Prioridades, retrocesos y ausencias en el programa agrícola del Presidente Boric

Pese a que la agricultura aporta alrededor del 4% del PIB a la economía del país, es un hecho que la agenda agrícola no tuvo un lugar destacado en los programas de gobierno de los distintos candidatos en la última elección presidencial. El propio programa de gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, reconoce que “los espacios rurales han estado prácticamente ausentes de las prioridades de la mayoría de las candidaturas y del debate público. Sin embargo, a pesar de estar durante tanto tiempo invisibilizados, nuestro propósito es recuperarlos, a través de propuestas con una mirada innovadora sobre agricultura, pesca y desarrollo rural”.

Durante las últimas décadas, con el Estado ejerciendo un rol eminentemente subsidiario dentro de la economía, el proceso de internacionalización del sector agrícola y generación de valor en los últimos treinta años ha sido apoyado por medio de políticas dirigidas a resolver ciertas brechas en los ámbitos productivos, de inversión, de conocimiento y de participación, particularmente por parte de la agricultura familiar campesina. Estos apoyos han sido implementados a través de una batería de instrumentos orientados hacia la demanda y con énfasis en eficiencia de asignación de recursos. Ejemplos de ello son leyes destinadas a la inversión en recursos hídricos y al fomento forestal; así como a la implementación de fondos concursables en innovación, investigación sectorial, y promoción de las exportaciones.

Otro grupo de políticas agrícolas sectoriales han sido focalizadas desde la óptica de la compensación a sectores que, producto de la modernización y apertura de mercados, han sido menormente beneficiados. Un ejemplo de ello corresponde a los recursos del Programa de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), o la significativa inversión en la agricultura familiar, y la entrega de créditos especiales. 

Finalmente, un tercer grupo de políticas se ha concentrado en mantener y certificar las condiciones sanitarias de la producción de alimentos, sobre todo aquella destinada a la exportación, de manera de asegurar e incrementar el acceso a los mercados externos. En esta labor también se han generado políticas consistentes en mantener el bajo nivel de plagas y enfermedades de vegetales y animales en el país, como instrumentos de competitividad del sector.

En este contexto, resulta oportuno hacer una revisión de las dos versiones del programa agrícola que el Presidente electo, Gabriel Boric, le ofreció a la ciudadanía, lo que nos permite, por una parte, identificar aquellos compromisos programáticos que el Gobierno entrante considera prioritarios de impulsar durante los próximos cuatro años de mandato, pero, al mismo tiempo, también nos da luces respecto de otros temas no menos relevantes que sorprendentemente no figuran en el programa de gobierno, en ninguna de sus versiones, no obstante ser parte de aquello que podríamos denominar “la agenda histórica” y también “la agenda de futuro” del Ministerio de Agricultura. Por último, resulta igualmente desalentador que un par de compromisos importantes, que figuraban en la primera versión del programa de gobierno, hayan desaparecido en la versión definitiva, retroceso que resulta preocupante por las razones que explicaremos. Veamos.

Entre los compromisos agrícolas más relevantes del nuevo programa de gobierno, figura la Reformulación participativa de la institucionalidad de Agricultura y Pesca, compromiso que ya ha sido parte de las agendas de gobiernos anteriores y que hasta la fecha ha experimentado nulo avance, no solo por la envergadura y complejidad de un cambio institucional que implicaría trasladar las “instituciones pesqueras” desde el ámbito del Ministerio de Economía al alero del Ministerio de Agricultura, sino también por la férrea oposición que los grupos de interés han manifestado durante la tramitación legislativa. Frente a esta realidad, creemos que antes que embarcarse en un cambio institucional de elevada complejidad e incierto destino, que podría terminar consumiendo las energías políticas de las autoridades sectoriales del próximo Gobierno, resulta de mayor urgencia resolver las graves deficiencias instituciones de organismos dependientes, como el Servicio Agrícola y Ganadero, cuya capacidad y voluntad fiscalizadoras se han ido deteriorando con el paso del tiempo. 

También es parte de la agenda programática del Gobierno entrante la propuesta de una Ley de protección de semillas ancestrales y patrimonio genético, temas respecto de los cuales se ha intentado sin éxito legislar desde los años 90, estando hasta ahora nuestros recursos genéticos en la más completa indefensión, pues los distintos gobiernos no solo han sido incapaces de dotarse de una legislación interna que proteja nuestro patrimonio genético, sino que tampoco han tenido la voluntad para ratificar los instrumentos internacionales sobre la materia (Protocolo de Nagoya y Protocolo de Cartagena).

Otro compromiso relevante está referido a la Reformulación de la actual Política de Desarrollo Rural, política recién aprobada durante 2020 luego de un trabajo participativo de más de una década e impulsado por gobiernos de distintas orientaciones políticas. Por lo mismo, pareciera conveniente, antes de entrar a reformular una política recién aprobada y escasamente aplicada, ponerla en práctica para poder identificar durante el proceso de funcionamiento, cuáles son sus fortalezas, vacíos y debilidades.

En el ámbito forestal, el programa de gobierno propone Modificaciones a la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y la derogación del Decreto Ley 701, sobre fomento forestal. Más allá de la necesaria revisión de estos dos cuerpos legales, es necesario que el Gobierno entrante le otorgue la máxima importancia al sector forestal, partiendo por el despliegue en todos sus aspectos de la Política Forestal 2015-2035, y se comprometa en un masivo plan de reforestación, a fin de restaurar nuestro maltratado bosque nativo. 

Lo que resulta preocupante, sin embargo, son los retrocesos que se advierten entre la versión original del programa de gobierno y la versión definitiva, pues desaparecen tres compromisos de gran relevancia y largamente postergados.

En efecto, en la versión original se contemplaba el compromiso relativo al Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, tema de larga data en la agenda agrícola nacional, al punto que desde 2011 se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley (Boletín 7976-13) que busca regular un tema de especial relevancia en momentos de aguda falta de mano de obra en el ámbito agrícola. Igualmente, desaparece de la versión definitiva el compromiso de Promover y fortalecer la legislación que disminuye y fiscaliza la parcelación y avance inmobiliario e industrial a los sectores rurales, considerando el bienestar de los ecosistemas. Nos parece que este es un retroceso mayor y de graves consecuencias, pues el creciente fenómeno especulativo de las parcelaciones de suelo rústico con fines inmobiliarios, al amparo y mediante el uso fraudulento del Decreto Ley 3.516, de 1980, demuestra una vez más la escasa capacidad de fiscalización de las autoridades del Estado y, por tanto, la imposibilidad de hacer frente a este negociado que está destruyendo importantes zonas de suelo agrícola del país. Por tanto, resulta urgente impulsar la modificación del Decreto Ley 3.516, existiendo a este respecto una moción parlamentaria en actual trámite legislativo en la Comisión de Agricultura del Senado (Boletín 12.757-01).

Además, desaparece de la oferta programática del Gobierno entrante aquel referido a la Creación de un Servicio Nacional Forestal público, que reemplazaría a la actual Corporación Nacional Forestal (Conaf). Desde sus inicios la Conaf ha sido una anomalía jurídica e institucional que ha causado controversia en el ámbito de la Administración del Estado, por tratarse de una corporación de derecho privado a la cual sucesivamente se le ha entregado el ejercicio de potestades públicas en el ámbito de los recursos forestales. De ahí que a lo largo de los años ha habido varios intentos legislativos por transformar esta corporación de derecho privado en un servicio público creado por ley, por lo cual no se advierten las razones para excluirlo del programa definitivo. Sin ser un tema fácil de abordar, habida cuenta de las resistencias funcionarias, debiera perseverarse en la adecuación institucional de Conaf.

Y, finalmente, una referencia a las ausencias programáticas. No hay una sola mención en el programa de gobierno a la necesidad de contar a la brevedad con una Ley general de protección de suelos. Las pérdidas anuales de suelo hacia el mar alcanzan millones de toneladas por erosión. La expansión agrícola sobre áreas con pendientes, principalmente en la zona centro-sur, ha incrementado la erosión de los suelos. En ocho ciudades de Chile central, un total de 32.486 hectáreas han sido selladas bajo cemento. Estos factores, entre otros, llevan a la “extinción del suelo”, componente crítico de los ecosistemas, que no se renueva a escala humana. Se requiere con urgencia una legislación que regule las actividades humanas que afectan los suelos, para así mantener sus funciones ecosistémicas. 

Tampoco se contempla, en un país que pretende jugar en las grandes ligas de las potencias agroalimentarias, la creación como servicio público de la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) como entidad responsable de la gestión de las políticas de inocuidad alimentaria, incluyendo la evaluación de riesgos de los asuntos más relevantes, entidad que desde 2005 viene funcionando como una mera comisión asesora. Para los países que son los mercados de destino de nuestros productos agrícolas de exportación, resulta relevante el estatus político-administrativo que detente el organismo encargado de fiscalizar la inocuidad de la producción agropecuaria.

Hay otro conjunto de materias esenciales, también ausentes en el programa o insuficientemente desarrolladas, que serán determinantes para el desarrollo de la agricultura del futuro y respecto de las cuales el Gobierno entrante tendrá que considerar en una eventual actualización de su agenda agrícola, tales como los desafíos que plantea el cambio climático y su impacto en la actividad agrícola que está afectando severamente a nuestro país; la crisis hídrica y la sequía estructural que afecta a nuestro territorio; los desafíos de las innovaciones tecnológicas y la agricultura de precisión; la gestión laboral y la calificación de la fuerza de trabajo, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, etcétera.

Los programas de gobierno son una mera hoja de ruta. No se escriben en piedra ni son inmutables, por lo cual el Gobierno del Presidente electo tiene el legítimo derecho a hacer las adecuaciones que las circunstancias y coyunturas políticas, económicas y sociales le aconsejen en cada etapa de su mandato. Lo que sí resulta claro es que, si el próximo Gobierno quiere dejar alguna huella en este ámbito, tendrá que elegir qué batallas quiera dar, habida consideración de lo absurdamente breve del periodo presidencial y el nuevo y fragmentado mapa parlamentario que se inaugura en marzo próximo.