El empedrado y el ministro Jaime de Aguirre

Gran parte del ethos fundacional de la actual generación política que dirige el Gobierno surgió haciendo patente una separación valórica respecto de la clase dirigente previa. Esa casta política de la transición que terminó cuestionada y derrotada por sus oscuros vínculos financieros con empresarios ligados a los sectores más conservadores del país. El propio Giorgio Jackson, en un acto de sinceramiento, ya siendo ministro Secretario General de la Presidencia, reiteró que esa diferencia moral respecto de la Concertación y Nueva Mayoría era una línea clave en el nuevo gobierno. Declaración del líder RD que no gustó en sus aliados momentáneos y que le costó la salida del Comité Político.

¿Cómo se explica hoy esa “doctrina” generacional con la designación de Jaime de Aguirre Höffa en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, implicado, entre otras cosas, en la emisión de millonarias facturas ideológicamente falsas cuando dirigía Chilevisión? No hay duda de que la respuesta está en manos del Presidente Gabriel Boric, sin embargo, el análisis de fondo y forma no termina ahí.

De Aguirre, justamente, operó de manera nítida en los casos de financiamiento ilegal de la política, como se ha divulgado en detalle por estos días. Hechos de corrupción política que fueron impugnados como discurso fundante en el relato del Frente Amplio para marcar sus diferencias con predecesores. Antecedente inmediato del estallido social de 2019 que apuntó al desprestigio de la clase política y la corrupción en las instituciones públicas y privadas.

A mayor profundidad, el hoy ministro de las Culturas… emitió en 2010, desde la Sociedad de Inversiones La Música, facturas falsas en su condición de director ejecutivo de Chilevisión a las empresas Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera y Asesorías Ilihue. Pagos de ocho facturas por $146 millones que correspondían a bonos de gestión por sus servicios en la estación televisiva y en ningún caso a labores ligadas a las empresas pagadoras. Los fondos provenían de los aportes de grandes empresas a la campaña presidencial de Sebastián Piñera 2009.

Si bien las facturas falsas de Jaime de Aguirre aparecieron en la investigación inicial de la Fiscalía –instancia donde confesó sus actos ilícitos–, lo cierto es que, al igual que la mayoría de otros casos, su delito terminó archivado y sin castigo judicial tras un acuerdo político bajo cuerda entre el Gobierno de Bachelet y la derecha, que impidió las querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII), como también los avances en la investigación del Ministerio Público. La prescripción salvó a políticos y también benefició al actual ministro de las Culturas. El ejecutivo de TV solo fue despedido en 2015 de Time Wagner por vulnerar los preceptos éticos de la compañía internacional. Hasta hoy se desconocen detalles de las transacciones y tráfico de información sensible entre De Aguirre y el equipo de confianza de Piñera y Bancard.

En abril de 2016, De Aguirre reapareció como Director de Programación en Canal 13, con escasos éxitos. En paralelo, poco se sabe cuál fue su participación a través de una sociedad con una reconocida productora en la licitación para adjudicarse la propiedad de UCTV-TV. Su oferta no ganó la compra de la estación porteña, no obstante, a fines de 2016, una vez que Ricardo Solari nombró a De Aguirre como director ejecutivo de TVN (antes fue su director de Programación, entre 1991 y 2002), la misma productora audiovisual se habría adjudicado un millonario contrato para la generación de programas en la estación pública. Ningún organismo fiscalizador advirtió este acuerdo.

De Aguirre reapareció en TVN en medio de la grave crisis financiera del canal público, que debió ser auxiliado con un millonario préstamo del Estado. Mientras ejercía su cargo, diputados de derecha filtraron su singular contrato, lo que más tarde provocó su salida. A principios de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó en 50 UF a Ricardo Solari tras comprobar que, como Presidente del Directorio de TVN, firmó con De Aguirre un contrato y cláusulas sin el conocimiento del directorio de la empresa, como lo ordena la Ley 17.132, que rige al canal del Estado. El acuerdo Solari-De Aguirre establecía bonos por cumplimiento de metas, viajes al extranjero en clase ejecutiva y pago de indemnización especial en caso de fin de contrato. Bajo su dirección, en 2017, TVN registró pérdidas por $8.980 millones y en 2018 otros $9.922 millones.

Hoy llega al Ministerio de las Culturas con la justificación pública de corregir las deficiencias de gestión de la anterior ministra, Julieta Brodsky. Aunque para su cargo abundan nombres con mejor currículum y sin manchas éticas ni judiciales, no hay duda de que De Aguirre fue fichado para tranquilizar a la derecha y bajar toda tensión pública a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, usando el estilo y el manual de enjuague político aplicado durante la transición de los 90.

En privado, la militancia partidaria del gobierno, como también sus dirigentes –salvo Daniel Jadue–, reconocen que fue un error su nombramiento. Nadie se atreve a hacer públicas sus críticas por el miedo atávico a favorecer a la oposición y para evitar daños a la Presidencia en el inicio de su segundo año. Prefieren “comerse el sapo”. Autocensura que también abunda en el mundo cultural, en el cual no convence la nominación del ejecutivo de TV por el perfil comercial y su escasa relación con las problemáticas del siempre postergado ámbito de la creación artística. A la vez, pocos profesionales de las comunicaciones que poseen información “sensible” sobre De Aguirre han hecho público su desacuerdo con la nominación; la mayoría por temor a efectos laborales prefiere el silencio.

Tras el rechazo en el Congreso del proyecto de reforma tributaria, el diagnóstico de La Moneda apuntó a la necesidad de ampliar la base política del Gobierno y a sumar mayorías para revertir la derrota, como también remediar la seguidilla de errores y malas decisiones desde su instalación. ¿Cuántos de estos objetivos se cumplen con el fichaje de Jaime de Aguirre? La realidad dirá si la pragmática que busca impedir profundizar la crisis interna entre aliados tuvo efectividad táctica en el Gobierno (darle más cuotas de poder al PPD y PS), a costa de sepultar los principios éticos del FA y renegar de la superioridad moral a la que apeló Jackson. Si ya se hizo vista gorda con un protagonista en las facturas falsas a SQM, es posible preguntarse qué más vendrá si el Gobierno no repunta luego de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre 2022, el actual complejo escenario económico y bajo apoyo ciudadano. ¿Por qué a favor de De Aguirre se apela al himno del No y su rol en TV y, al mismo tiempo, se baja el perfil a sus actos ilícitos y al descontento de los actores de la cultura? ¿Qué programa y Gobierno que se dice transformador incorpora a su gabinete a un ministro vinculado a un caso escandaloso de corrupción, uno de los mayores argumentos de la ciudadanía en contra el mundo político? El guión está en desarrollo.

“No hay que echarle la culpa al empedrado”, afirmó el Presidente en el último cambio de gabinete para argumentar el nombramiento de sus nuevos ministros. El problema no está ahí, sino con quiénes se decide transitar el empedrado.