Opinión
Crédito: Agencia Uno
La Convención Constitucional ya ha definido que Chile será un Estado plurinacional, ecológico, regional y con una democracia paritaria. Estas transformaciones institucionales que están concebidas para profundizar la democracia, requieren de mayores especificaciones para asegurar su aplicabilidad en el tiempo, además de una base institucional sólida que permita su concretización en un ambiente de paz, estabilidad y cohesión social.
El acuerdo, al que se llegó hace algunos días entre las fuerzas de izquierda y centroizquierda dentro de la Convención Constitucional, avanza en la línea de establecer un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Sin embargo, al ser sometido al escrutinio público la propuesta ha recibido fundadas críticas desde la academia y autoridades.
Por una parte, contiene elementos que representan un importante avance del sistema democrático chileno, considerando aspectos como la iniciativa popular de ley, la eliminación de los quórum supra-mayoritarios y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Congreso de Diputados y Diputadas.
Por otra parte, a pesar de esos avances, la propuesta tiene la debilidad de concentrar excesivas atribuciones en el llamado “Congreso de Diputadas y Diputados”, lo que podría llevarnos al escenario de un presidente autócrata con poderes ilimitados con sólo tener mayoría en el Congreso. Por ejemplo, se podría pensar en el poder ilimitado que tendría Bolsonaro o Trump con mayoría en la primera Cámara.
Estas críticas han sido acompañadas y respaldadas por importantes instituciones como la Fundación Max Planck, quienes han advertido sobre la importancia de darle mayores atribuciones a la Cámaras de las Regiones puesto que, de lo contrario, se corre el riesgo de generar una segunda cámara irrelevante. Ello además de avanzar en ciertos incentivos para asegurar la concreción de un nuevo sistema presidencial atenuado.
En suma, el acuerdo de la comisión de Sistema Político, va en la línea de muchas constituciones latinoamericanas adoptadas en las últimas décadas que robustecen la participación ciudadana. Pero aún enfrenta, entre otros desafíos, el de dotar de mayores poderes a la segunda Cámara, lo que permitirá generar contrapesos a la presidencia y entregará una representación real a los territorios y las regiones.
La buena noticia es que aún queda tiempo y espacio para alcanzar un acuerdo responsable con el país, su historia republicana y las necesidades de cambio. Es de esperar, en línea con recomendaciones de destacados académicos como Roberto Gargarella (“La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)) o el Profesor Rüdiger Wolfrum, director honorario de la Fundación Max Planck, que una nueva Constitución no sólo asegure un robustecimiento de la protección de los derechos fundamentales, sino que también genere un sistema que limite la excesiva concentración de poderes en las manos del Ejecutivo y avance en los objetivos de empoderamiento de los territorios y descentralización efectiva para el país.
