemos como opinión pública.
Todas esas críticas parten de un supuesto equivocado, puesto que nunca en el Senado hemos discutido formalmente cuestión constitucional alguna respecto del referido proyecto. Se han intercambiado opiniones respecto de la forma de tratamiento que pudiere tener, pero sin entrar al mérito de los posibles cuestionamientos de admisibilidad.
Por lo tanto, la presidenta del Senado nunca ha planteado una tesis jurídica sobre tal cuestión, por la sencilla razón que ese debate nunca ha tenido lugar. Esa discusión sobre la admisibilidad o inconstitucionalidad del proyecto, es un trámite pendiente que podrá tener o no lugar dependiendo de variados factores, entre los cuales está la voluntad de los diversos actores que participan, llámese Ejecutivo o los distintos senadores, en esta etapa del debate. Será allí, entonces, donde, de producirse tal debate, cada senador o senadora, y por cierto la presidenta de la Cámara Alta, sostendrán, con entera libertad, sus puntos de vista respecto del mérito jurídico de la cuestión en disputa.
El envío del proyecto a la comisión de Trabajo fue una solución de compromiso, para que se tuviera la instancia de buscar un acuerdo o una salida entre los distintos actores que participan en el proceso legislativo.
Por ello digo que me llama la atención la actitud asumida por los jefes de las bancadas oficialistas, puesto que ellos saben que nunca en el Senado hemos discutido formalmente, con el propósito de tomar una decisión vinculante, el tema de la admisibilidad del referido proyecto.
Las expresiones de la presidenta del Senado no fueron dadas, por consiguiente, en un marco jurídico de discusión sobre el tema, sino en el contexto de la negativa del Gobierno de apoyar, basándose en cuestiones procedimentales, un proyecto que apuntaba probablemente a una de las cuestiones más sagradas para una mujer, cual es el destino de las madres y sus pequeños en una situación de extrema vulnerabilidad, en los primeros meses desde su nacimiento, con pandemia, cuarentena, incertidumbre en el empleo, en los ingresos, en la salud, en definitiva en la vida. Es la expresión de la mujer, que por la vida de sus hijos está dispuesta a todo sin preocuparse de límites formales. Por consiguiente, fue un planteamiento ético –y político si ustedes quieren–, pero no jurídico frente a una decisión política incomprensible e injustificable del Gobierno.
Distinta sería la situación si, puesto el tema de la admisibilidad en debate oficial en el Senado y donde cada senador o senadora, si lo estima del caso, expusiera sus puntos de vista, esta vez sí de naturaleza jurídica y, hecho eso, se sometiera a votación y la presidenta se negara a aceptar el resultado por considerarlo adverso a sus pretensiones y actuara en contra de la voluntad de la Sala. En ese caso y solo en ese, sus detractores y no solo ellos, tendrían fundamento para ejercer un juicio de reprochabilidad.
Pero ello no va a suceder, porque la presidenta del Senado forma parte de una coalición que desde el año 1990, no obstante cuestionar la legitimidad de la Constitución heredada, se atuvo –con la ética de la responsabilidad– estrictamente a ella, acatando los quorum supramayoritarios y todos los amarres institucionales que los administradores de la dictadura dejaron en la Carta Fundamental, con la esperanza que algún día fuera el soberano el que dictara las reglas del juego, legítimas, mediante las cuales tomáramos las decisiones colectivas obligatorias, cosa que el proceso constituyente deberá concretar.
Por ello, resulta irónico y curioso que los detractores y críticos, aduciendo que los dichos de la presidenta del Senado vulneraban la Constitución, terminaran, ellos, cayendo en el mismo vicio que enarbolaban, puesto que al dar por supuesto un hecho inexistente, violaron lo que podríamos llamar el debido proceso de escuchar, verificar y contrastar antes de emitir una condena pública.
