Opinión
El plebiscito del 25/O dejó clara la idea de una nueva Constitución discutida en una sede distinta al Congreso Nacional. Las encuestas desde 2016 venían afirmando sostenidamente que entre un 70 y 80% de las personas querían un nuevo texto fundamental. El 78,27% del apruebo y el 78,99% de la Convención Constitucional fue la confirmación de esa línea continua, aunque debemos esforzarnos en entender bien esos porcentajes, pues, pareciera ser que hay varios apruebos, de distintos sectores sociales y políticos, y más de una significación de la Convención Constitucional. Creemos que al menos se deben hacer dos lecturas de los resultados: una lectura en clave política y una lectura en clave constitucional.
La clave política: continuidad vs cambio en el sistema político. La política no se ha venido desarrollando sobre la lógica 80/20 en las últimas décadas, de modo que sería un error pensar que el resultado del plebiscito nacional por una nueva Constitución expresa una nueva y completa redistribución del arco político. En el apruebo concurrieron miradas desde la derecha democrática hasta la izquierda, pasando por sectores sociales y ciudadanía politizada muy lejanos de la política partidista o al eje izquierda-derecha. Es un mix de concurrencias y no sabemos si hay coincidencia en el diagnóstico y el camino hacia una nuevo texto fundante.
Sería un paso en falso considerar que tal votación desarmó y reordenó todo el escenario político y que su significado es un funeral a la política actual y al sistema de partidos constituyente un sistema 80/20. Una lectura inicial señala que ese 80% parece coincidir con un rechazo a la política y en especial a la política partidista, la cual vive su peor crisis de legitimidad desde la crisis del financiamiento ilegal de la política en 2015, cuestión que ha sido tomada como punta de lanza por sectores independientes que miran a la Convención Constitucional como un medio para aterrizar en el espacio público-político.
Ahora bien, junto con ello, debemos observar que el camino al 11 de abril es más abierto que el plebiscito del 25/10 que tuvo un carácter binario. La elección de convencionales se realizará concurrentemente con las de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y Cores. Las campañas tendrán un cariz constituyente en aquellas regiones donde el apruebo tuvo mayor votación y fuerza como ocurrió en las grandes ciudades, cuestión que se matizará con las demandas locales propias de cada zona geográfica. Ligado a ello, es seguro que las campañas serán en red, donde los tejidos políticos y sociales de carácter territorial tendrán un rol clave. Acá se mezclará la vieja y la nueva política. Una candidatura a convencional que no considere lo anterior tendrá menos posibilidades de elegibilidad.
Lo anterior nos nuestras al menos dos cuestiones: que es cierta la disconformidad con la política como la conocemos y que nadie ha podido capitalizar ese mundo no partidista. Las organizaciones y liderazgos que intentan surgir son sectores interesados en lo político provenientes de distintos mundos sociales y culturales, pero atomizados en cuanto a temáticas y organizaciones. Estamos ante un escenario de crisis institucional y de reconfiguración de actores y sin claridad de hacia donde se avanza, ni quienes la lideran. La discusión constitucional que se viene es una de las pocas oportunidades que tiene la política tradicional de empatizar con el nuevo Chile, y de los nuevos grupos y movimientos políticos de aparecer en el espacio público. Parece ser que la política futura se desarrollará más bien en posiciones de horizontalidad entre grupos y partidos políticos y la ciudadanía. La política partidista será un canal de comunicación entre ciudadanía y Estado, aunque no el único.
Ello se liga a otro punto. El anuncio de algunos de la desaparición de lo política como lo conocemos. Que no hay izquierdas ni derechas. Ese planteamiento nos parece faltó de sustento. La política tiene sus propias categorías de análisis, de modo que debemos recurrir a ellas para examinar lo que pasa. Desde el estallido social se produjo un rebrote de lo político o el nacimiento de tal inquietud en los sectores jóvenes. Esto sitúa a las personas en posiciones políticas, en particular en ejes tales como Estado/mercado, derechos y libertades de las personas. En esta perspectiva, el Estudio Longitudinal social de Chile que el Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES) viene realizando desde 2016 sobre identificación política muestra resultados sobre los cuales se debe poner atención. Este trabajo desarrolla una encuesta a más de 3 mil personas sobre su posición en el eje izquierda-derecha.
El estudio del COES nos muestra que, a nivel general, hay dos ejes, una izquierda más pro Estado y una derecha ligada a la iniciativa privada y pro mercado. Bajo esa clasificación, las personas se ubican en 4 posiciones políticas: los progresistas, los liberales bisagra, los conservadores pro-Estado y los conservadores pro-mercado. Los primeros son personas que adhieren a los cambios con base a criterios igualitarios y pro libertades personales. De éstos un 44% se define de izquierda y un 23% de centro. Los segundos (18%) comprendiendo a aquellos que se muestra favorables a las libertades, aunque con una adhesión al Estado de menor intensidad que los progresistas. Los conservadores pro-Estado (21%) muestran un bajo apoyo a las ideas liberales, sobre todo en el aspecto moral, pero adhieren a un Estado más activos en materia de focalización del gasto. El cuarto grupo (37%) son aquellos que se pronuncian de un modo conservador en material morales, en clara oposición al mundo progresista, y liberales en materia económica con un Estado reducido o mínimo.
En síntesis, hay una crisis del sistema de partidos, más no de posiciones políticas. La clave está en examinar si el sistema de partidos actual podrán reconfigurarse, si se producirá un reemplazo de actores en las posiciones políticas o un ensamblaje entre ambos puntos.
La clave constitucional: los temas de la discusión constitucional. La segunda lectura del 78/78 es la significación desde la perspectiva constitucional, cuestión que no se puede desligar de lo anterior.
La personas quieren una nueva Constitución. Esto tiene dos miradas. La primera, como esperanza y la voluntad de cambio. La encuesta Data Influye de 30 del octubre mostró que el proceso constituyente representa principalmente para las personas esperanza (17%), cambios (13%), incertidumbre (11%), paz-tranquilidad (6%) y mejor país (6%) en los primeros lugares. La segunda mirada se refiere a la idea misma de nueva Constitución, concurriendo en ella la necesidad de contar con una Constitución distinta a la actual.
Para entender de qué trata la nueva Constitución en el ideario de las personas nos parecen claves los resultados de los Encuentros Locales Auto-convocados del proceso participativo constitucional 2016 (el más importante a nivel mundial hasta ahora y recomendado por la OCDE). Estos afirman que la nueva Constitución no es una pulsión irracional. La etapa participativa dio cuenta que los principales valores (7) de las personas en materia constitucional eran la justicia, la democracia, la igualdad, la descentralización, el bien común/comunidad y el respeto. En materia de derechos (7) se encuentra la educación, la salud, la igualdad ante la ley, la vida, la vivienda digna, la seguridad social y el respeto a la naturaleza/medio ambiente. En materia de deberes comprendió la protección de los derechos humanos, la protección de la naturaleza, el respeto a la Constitución, la protección del patrimonio histórico y cultura, el respeto al derecho de los otros, el cumplimiento de las leyes, el ejercicio legitimo y no abusivo de los derechos. En cuanto a las instituciones del Estado se priorizó los plebiscitos, referendos y consultas ciudadanas, el Congreso o parlamento, el defensor del pueblo/ciudadano, el poder judicial, las fuerzas armadas, el gobierno regional y el régimen político o de gobierno.
Tales resultados se cruzan con los que muestran las encuestas. La encuesta CEP de diciembre de 2019 identificó como los principales problemas que el gobierno debería enfrentar (7) a pensiones, salud, educación, sueldos, delincuencia, corrupción y desigualdad. Junto con ello, el 46% afirma que nuestra democracia funciona regular, el 27% muy mal y sólo el 19% cree que funciona bien o muy bien. Las instituciones con menos confianza son los partidos políticos (2%), el Congreso (3%), el Gobierno (5%). ¿Pulso irracional o adolescente?.
Así, podemos sostener que hablar de nueva Constitución significa hablar de un texto distinto al actual y que refleje las nuevas realidades y escenarios sociales, como también la necesidad de pensar en rediseños institucionales. El estallido social y la pandemia han sido expresión concreta y reflejo de esta afirmación. Hay un diagnóstico más o menos común que el estallido se funda o fue expresión de la desigualdad que, con o sin conocimiento, fuimos edificando. La búsqueda de significado a la nueva Constitución conlleva, necesariamente, pensar en fórmulas institucionales para la corrección de esas desigualdades sociales.
En este camino, junto a un grupo de académicos y expertos en políticas públicas hemos publicado el libro “7 propuestas para la nueva Constitución de Chile” (Editorial USACH), que presenta lo que a nuestro juicio serán los 7 macro-temas de la discusión constitucional que se inicia.
El primero de los temas a abordar es la necesidad de dejar atrás el Estado subsidiario, cuyo motor de todas las soluciones -incluidas las sociales- es el actor privado con base a la oferta y la demanda, dejándole al Estado una intervención mínima o residual; y avanzar hacia uno en «perspectiva social», sostenido en los criterios de redistribución y solidaridad en materia de derechos sociales. Si el problema de Chile es la desigualdad, la Constitución debe disponer de un modelo que permita corregirlas.
El segundo tema es la reforma al régimen político presidencial. Debemos avanzar hacia una fórmula que reduzca el poder al Presidente y lo equilibre con el Legislativo de forma colaborativa, todo ello, con legitimidad ciudadana por medio de la participación pública. Propone, entre otras cuestiones, un Congreso unicameral, la posibilidad del Presidente de disolver el Congreso por una sola vez durante su mandato y la facultad del nuevo Congreso electo de censurar al Presidente, mayor iniciativa legislativa para el Parlamento o que los congresistas puedan ser ministros. Junto con ello se proponen instrumentos de participación de la ciudadanía.
El tercer punto son los derechos fundamentales. Se requiere un nuevo paradigma, en el marco de un Estado social y democrático de derechos, ello, con exigibilidad universal de los derechos, haciendo hincapié en los derechos sociales como también en nuevos derechos, tales como derechos de igualdad entre hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vivienda, la protección de la naturaleza como derecho y valor transversal, entre otros. Esto, creemos se debe dar en equilibrio y ponderación con los derechos económicos hoy sobre-ideologizados en la actual Constitución.
El cuarto planteamiento tiene que ver con una deuda histórica del Estado de Chile y referida al reconocimiento, por primera vez, de los pueblos indígenas en la Constitución. Tenemos como desafíos pendientes la plurinacionalidad, el reconocimiento de los territorios y los recursos; el promover una mayor participación de mujeres indígenas en la institucionalidad estatal o en espacios de decisión y la representación política de los pueblos.
El quinto elemento de la discusión que viene es la incorporación de participación ciudadana y los mecanismos de democracia directa, tales como los plebiscitos, la iniciativa popular de ley y las consultas populares, señalando que son claves en las democracias actuales en cuanto permiten legitimar las decisiones de las autoridades y recuperar la confianza en las instituciones democráticas, haciendo parte a la ciudadanía del juego político.
El sexo tema afirma la idea de un Estado unitario descentralizado que signifique una distribución del poder efectivo, con capacidad de decisión e infraestructura institucional para ello, desde el nivel nacional hacia lo subnacional (regiones, provincias, comunas). Esto involucra una descentralización fiscal y política efectiva; dotar a los municipios de atribuciones y funciones de gobierno local y así dejar atrás el carácter meramente administrativo que establece la constitución y las leyes, descentralizar el capital humano y la creación de agencias regionales para las políticas públicas subnacionales.
Finalmente, y vinculado a los temas anteriores, es el rol Tribunal Constitucional. Se requiere repensar la justicia constitucional, por medio de una mayor participación del Congreso en Nombramientos y audiencias públicas para todos los nombramientos del Tribunal Constitucional, limitando el control que realiza el Tribunal durante la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso sólo a temas de procedimiento y quórum de las leyes, entre otras temas.
En definitiva, el camino que sigue entre el 25 de octubre y el próximo 11 de abril es un camino que requiere realizar un esfuerzo en entender y ensamblar lo que pasa con la política, el itinerario constitucional y la aspiraciones de la ciudadanía. La nueva Constitución sólo será tal si cuenta con legitimidad ciudadana, si el resultado del proceso permite leer correctamente el nuevo Chile. Esto nos obligará a evitar la cultura tan propia de algunos sectores políticos tradicionales donde la mentalidad de veto, por un lado, y la necesidad de imponer su agenda programática sin atenuaciones por otro, parecen ser en estos días la única forma de entender la política y que nos ha llevado a un sistema trabado y bloqueado y con decepción ciudadana.
