Opinión
El exdiputado y exsenador Patricio Walker llama a los diputados de la comisión de Medio Ambiente a aprobar el proyecto SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) ahora, después de 20 años que estuvo en el parlamento.
Tal como indica en su columna de opinión, el Estado ha otorgado dos dólares por hectáreas a CONAF, para la administración y gestión de las Áreas Silvestres Protegidas de Chile, una institución de derecho privado que ya tiene 50 años de vida institucional y uno de los pocos organismos que ha conservado, protegido e incrementado estas áreas protegidas, con personal que tiene una expertise invaluable, que han entregado su vida a la conservación por tantos años y tienen la camisa puesta, a pesar de las condiciones laborales donde se desempeñan.
El proyecto SBAP, como hemos expuestos en varias instancias en el Congreso, adolece de muchas deficiencias. Entre otras que el Ministerio de Medio Ambiente que pretende asumir la defensa del medio ambiente terrestre y marítimo, ha tenido un desempeño mediocre, lo demuestran los 117 conflictos socioambientales, donde en el 86% se vulneran derechos de vivir en un ambiente libre de contaminación y sus Servicios no han sido capaces de restringir estos proyectos, sencillamente porque fue creado para que el país tuviera mayores posibilidades de acuerdos económicos con otros países, dominando los criterios económicos y mercantilistas por sobre los ambientales, que contradice lo aseverado por Walker, “permitiendo que Chile pueda contar con las herramientas necesarias para promover la preservación y conservación de nuestras especies, ecosistemas y genes…”.
Proyecto SBAP tiene letra chica, permite la desafectación de Parques nacionales, violando la Convención de Washington, posibilita la tercerización de la administración y manejo de las ASP. Pero además el proyecto ha centrado la atención en el ámbito de su competencia, el sistema ecológico y medioambiental, sin entregar sino vaguedades en lo relevante. Se trata de un proyecto que crea un servicio público nuevo, y por tanto la estructura, su organicidad, y territorialidad deben ser abordados de manera transparente y relevante. Este proyecto es un atentando contra la estabilidad laboral de los guardaparques, profesionales, técnicos y sus familias, porque crea un servicio público donde el gobierno no ha indicado su orgánica funcional (divisiones, unidades, etc.), solo que tendrá expresión regional, donde habrá equipos paralelos a la actual Conaf o futuro Servicio Forestal, al SAG, para no agregar Pesca, cuya competencia, sorpresivamente, don Ignacio Walker, hermano del ex Senador, pretende incorporarla al “nuevo” MINAGRI, todo esto sin que exista clara separación de funciones. El proyecto debilita los pocos instrumentos de gestión y restricciones con que se cuenta para proteger estas áreas, sumado al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, órgano cuya existencia ha sido criticada por serios expertos en la materia, porque que sus decisiones son consideradas poco transparentes y presionadas por un intenso lobby de los poderes de facto. El traspaso de los trabajadores de Conaf o Servicio Forestal, será, según el informe financiero del proyecto, al tercer año después que ingresan las nuevas contrataciones, lo que no garantiza condiciones ni cargos, de los traspasados. El proyecto SBAP presenta numerosas deficiencias y redacciones favorables a una vulneración de la biodiversidad y áreas protegidas, además de una amenaza de los ecosistemas nativos en un contexto de cambio climático.
El SBAP, pone en riesgo nuestro patrimonio, esconde bancos de compensación y de créditos de biodiversidad, la destrucción se tranza como producto de mercado, la destrucción de un sistema de alto valor puede ser compensado mediante la preservación de otro por un tiempo, monetiza la biodiversidad, abre las puertas a las salmoneras, a la actividad minera, a los derechos de agua entregados a los privados.
Los trabajadores se regirán por el Código Laboral y algunas normas del Estatuto Administrativo, pasando a ser funcionarios públicos, un hibrido asumido como única opción posible frente a los despidos masivos por cada cambio de gobierno.
Ante este escenario, es mejor parar este proyecto, en cincuenta años, con dos dólares por hectáreas Conaf ha realizado una gran gestión, es prudente esperar la Nueva Constitución, donde quede plasmado los derechos de la naturaleza y el valor de trabajo, que no es una mercancía sino fuente y generador de riqueza, y así tener una institucionalidad ambiental que garantice una conservación en Chile.
