Opinión
Ir contra la pobreza no depende de estrategias focalizadas, sino universales. El fenómeno presenta gradientes mundiales de complejidad, con fuertes contradicciones y grietas en las posibilidades efectivas de erradicación. No redunda únicamente en factores materiales carenciados sino también políticos, históricos, ambientales y culturales, atravesados por graves calamidades producidas de formas naturales y antrópicas, marcando un panorama divergente entre países del Norte y del Sur, por lo cual ONU plantea que si todos los países ricos destinaran el 1% de sus ingresos a combatir pobreza, se resolvería en menos de 20 años.
Según Cepal, entre 2015 y 2019 en América Latina, la tasa general de pobreza, medida solo por ingresos, se mantuvo sobre el 30%, mientras la pobreza extrema siguió aumentando más allá del 10% de la población. Sin embargo, el informe “Panorama Social de A. L. 2020” muestra que, con la pandemia COVID-19, hubo un impacto radicalmente negativo en empleo, participación laboral y desigualdad social, llegando a niveles que no se observaban desde 2012 en el continente, estancándose la baja en el índice Gini.
En Chile, pese a ser el segundo país menos afectado de la región, según Casen (2020), la pobreza por ingresos subió al 10,8%, con una pobreza extrema de 4,3%. Esto es, más de dos puntos porcentuales que en 2017. Eso se agudiza en términos de desigualdad, puesto que solo el 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza nacional, mientras que el 50% de las familias mayormente desfavorecidas apenas logran el 2,1%.
Erradicar la pobreza es condición sine qua non para la sostenibilidad del desarrollo. Así como este es multidimensional, la pobreza es heterogénea y afecta diferencialmente a los segmentos poblacionales, por lo que enfrentarla implica promoción, fortalecimiento y acompañamiento, no solo asistencia y subsidiados. Es un llamado a intensificar medidas para conseguir los Objetivos del Milenio (2030), mitigando brechas territoriales e invirtiendo fuertemente en regiones y localidades más vulnerables, para idear planes íntegros de inclusión y equidad.
Las soluciones han de ser integrales, lo que supone potenciar capitales y activos de los territorios locales, regionales y nacionales, para expandir oportunidades humanas e impactar positivamente en las trayectorias de desarrollo. Se requiere estrecha colaboración entre sector productivo, científico-tecnológico, gubernamental y sociedad civil, sin perder de vista la evolución y dinámica poblacional (por edad, sexo, género, distribución espacial, cambios demográficos y especificidades sectoriales) que existen y existirán en los distintos niveles territoriales. La clave no está en el mercado sino en un Estado capaz de incentivar mayor responsabilidad ético-social y garantizar una base razonable de bienestar, asentado en el respeto a la dignidad y diversidades, mejores políticas públicas, mayor protección social, reinvención cultural e ideológica, resguardo al bien vivir y la vida buena.
* Víctor R. Yáñez Pereira, vicedecano de Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Director del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IDSS), Universidad Autónoma de Chile, sede Talca
