Confluencia progresista

Habiendo transcurrido el primer año de gestión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se hace necesario reflexionar respecto de la condición en que se encuentran las fuerzas políticas progresistas y su futuro.

Es un hecho cierto que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 reconfiguró el rumbo del actual Gobierno, marcando un hito en la correlación de fuerzas al interior de él, pero significó también agregar nuevos elementos al análisis con que ciertos sectores tendieron a evaluar la transición chilena a la democracia y los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

Pues, dentro de un sector de las fuerzas de izquierda, y con mayor fuerza a partir de las movilizaciones de 2011, una discusión que se había dado a fines de la década del noventa (autocomplacientes versus autoflagelantes) se reeditó, pero esta vez con el agregado adicional de que era otra generación la que interpelaba los términos políticos, éticos y estéticos de la transición. Esta impugnación, que contenía también un fuerte componente de recambio generacional, canalizó la demanda social por renovación política, encumbrando al entonces diputado Gabriel Boric como candidato presidencial, quien, ante la sorprendente irrupción en primera vuelta del ultraderechista José Antonio Kast, se vio obligado a efectuar un giro estratégico en su discurso, convocando a una amplia base social y política, lo que finalmente le permitió ser electo como Presidente de Chile con la mayor votación popular de nuestra historia.

Pero el 62% que rechazó el texto constitucional fue entendido por aquellos dirigentes y militantes de los partidos de la ex Concertación que estuvieron por la opción del Rechazo, como una suerte de revancha, interpretando dicho resultado como una reivindicación de la política de los acuerdos y, aún más, como una añoranza hacia las políticas implementadas durante los gobiernos de la extinta Concertación.

Por desgracia, los partidos políticos en general, y los progresistas en particular, desde hace décadas han renunciado a la reflexión crítica como ejercicio para entender y adaptarse a la realidad contemporánea. Pues, más allá de algunas excepciones, la ausencia de debate de ideas y la incapacidad de desarrollar diagnósticos sobre la base de evidencias, ha imposibilitado que los partidos se aboquen a desarrollar discusiones de cierta profundidad analítica y, por sobre todo, intelectualmente honestas, primando más bien la lógica del poder y del rédito grupal.

Ni la caricatura de los 30 años es cierta, así como tampoco lo es el que la sociedad chilena esté ávida de la política de los noventa y crea que la solución a sus problemas cotidianos pase por revivir los consensos, que, por lo demás, más que una definición voluntaria de la Concertación, fue la única alternativa razonable que en su momento se implementó para poder gobernar un país en que el comandante en Jefe del Ejército seguía siendo Pinochet.

Lo que demuestra la evidencia de prácticamente todos los estudios de opinión es que, más que una sociedad dividida o polarizada, lo que tenemos desde hace décadas es una sociedad crítica y desconfiada con nuestra democracia, destacándose una mala percepción de los partidos políticos como instrumentos adecuados de intermediación y representación entre la ciudadanía y el Estado, cuestión que es sumamente peligrosa, ya que estos son insustituibles en todo sistema democrático.

A ello se suma un sistema de partidos en exceso atomizado, con 18 partidos políticos legalmente constituidos, todos con escasa representatividad real y sin incentivos a la disciplina y responsabilidad programática, lo que hace que desde hace más de una década se haya hecho extremadamente difícil lograr niveles aceptables de gobernabilidad.

En paralelo, tenemos un proceso constitucional en desarrollo que concita poco y nada de interés en la ciudadanía, la cual, tras el fracaso del proceso anterior, siente que la política y los políticos no resuelven sus problemas cotidianos, batiéndose en pugnas muchas veces un tanto frívolas en donde prima la lógica de la derrota al adversario por sobre la del bien común.

Ante este cuadro, e independientemente de los cambios que la nueva Constitución introduzca tanto al sistema político como al de partidos, si los partidos del progresismo aspiran a constituirse en una alternativa de gobierno que esté por sobre el carisma circunstancial que un determinado líder les brinde, deben hacer esfuerzos reales por converger hacia la unidad, cualquiera sea la fórmula y el mecanismo que permitan arribar a dicho objetivo.

Ante el descrédito de los partidos políticos, la alternativa que conforman las opciones populistas es cada vez más atractiva, haciendo inconducente la estéril discusión entre quienes, por un lado, denigran a los anteriores gobiernos de centroizquierda queriéndose erguir en moralmente superiores, y quienes, por el otro, apelan a fórmulas identitarias excluyentes aspirando a resucitar partidos sobre la base de la reedición de fórmulas y alianzas pretéritas superadas por la realidad, lo que, finalmente, solo contribuye a la dispersión de fuerzas, derivando en el fortalecimiento de los sectores conservadores refractarios a los cambios, y las alternativas populistas.

De esta forma, la oportunidad que se abre tras el aprendizaje de este primer año de Gobierno por la generación que llegó al poder, es la de rearticular una amplia alianza progresista, un “Frente Progresista”, que sea capaz de hacer confluir desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, dándole gobernabilidad a la gestión actual sobre la base de una agenda acotada y realista de reformas, y en el futuro, conformando un dique de contención política tanto a la extrema derecha como a los populismos. Para ello, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, sin duda alguna el hito político social más traumático de los últimos años, puede constituirse en el marco de reflexión adecuado que permita avanzar hacia esta necesaria confluencia.